Desde febrero de 2022, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha acumulado $53 millones por concepto de multas no pagadas emitidas a conductores por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000), confirmó este jueves el secretario asociado de la agencia, Marcos García, durante una vista pública sobre un proyecto de ley que otorgaría una nueva amnistía.

Ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, García admitió que la cifra de $53 millones podría ser mucho mayor, pues no incluye multas emitidas por todos los conceptos permitidos en la Ley 22. “Queda un por ciento que no está incluido”, dijo, al sostener que la estadística implica 129,000 boletos sin pagar.

De hecho, un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), publicado en 2023 como parte de la evaluación de otra medida, recogió que, entre 2022 y 2023, el DTOP acumuló $277.2 millones por concepto de multas de tránsito no pagadas y recargos.

Actualmente, está en discusión el Proyecto de la Cámara 602, que otorgaría un descuento de 35% a los conductores que paguen la totalidad de sus boletos por faltas administrativas a la Ley 22. Asimismo, condonaría el pago de intereses, recargos y penalidades, explicó el representante José Hernández Concepción, del Partido Nuevo Progresista y autor de la medida.

Durante la amnistía más reciente, en 2019, se recaudaron $44.5 millones y se beneficiaron 152,000 personas. “Para efectos prácticos, esto es importante... estos proyectos que tienen que ver con amnistía se tienen que trabajar con calma para que lleguen a un feliz término”, expuso el legislador, durante la vista.

En tanto, García, aunque emitió una opinión favorable sobre el proyecto, sugirió que se aclare el lenguaje en cuanto a la cantidad del descuento para quienes se acojan a un plan de pago, y que cualquier persona que se acoja a una rebaja por multas de AutoExpreso tendría que cumplir con el pago del peaje adeudado.

El DTOP, según García, recauda anualmente entre $80 millones y $90 millones por concepto del pago de multas.

“Esto es de suma importancia, ya que la Autoridad de Carreteras y Transportación tiene ciertas obligaciones con los concesionarios que operan las autopistas de peaje”, expuso, al agregar la necesidad de definir también el tiempo de duración de la amnistía.

Por su parte, Luis Roberto Rivera Cruz, director de Asuntos Intergubernamentales de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), advirtió que la legislación, según redactada, incumple con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Recordó que, según la ley Promesa, toda medida con impacto sobre los recaudos del gobierno tiene estar acompañada de un “riguroso” análisis económico.

“El Plan Fiscal certificado exige que toda ley que potencialmente afecte los recaudos contributivos o el Fondo General deberá cumplir con el principio de neutralidad fiscal. Específicamente, dicho principio exige que toda reducción en ingreso debe estar acompañada por medidas que aumenten los recaudos o reduzcan el gasto presupuestario en igual proporción”, detalló Rivera Cruz.

Al respecto, Hernández Concepción replicó que dicho análisis ya le fue solicitado a la OPAL.

“Cualquier cambio en el sistema de penalidades y recaudos de tránsito requiere un balance entre la necesidad de aliviar cargas económicas a los ciudadanos y la función disuasiva de las sanciones administrativas, ya que altera las condiciones económicas bajo las cuales el gobierno y entidades privadas contratadas recaudan por servicios relacionados al cumplimiento de normas de tránsito y orden público”, reiteró el funcionario de la Aafaf.

Para el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras, aunque el proyecto, en efecto, tiene un impacto fiscal, logra un recaudo inmediato en favor de las arcas del gobierno. “Tenemos una serie de personas, conductores, que no tienen su licencia vigente, y eso sí es un problema que también afecta el plan fiscal”, argumentó.

“Me parece que la medida es mucho más importante que lo que nos puede costar en el momento, porque nos está costando diariamente a través de conductores que tienen un accidente y el Estado tiene que asumir esos gastos”, aseveró el legislador, del Partido Popular Democrático.