Una de las enmiendas del proyecto 693 a última hora fue eliminar la opción de un parto inducido para los casos de violación, que había sido modificado en el debate de la Asamblea Legislativa.
Una de las enmiendas del proyecto 693 a última hora fue eliminar la opción de un parto inducido para los casos de violación, que había sido modificado en el debate de la Asamblea Legislativa. (David Villafañe Ramos)

Con 16 votos a favor, nueve en contra y uno abstenido, el Senado de Puerto Rico aprobó hoy, martes, el Proyecto 693—que pretende limitar las terminaciones de embarazo a partir de las 22 semanas de gestación—, luego de la celebración de cuatros vistas públicas, un informe positivo de la Comisión de Vida y Familia y otro en contra de la Comisión de Asuntos de Mujeres.

Una de las enmiendas del Proyecto 693 a última hora fue eliminar la opción de un parto inducido para los casos de violación, que había sido modificado en el debate de la Asamblea Legislativa.

“Asesinos son ustedes. En abortos clandestinos, las que mueren son mujeres”, gritaron mujeres que defienden el derecho a decidir luego de la votación.

Los nueve votos en contra fueron de Migdalia González Arroyo, Rosamar Trujillo Plumey, Elizabeth Rosa Vélez y Juan Zaragoza Gómez, del Partido Popular Democrático (PPD); Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño; el senador independiente José Vargas Vidot y el senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos.

En cambio, los senadores que votaron a favor fueron principalmente los siete autores de la medida: Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad; José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera, Albert Berrios, del PPD; Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme Cabrera, del PNP.

A este grupo, se le unieron los senadores novoprogresistas William Villafañe Ramos, Gregorio Matías Rosario, Marissa Jimenez Santoni, Migdalia Padilla Alvelo, Henry Neumann y Wanda Soto Tolentino. Asimismo, lo apoyaron los senadores populares Javier Aponte, Ada García Montes y Marially González Huertas.

Mientras, Nitza Morán Trinidad se abstuvo de votar y se ausentó de la votación la senadora Gretchen Hau.

En las vistas públicas, perinatólogos que atienden estos casos excepcionales, detallaron que la viabilidad de un feto es multifactorial y no depende solamente de un tiempo gestacional como da a entender la medida.

La medida tampoco analiza los efectos de los casos de incesto ni las violaciones de niñas o jóvenes menores de edad. La senadora González Arroyo relató un caso hipotética de una menor de 15 años que era violada por su padrastro y tuvo que sufrir la recomendación de que se le indujera un parto prematuro.

“Vamos a legislar además para poner en riesgo su vida y su salud para un aborto inseguro. Se asume en una desesperanza que nadie aquí sufrirá jamás. (…) Pongámosle el rostro de Yoanna (nombre ficticio) a nuestras hijas, nuestras nietas y solo entonces, votemos con nuestra conciencia en contra de este proyecto”, dijo González Arroyo en su turno, a quien Rosa Vélez le concedió su tiempo.

Las excepciones a las terminaciones de embarazo que incluye la medida enmendada son: “en protección de la vida de la madre por causa de emergencia médica, por anomalía fetal incompatible con la vida y por determinación médica de inviabilidad fetal”.

“Nosotras no somos quiénes para decidir quién vive y quién muere... Lo que dejará de existir es la opción de matar al bebé”, expresó Rodríguez Veve en su turno.

Con 118 páginas y fotografías de fetos desmembrados, el segundo informe positivo de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia también sostiene que se creará en registro que recopilará la información de los abortos a las 22 semanas, como la edad de la mujer embarazada, el método de aborto, la fecha y el lugar, entre otros datos.

En el informe positivo, la Comisión de Vida y Familia indicó sin embargo, que se elimina de la medida “toda mención en el proyecto a la creación de un registro y se aclara la información a solicitarse, eliminando que se aneje documento alguno en donde pueda identificarse a la madre, y aclarando que la información solicitada es para propósitos estadísticos exclusivamente, refiriéndole al Departamento de Salud la creación de un reglamento que preserve la confidencialidad de dicha información”.

“No pretendo imponer criterios de moralidad a nadie, pero creo que nadie me los debe imponer a mí. (...) Hay que asegurar que cada mujer tome su determinación y se realice en condiciones salubres y seguras. (...) Lo que decidamos hoy es lo que va a decidir el futuro de muchas, muchas mujeres”, expresó Santiago Negrón antes de la votación.

“Si Thomas Rivera Schatz, José Luis Dalmau y Joanne Rodríguez se creen que por los votos que los trajeron aquí tienen derecho sobre los cuerpos de las niñas, no lo tienen, ni sobre mi cuerpo ni sobre el de ninguna mujer”, sentenció Santiago.

Rivera Lassén indicó que la última versión del proyecto hace alusión a una tabla de nacimientos prematuros antes de las 28 semanas, pero no especifica cuántos de estos fetos sobrevivieron.

“(Esta legislación) es una regulación dirigida a los profesionales de la salud que brinden servicios de terminaciones de embarazos, a tal nivel que sería una carga indebida. ¿Quiénes va a ser criminalizados? Pues los médicos. (...) Pretende convertir al Departamento de Salud en un perseguidor de médicas y médicos”, expresó Rivera Lassén en su turno.

“Este no es un proyecto que nos debe situar entre aborto sí o aborto no. Este es un proyecto de derechos que nos acerca cada vez, paradójicamente al pasado, que nos acerca a lo que hemos superado , que le ha costado la vida a muchísimas personas”, sostuvo Vargas Vidot, quien presentó un informe de minoría en contra de la medida en el que argumentó que la pieza legislativa “es inconstitucional”.

El salubrista, único médico en el cuerpo de senadores, también dijo que la medida mantuvo, con enmiendas, el registro de información a ser recopiladas por todo centro o clínica de terminación de embarazo sin disponer de su confidencialidad. “Esto pudiera convertirse, al igual que la presunción anteriormente discutida, en una carga onerosa para las mujeres en ‘etapa de viabilidad’ como para aquellas que se encuentran previo a este término ya que puede desalentar a ejercerlo, al menos de forma legal y salubre”, reclamó Vargas Vidot.

“Recordemos que las clínicas existen para ofrecer un espacio seguro, saludable y accesible para ejercer un derecho reconocido. Otro aspecto que guarda silencio la medida sobre si cumple este registro con las leyes federales”, agregó.

El legislador argumentó que los abortos después de las 22 semanas de gestación “son casos extraordinarios”, que corresponden a un riesgo mayor de salud a la persona gestante o al feto. “Asumir que las mujeres y personas gestantes abortan en etapas de gestación más avanzadas por mera liberalidad es falso, y es una visión violenta hacia las mujeres y personas gestantes, que atenta contra sus derechos. No existe una falta de regulación sobre los procesos de terminación de embarazos en Puerto Rico, incluyendo aquellos en gestaciones de 22 semanas o más”, dijo para subrayar que en la Isla “no existe una crisis de abortos o terminaciones de embarazos”.

En las gradas, había tanto personas a favor de la medida con pañuelos azules y otros en contra con pañuelos verdes.

Durante las vistas celebradas hubo 23 memoriales en contra, incluidos el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia, entre otros. Asimismo, 21 memoriales fueron a favor de la medida.

Bernabe Riefkohl mencionó todas las organizaciones de profesionales de la salud que se oponen al proyecto. “¿Para qué hacemos vistas públicas y citamos a las organizaciones de salud que, unánimemente, están en contra del proyecto, si van a ignorar lo que dicen?”, cuestionó el senador.

“Vine al Senado a atender los problemas reales que afectan a los puertorriqueños diariamente. No vine a limitar derechos a la mujer ni a tomar decisiones desde el privilegio del mármol que afecten a los menos afortunados. Como padre de una hija, no creo que el estado deba inmiscuirse en las decisiones intimas y de salud de una mujer”, expresó el legislador popular Zaragoza Gómez.

Los periodistas Nydia Bauzá y Osman Pérez Méndez colaboraron en esta historia.

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