José Luis Dalmau le pedirá una reunión al nuevo director ejecutivo de la Junta Fiscal tan pronto asuma el cargo en enero.
José Luis Dalmau le pedirá una reunión al nuevo director ejecutivo de la Junta Fiscal tan pronto asuma el cargo en enero. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Tras la designación de Robert F. Mujica como director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anticipó que esperará a enero para reunirse con el actual jefe de presupuesto del estado de Nueva York.

Enseguida entre en vigor su nombramiento, me gustaría podernos reunir. Voy a ser quien dé el primer paso para comunicarme con él y establecer las vías de comunicación”, dijo Dalmau a El Nuevo Día, al asegurar que siempre mantuvo abiertos canales de diálogo con la ex directora ejecutiva Natalie Jaresko, quien renunció a la JSF en abril pasado.

No obstante, Dalmau reiteró que espera que el “apego” que Mujica, como descendiente de puertorriqueños, pueda sentir hacia el archipiélago haga más “efectiva” su comunicación con los líderes electos. En el pasado proceso presupuestario, por ejemplo, la JSF aprobó su propia versión de gastos, luego de que la Legislatura incumpliera con el plazo que concedió el organismo para presentar su propuesta.

Tras la salida de Jaresko, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, ha deplorado que el liderato legislativo se había quedado sin un “interlocutor” en la JSF con el cual intercambiar ideas y obtener un cuadro claro de las posturas del ente que controla las finanzas públicas del país. Sin embargo, Dalmau sostuvo que la comunicación siempre ha estado presente a través del abogado general de la JSF, Jaime El Koury, quien ha realizado algunas de las funciones que solía desempeñar Jaresko.

“No tengo quejas de la comunicación. Sí hemos tenido diferencias; la Junta tiene una postura, nosotros tenemos otra, y ahí viene la conversación, el diálogo para tratar de armonizar. Lo más difícil de esto fue aprobar un plan de ajuste”, dijo, en referencia a la reestructuración de obligaciones del gobierno central. Dalmau indicó que, tan pronto Mujica entre en funciones, le hará saber su posición en torno a la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que, para enero, pudiera estar en etapa de litigio.

¿Piensa que Mujica tendrá más apertura a las prioridades legislativas en la confección del presupuesto?, se le preguntó.

“Él tiene un rol de fiscalización y de control de gastos porque estamos en una reestructuración y una reconstrucción de Puerto Rico, es un rol importante. Yo confío que esa comunicación efectiva nos permita mejorar aún más esa relación que tenemos con la Junta”, dijo el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD). Ayer, Hernández no estuvo disponible para entrevista.

De otra parte, Dalmau censuró que tanto la JSF como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) concluyeran que una resolución conjunta recién aprobada en la Legislatura, que busca posponer por 12 meses el cobro de cualquier aumento en las facturas de agua y luz, así como para impedir incrementos en los peajes por ese periodo, viole los planes fiscales certificados.

“El plan fiscal le dice al gobierno: ‘hasta aquí puedes gastar y esto es lo que puedes usar’, y se basa en la realidad que tenemos hoy. La legislación que el gobierno no quiere aprobar es para que no sigan aumentando. El plan fiscal no permite que le aumentes el salario a los empleados públicos, pero permite que las agencias, en este caso privadas, como energía eléctrica y los peajes sí puedan aumentar. Entonces, no es buen plan (fiscal) ese tampoco”, argumentó Dalmau.

El miércoles en la noche, el director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero, se había hecho eco de una carta que envió la JSF al gobernador Pedro Pierluisi y los líderes legislativos, al plantear que la resolución conjunta “reduciría los ingresos proyectados” de la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al tiempo que “aparenta ser contraria” al Plan de Ajuste y el Plan Fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

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