Aunque extrañan sus respectivas familias, si tuvieran que escoger, estos entrevistados prefieren estar presos en Puerto Rico que en las cárceles de sus países.
El PS 437, de los senadores Gretchen Hau, Joanne Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves y William Villafañe no recibió un solo voto en contra al ser aprobado en el Senado el 4 de octubre.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Orlando Aponte Rosario, realizará al menos una vista pública para atender un proyecto de ley aprobado en el Senado que reduce los términos para que convictos de todo tipo de delito puedan cualificar para los de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).

No obstante, reconoció que si bien puede simpatizar con el Proyecto del Senado 437, e incluso dijo ayer que el martes fue “bombardeado” en su oficina a través de llamadas telefónicas de parientes de confinados solicitando que se dé paso a la medida, también sabe que la pieza legislativa tendrá sus detractores, incluyendo el Departamento de Justicia al tratarse de una pieza legislativa con aplicación retroactiva.

El PS 437, de los senadores Gretchen Hau, Joanne Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves y William Villafañe no recibió un solo voto en contra al ser aprobado en el Senado el 4 de octubre.

El proyecto de ley, por un lado, dispone que cuando una persona cumpla más de una sentencia consecutiva, se utilizará para calcular si ya cualifica para los servicios de la JLBP el término de la sentencia mayor.

El Departamento de Justicia consignó su oposición a esa sección de la medida al señalar que el lenguaje derrota el propósito de las sentencias consecutivas.

“No avalamos el lenguaje con respecto a que las personas que son convictas a cumplir sentencias consecutivas por varios delitos tengan que cumplir solamente con el término concerniente a la pena mayor recibida por alguno de estos delitos. Consideramos que esta propuesta derrota el propósito de la sanción de consecutividad de las penas, y además incide con los componentes de proporcionalidad, naturaleza de los hechos, sanción, retribución a las víctimas y a la sociedad, entre otros elementos importantes dentro de la compleja maquinaria del ordenamiento penal”, lee parte de la ponencia de la agencia, reseñada en el informe positivo de la Comisión de lo Jurídico, presidida por Hau.

“Además, la enmienda pudiese tener el efecto de conceder impunidad en ciertos de delitos de interés público”, continúa el informe sobre la pieza legislativa.

Justicia también objeta la aplicación retroactiva del proyecto. La Sociedad para la Asistencia Legal favoreció la medida, al igual que la JLBP, que sí levantó la interrogante sobre si la propuesta ley tendría algún efecto en leyes especiales, como la Ley de Armas, que no contempla el beneficio de libertad bajo palabra.

El proyecto de ley establece que el efecto de la medida aplicaría “independientemente del Código Penal o Ley Especial vigente al momento de los hechos”.

La medida está fundamentada en que, en muchas ocasiones, una sentencia por asesinato en primer grado, que tiene una pena fija de 99 años, viene acompañada por otras sanciones carcelarias a ser cumplidas de manera consecutiva, lo que ha dado paso a sentencias de cientos de años.

En la Exposición de Motivos de la medida no se alude a la cantidad de confinados sentenciados por delitos como asesinato y tampoco se precisa cuántos de estos confinados cualificarían automáticamente para el beneficio de libertad bajo palabra si el proyecto fuera convertido en ley.

Por un lado, el proyecto reduce de 35 años a 25 años –y de 15 años a 10 años en el caso de menores sentenciados como adultos- el tiempo mínimo a cumplirse en la cárcel en caso de sentencias por asesinato en primer grado antes de cualificar para libertad bajo palabra. En delitos graves cuya sentencia fija sea de 50 años -como es el caso de asesinato en segundo grado-, el convicto podrá ser considerado para los beneficios de libertad bajo palabra tras cumplir 15 años en cárcel y no 20 años como se dispone actualmente. En el caso de menores sentenciados como adultos, se reduce esa cantidad de 10 años a cinco años.

Los criterios utilizados por la JLBP para conceder el privilegio de libertad bajo palabra no son modificados en la medida y son los siguientes: la naturaleza y circunstancias del delito o delitos, las veces que el convicto haya sido convicto o sentenciado, una relación de liquidación de la sentencia o sentencias que cumple el confinado, la totalidad del expediente penal, social y los informes médicos e informes de salud mental, el historial de ajuste institucional, el historial social y psicológico del confinado, el historial médico y psiquiátrico del confinado, la edad del confinado, los tratamientos para condiciones de salud que reciba el confinado, la opinión de la víctima o víctimas, planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudios y trabajo del confinado, lugar en el que piensa residir el confinado y la actitud de dicha comunidad.

Aponte Rosario indicó que ayer precisamente estaba discutiendo el proyecto de ley con el personal de su comisión y repasaron las entidades a las que les solicitarán ponencias, como Justicia, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y la JLBP. Aponte Rosario, de hecho, es coautor junto al independentista Denis Márquez y al penepé José Enrique Meléndez del Proyecto de la Cámara 467, que persigue el mismo fin que el PS 437, pero limitado a casos de menores.

Esa medida también tendría aplicación retroactiva. El PC 467 no ha sido atendido en la Comisión de lo Jurídico del Senado.

“Yo lo puedo ver con buenos ojos. Siempre he tenido un enfoque de rehabilitación, quiero lo más justo y quiero darle oportunidades a personas que ya han cumplido con la sociedad”, dijo Aponte Rosario al referirse al PS 437. “No vamos a acabar la criminalidad con sentencias más severas y ese siempre ha sido mi enfoque. Creo que el Estado tiene un deber, una responsabilidad de rehabilitar a las personas y no creo que si cometes una falta debemos botar la llave y ya. Ahora hay que esperar como 50 años para cualificar para libertad bajo palabra. No es que los convictos ahora salen a la calle, es que pueden solicitar a la JLBPR un poco antes”, indicó el legislador de primer turno.

Aponte Rosario describió, por un lado, el proyecto del Senado como “superior” en el contexto de que abarca a más personas, mientras que el proyecto de la Cámara es más “conservador” y solo beneficia a menores. “Pero sí podría tener más opositores”, dijo al referirse al proyecto del Senado. “Cuando afecta a más personas e intereses, habrá más opositores y eso se refleja en los votos... cuando hay más personas oponiéndose a un proyecto, como es el del Senado al ser más abarcador, más representantes podrían abstenerse de votar a favor”.

El PC 467 fue aprobado unánimemente en la Cámara y Aponte Rosario reconoció que pudiera tener más posibilidades de ser convertido en ley. Uno de los argumentos de expertos en conducta humana señalaron en la vista de la medida que las personas tardan en desarrollar el cerebro hasta luego de alcanzar la adultez y que un menor que comete un delito no necesariamente tiene la capacidad de comprender el alcance y las consecuencias de sus actos.

“En la Cámara no había gran oposición, pero voy a darle el espacio a las partes involucradas. Lo más probable es que el proyecto del Senado se apruebe en comisión y sea votado en el pleno, pero en la medida en que Justicia se oponga y quizás otros grupos se opongan”, dijo Aponte Rosario.

Por su parte, Márquez indicó a El Nuevo Día que él favorece cualquier proyecto que le brinde oportunidades a ciudadanos de tener acceso a mecanismos de rehabilitación y que amplíe derechos, aunque señaló que hay particularidades en los casos de menores.

“La forma de atender a los menores tiene la particularidad de dos criterios: la formación mental del menor, que es el criterio número uno y que si eso no se toma en consideración se podría tratar de un castigo cruel e inusitado y por eso legislamos de manera especial con los menores. Al tener un poco de experiencia ya en la Legislatura y conozco el diagrama de esta Legislatura, sé que es más difícil aprobar en este momento una combinación de mayores y menores cuando pienso que hay mayores argumentos para menores. En la Cámara ese proyecto (el PC 467) pasó unánime y hay más posibilidad de que se pueda convertir en ley”.

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