Al 30 de septiembre, LUMA Energy, operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica, mantenía 302,923 solicitudes de servicio “por ser atendidas” para situaciones como fluctuaciones de voltaje, líneas en el suelo, poda de vegetación o cambio de alumbrado público, entre otras.

“Este número es un acumulado que LUMA tiene desde el 2021”, indicó el vicepresidente de Asuntos Externos del consorcio, Michael Juarbe, alegando que, al asumir la operación de la red, heredaron más de 350,000 solicitudes de servicio presentadas ante la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

No detalló, sin embargo, cuántas de las solicitudes pendientes son de los tiempos de la AEE y, de haber algunas, por qué no se han resuelto. “Se ha ido trabajando y reduciendo este acumulado, pero cada mes entran más querellas... o sea, estas 302,000 son el acumulado desde que LUMA entró”, acentuó, durante una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes.

En la audiencia, Juarbe ni los demás portavoces de LUMA que acudieron presentaron cifras actualizadas sobre las reclamaciones presentadas por daños a electrodomésticos ocasionados por fallas eléctricas, pero confirmaron, como en instancias previas, que ninguna ha prosperado.

“Si son reclamaciones por daños a enseres por fluctuaciones de voltaje o interrupciones de servicio, nos cubre el ‘waiver’ (relevo) y no hay ninguna de las querellas pagas”, indicó, por su parte, Rebeca Maldonado, directora de Asuntos de Gobierno del consorcio.

En mayo, durante otra vista pública de la misma comisión cameral, LUMA informó que había recibido 1,828 reclamaciones por daños a electrodomésticos, ninguna de las cuales había sido compensada. El consorcio se ampara en un relevo que, a su juicio, los libera de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual frente a los clientes por estos daños.

El relevo dispone que el cliente puede recibir compensación solo por “daños directos” a la persona o propiedad. “La persona tiene que presentar toda la documentación para poder evaluar (la querella). Si la causa es fluctuaciones de voltaje o interrupción de servicio, está cubierto por el ‘waiver’”, insistió Maldonado.

“Esto penaliza doblemente al cliente que no va a poder obtener la reclamación por los enseres dañados y tuvo que incurrir en unos gastos para un peritaje específico... Me parece que es crear una falsa expectativa entre los clientes para que, al final, les digan que no”, reaccionó, por su parte, la representante Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño.

En agosto, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, demandó a LUMA para que se elimine el relevo de responsabilidad que posee cuando se trata de daños por enseres. La titular sostiene que el relevo es contrario a derecho.

“Dicho relevo, a juicio de este Departamento, carece de base legal y contraviene la política pública de protección al consumidor y los principios constitucionales de rendición de cuentas y separación de poderes”, afirmó Rodríguez Erazo, durante la audiencia, presidida por el representante Edgar Robles Rivera.

A pesar de que la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) ha perdido jurisdicción sobre entidades privadas como LUMA, el pasado año fiscal, reportó 1,808 casos presentados por clientes del consorcio.

Mientras, entre el 1 de julio y el 3 de noviembre, los casos totalizan 661, indicó el procurador Edwin García Feliciano. “Esto proyecta que este año se van a superar los 2,000 casos de gente que, aún a pesar de que le hemos dicho que no tenemos jurisdicción, comoquiera nos llama porque lo peor es dejar desprovisto de información al ciudadano”, declaró.

Las reclamaciones relacionadas con LUMA van desde el reemplazo de postes, transferencia de deudas, créditos, mantenimiento de servidumbre y omisión de subsidios, entre otras.

Desde la aprobación de la Ley 57- 2014, el Ombudsman, según García Feliciano, ha ido perdiendo jurisdicción en asuntos relacionados con el sector energético, incluyendo casos de suspensión de servicios bajo la Ley 33-1985 y situaciones de facturación excesiva.

Ante eso, indicó que la Legislatura debe evaluar los recursos asignados al Ombudsman, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y DACO en vías de garantizarle al cliente una representación “mucho más robusta” para atender este y otros asuntos. “Sé que hay pocos recursos para todo el mundo, pero me parece a mí que, como cuestión de política pública, el gobierno de Puerto Rico no debe ser tacaño a la hora de asignar los recursos económicos”, subrayó.

El pasado año fiscal, el Ombudsman –que cuenta con 15 investigadores– atendió 30,000 casos de diversos temas. “A la hora de solicitar presupuesto, no necesariamente vemos en reciprocidad que a esta y otras agencias que tienen que ver con el ciudadano, que es lo más importante que tiene el gobierno, se le asigne el presupuesto requerido”, apuntó.