La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado radicó este martes un proyecto de ley para eliminar, de forma prospectiva, el derecho a escoltas a exfuncionarios, incluyendo exgobernadores, una vez culminen su término.

“Tras la extensión del derecho a recibir servicios particulares de escolta, seguridad y protección a una exgobernadora que resultó culpable de actos de corrupción en el foro federal... resurge entre la ciudadanía el interés de que la Asamblea Legislativa dé por terminado el despilfarro innecesario de fondos del erario a través de esa práctica”, lee la legislación.

La radicación surgió a 24 horas de que el superintendente de la Policía, Joseph González, anunciara que no podía retirarle la escolta a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, pese a haberse declarado culpable en el Tribunal Federal en San Juan. La determinación surgió luego de un análisis legal de los estatutos vigentes, indicó el titular.

González sostuvo que, para retirar el servicio, tiene que mediar “la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable únicamente de forma prospectiva”.

La portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago, indicó que el proyecto eliminaría de forma prospectiva las escoltas. No obstante, añadieron una cláusula para que, de manera inmediata, se pueda eliminar dicho servicio a los exgobernantes que hayan sido encontrados culpables de aquellos delitos que, según la Constitución, pueden ser causa para el residenciamiento.

Asimismo, se incluyeron los delitos vinculados con el ejercicio del cargo, como fue el caso de Vázquez Garced. Entre estos, están los delitos de traición, soborno y cualquiera menos grave que implique depravación.

La medida dispone excepciones en aquellas instancias donde medie un peligro a la vida o seguridad del exfuncionario, o donde exista prueba que permita concluir “razonablemente” que su vida o seguridad, así como la de su familia, podría estar en riesgo.

El portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, anticipó que estaría uniéndose a la legislación del PIP como coautor. “Envié a revisar la legislación con los asesores de mi oficina, pero mi inclinación es mañana mismo (miércoles) firmar mi coautoría. El tema de las escoltas es uno que el país no patrocina en estos momentos”, expuso.

Dijo que espera que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) esté abierta a la discusión. “La delegación tiene, una vez más, una oportunidad de demostrar que son diferentes. Yo me sentí decepcionado cuando colgaron la medida para investigar el PRITS (Puerto Rico Innovation and Technology Service), así que creo que ahora tienen un segundo turno al bate para demostrar que son diferentes”, expresó Hernández.

También este martes, el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, le cursó una carta a González solicitándole copia del análisis realizado por la División Legal de la Policía que concluyó que estaban impedidos de retirarle el servicio a Vázquez Garced.

Además, le solicitó un listado de todos los funcionarios de la Rama Ejecutiva que hayan solicitado escoltas personales desde el 2 de enero de 2025 hasta el presente, así como los nombres de aquellos a quienes se les haya aprobado el servicio, incluyendo la fecha de aprobación y la cantidad de agentes asignados.

“El pueblo tiene derecho a conocer bajo qué justificación legal se mantiene este servicio, y a quiénes se les otorga escoltas en el gobierno. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales, son un deber del Estado”, expresó Ferrer Santiago.

Vázquez Garced se declaró culpable, en agosto pasado, por un cargo criminal tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal. Aceptó que incurrió en delito al aceptar una promesa de contribución política de parte del banquero Julio Herrera Velutini, en 2020.