En la continua búsqueda de opciones para atender la crisis fiscal que atreviesan los municipios del país, el Senado aprobó este jueves la creación del “Fondo de Servicios Esenciales”, un pote a ser distribuido entre 38 pueblos que se nutriría de los sobrantes del presupuesto general del gobierno de Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 566, de la autoría del exalcalde de Comerío y ahora legislador, Josian Santiago, recibió 24 votos a favor y el voto en contra de la portavoz por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. Mientras, la senadora penepé Migdalia Padilla se abstuvo.

“No se trata meramente de un rescate financiero a los municipios. Yo aspiro, como debemos aspirar todos los puertorriqueños, a que todos los municipios puedan ser autosuficientes. Pero, mientras eso no se logre…tenemos que garantizar que las familias más vulnerables del país reciban servicios esenciales”, argumentó Santiago durante la presentación de la medida que sufrió innumerables enmiendas.

La aportación inicial al fondo -que comenzaría este próximo año fiscal y estaría vigente hasta el 2030- sería de $130.6 millones. Para el 2030, por ejemplo, la aportación alcanzaría los $144.7 millones.

Santiago indicó que el monto que recibirá cada municipio trimestralmente dependerá de diversos factores, como el total de personas beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la población del municipio por milla cuadrada y el presupuesto funcional per cápita de cada pueblo.

La cantidad para transferirse al fondo anualmente, asimismo, será determinada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). “El proyecto dispone que el dinero no podrá utilizarse en gastos relacionados con fiestas, festivales, asesores del alcalde, en fin, en una serie de gastos”, destacó Santiago.

Tampoco podrá usarse para pagar el salario de personal de confianza ni para la construcción de plazas ni monumentos.

La legislación, de hecho, dispone que para que los municipios accedan a los recursos tienen que remitir al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) un informe trimestral detallando el uso otorgado a los recursos recibidos. Si como parte del análisis se determina que el dinero no fue invertido correctamente, el CRIM tendrá la facultad para negar cualquier transferencia posterior.

De acuerdo al proyecto, 37 municipios están en una situación de insolvencia, pues su presupuesto operacioal dependía, en más de un 40%, del desaparecido Fondo de Equiparación. En particular, se trata de los municipios de Las Marías, Florida, Maricao, Comerío, Maunabo, Villalba, Adjuntas, Jayuya, Ciales, Guayanilla, Patillas, Guánica, Loíza, Arroyo, Corozal, Ceiba, Naguabo, Orocovis, Barranquitas, Utuado, Morovis, Lares, Aguas Buenas, Vieques, Sabana Grande, Quebradillas, Camuy, Salinas, Yabucoa, Aibonito, Culebra, Naranjito, Moca, Coamo, Lajas, Luquillo y Las Piedras.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo, por su parte, que no se trata solamente de identificar unos recursos y ponerlos a la disposición de los gobiernos municipales, sino de reconocer el rol cardinal que tienen en el quehacer cotidiano de la gente.

Sostuvo, además, que el “dilema” no puede ser dejar sobre la mesa el proyecto ante la posible oposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a su aprobación. Afirmó que el ente federal, contrario a lo que ha exigido, no ha mostrado disciplina fiscal.

“La Junta de Control Fiscal, desde que llegó, ha tenido una obstinación con eliminar municipios... y cómo no pudieron lograr legislación para eliminar municipios, pues, entonces, hay una operación sistemática de ir asfixiándolos quintándoles dinero, de tal forma que se tornan inoperantes”, denunció.

Añadió que “si la Junta dijera que no hay ese dinero, como ha dicho en otras ocasiones, bueno, pues, está en las manos de ellos la responsabilidad de que se va a quedar en Puerto Rico gente condenada, no tan solo a la miseria económica, sino a la ausencia total de servicios esenciales”.