Un grupo de ciudadanos radicó hoy múltiples recursos legales en el Tribunal de San Juan para obtener información de la nómina de las oficinas legislativas de los penepés José “Memo” González Mercado y Maricarmen Mas Rodríguez.

Los ciudadanos, según indicaron a El Nuevo Día, iniciaron el proceso de solicitud de información a la Cámara de manera escrita, pero el cuerpo legislativo no contestó. La Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, dispone que los Oficiales de Información de una entidad gubernamental deberán producir cualquier información pública para su inspección, reproducción o ambos, a petición de cualquier solicitante, en un término no mayor de 10 días laborables. El término se extenderá a 15 días si tiene que intervenir una oficina regional.

Sin embargo, la Ley 141-2019 también dispone que no será información pública “los expedientes de personal o cualquier información de esta índole”. Falta por determinarse si dentro de ese lenguaje el tribunal ubica los salarios de empleados o las facturas presentadas por contratistas.

La Ley 141-2019 establece que cualquier ciudadano al que se le niegue la información solicitada podrá pedir el auxilio del tribunal mediante lo que se conoce como un Recurso Especial de Revisión Judicial ante el Tribunal de Primera Instancia.

Por ejemplo, Juan Torres Montalvo, aspirante al Distrito 14 (Arecibo y Hatillo) acompañó hoy a varios ciudadanos al Tribunal de San Juan quienes presentaron recursos para obtener información de la oficina de González Mercado.

“Queremos conocer en qué se invierte cada peso de las contribuciones que se aportan. El Representante actual se está dando buena vida y no vemos los contratos, no sabemos a quién contrata. No conocemos a los contratistas”, dijo Torres Montalvo, omitiendo el hecho de que los contratos que se otorgan en las oficinas legislativas se consiguen en la página de internet de la oficina del Contralor de Puerto Rico.

Lo que no está al alcance del público son las facturas y tampoco los salarios de los empleados. En el 2019, El Nuevo Día reveló que la esposa del exsecretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, tuvo contratos de asesoría por $100 la hora en la oficina de González. Una novia de González trabajó con Rolón en Corrección y Rehabilitación.

“Queremos conocer los sueldos de los empleados y lo que ganan los contratistas de este señor”, insistió Torres Montalvo.

Uno de los ciudadanos que demandó a la Cámara lo fue el licenciado Gonzalo Iguina Mella, quien es miembro del Comité de Recaudaciones de la campaña de Torres Montalvo. En su misiva a la Cámara que, según dijo, no fue contestada luego de ser enviada el 18 de septiembre, el abogado solicita una lista de los proveedores de servicios contratados por la Cámara, las horas facturadas por estos, si rinden servicios directos o a través de una compañía, la lista de personas contratadas por servicios profesionales en la oficina de González Mercado y lo salarios y aumentos autorizados.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, firmó el 15 de septiembre una Orden Administrativa que adopta el lenguaje de la Ley 141-2019 sobre los expedientes de personal y también consigna en el documento las tarifas a ser cobradas, también al amparo de la Ley 141-2019, por la entrega de ciertos documentos. Ayer trascendió que Méndez se arrepintió de firmar el documento, pero que no lo dejará sin efecto.

En el caso de Mas Rodríguez, El Nuevo Día reveló en días recientes que una empleada suya llegó a ganar entre julio y diciembre de 2017 un total de $8,000 mensuales. Hoy, cuatro ciudadanos del Distrito 19 de San Germán y Mayagüez presentarán recursos en el tribunal para solicitar información sobre la nómina de Mas Rodríguez, tanto en su oficina del Capitolio como de la oficina de distrito, explicó su retadora popular en la elección general, Jocelyne Rodríguez.

“Ellos (los ciudadanos demandantes) lo que pretenden es buscar transparencia y entienden que se les ha faltado el respeto negándosele información que es pública”, dijo Rodríguez a El Nuevo Día.

Este diario supo que un grupo de ciudadanos demandaría a la Cámara para obtener información de la oficina del representante penepé Pedro Julio “Pellé” Santiago, pero finalmente no lo hicieron.