El presidente del Negociado de Energía (NEPR), Edison Avilés Deliz, afirmó este jueves que -de ser necesario- el organismo estaría capacitado para liderar un nuevo proceso competitivo para asegurar los 800 megavatios (MW) de generación eléctrica temporal, una vez se cierre por completo la licitación que resultó en la polémica contratación de Power Expectations.

Como primer paso, dijo Avilés Deliz, el NEPR está a la espera de que LUMA Energy certifique si el sistema eléctrico todavía requiere la inyección de 800 MW de generación adicional, aunque anticipó que, basándose en los datos operacionales actuales, es “altamente probable” que el operador ratifique esa necesidad.

“Cuando venga eso, si no se ha conseguido la generación y se cierra este proceso, pues sacaríamos una orden iniciando un nuevo proceso para conseguir los 800 megavatios”, indicó Avilés Deliz tras participar de una audiencia pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés.

Avilés Deliz explicó durante la audiencia pública que, bajo ese escenario, el NEPR lideraría el proceso “conjuntamente” con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), siempre y cuando no se identifique un posible conflicto de interés.

Anteriormente, el NEPR ha supervisado licitaciones –de la mano de un “coordinador independiente”– para la contratación de proyectos de energía renovable.

La semana pasada y tras días en la palestra pública, la AEE anunció la terminación del contrato de generación de energía temporal que le hubiera dado a Puerto Rico unos 400 MW de capacidad para compensar las deficiencias de la flota generatriz del Estado. El acuerdo se había suscrito en junio con el consorcio de Power Expectations, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor Group.

El contrato, valorado en $5,887 millones, está bajo investigación de las autoridades porque ERock Inc., la matriz de Enchanted Rock, asegura que el nombre y la firma de la compañía fueron utilizados en el acuerdo sin autorización.

En una entrevista previa con este medio, Avilés Deliz rechazó que el organismo fuera negligente en el seguimiento al acuerdo de generación temporal con la compañía Power Expectations tras aprobar el borrador en diciembre de 2025, al sostener que, a lo largo de los siguientes meses, la transacción quedó bajo la jurisdicción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

A preguntas de los legisladores, Avilés Deliz explicó que el NEPR no intervino en el acuerdo de generación temporal y que desde un inicio se contempló la posible participación de New Fortress Energy, empresa matriz de Genera PR, administrador de la flota de generación eléctrica, lo que hubiera representado un conflicto de interés. Es entonces, cuando se activa a la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

“Si no hay la posibilidad de un conflictos de interés, le ordenamos a la AEE o a la AAPP que lo lleve a cabo (un nuevo proceso de contratación) bajo el Reglamento 8815 y ya, sale la figura del 3PPO”, explicó Avilés Deliz.

Agregó que, como parte del proceso vigente, el NEPR, por disposición de ley, evaluó el contrato desde el punto de vista de cumplimiento con la política pública energética y de que el costo de venta de energía fuera prudente y razonable. Asimismo, el funcionario indicó que el ente regulador recomendó que se “indagara” la posibilidad de extender el acuerdo a diez años, en lugar de la versión original de tres años, propuesta que finalmente fue acogida.

Avilés Deliz, de otra parte, anunció el inicio de una investigación para esclarecer el estado de siete de catorce unidades de respuesta rápida (“peakers”) que se encuentran fuera de servicio. La pesquisa evaluará el uso de los $17 millones anuales asignados a Genera PR para el mantenimiento y operación del equipo.

“Estamos comenzando una investigación y en el proceso de emitir unas órdenes con un sinnúmero de preguntas para tener claro qué fue lo que pasó. Queremos saber cómo se utilizaron esos $17 millones, si se hizo la evaluación dentro del año, dónde está ese informe, y qué arreglaron y qué no arreglaron”, expresó.

“Nos están diciendo que (siete) están fuera de servicio por largo tiempo y que alegadamente es por falta de presupuesto. Todo eso hay que analizarlo. Para darle mantenimiento a esos ‘peakers’, desde el principio... se le asignaron $17 millones”, dijo Avilés Deliz.

Iván Báez, portavoz de Genera PR, indicó que: “No vamos a abundar. Vamos a responder responsablemente a cualquier requerimiento de información del NEPR”.

El jueves, precisamente, Genera PR acudió al Tribunal de Apelaciones con un recurso de revisión del presupuesto que el NEPR le asignó, en abril pasado, hasta el año fiscal 2027-2028. De acuerdo con Genera PR en el proceso de revisión tarifaria que establece el presupuesto, el NEPR ignoró el récord y basó sus recortes a las partidas operacionales en la premisa de que se accederá a fondos federales que no están garantizados.

Las 14 unidades de respuesta rápida ubicadas en las centrales de Palo Seco y San Juan fueron instaladas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tras el azote del huracán Fiona. En 2024, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias asignó a la AEE los fondos para adquirir las máquinas, que desde entonces han continuado siendo operadas por Genera PR.

“Es un hecho que tenemos siete de 14 unidades fuera de servicio cuanto tienen $17 millones para mantenimiento”, subrayó Avilés Deliz. “Se supone que, si tú le das mantenimiento a unas máquinas como Dios manda, son demasiado nuevas para que se dañen siete de 14 ”, agregó.

“Esto es un escándalo”, opinó Parés.

El reportero Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.