El componente fiscal del gobierno afirmó este martes que la propuesta legislativa que el senador José A. “Josian” Santiago trabaja para atender la crisis fiscal a la que varios alcaldes se enfrentan, ante la eliminación del Fondo de Equiparación, incumple con los principios de “prudencia fiscal” y “prudencia presupuestaria”, así como con los lineamientos del Plan Fiscal certificado.

“Resulta necesario que toda medida legislativa esté predicada en una disponibilidad recurrente de recursos para evitar comprometer la estabilidad fiscal del gobierno central y los municipios”, señaló Orlando Rivera Berríos, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), tras presentar, ante el Senado, una ponencia que suscribió, además, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech.

Santiago propone, a través del Proyecto del Senado 566, la creación del Fondo de Servicios Esenciales y Responsabilidad Fiscal Municipal, un pote de cerca de $130 millones que se nutriría de 1% del presupuesto general estatal y que permitiría asistir a 37 municipios que, según el exalcalde de Comerío, están en una situación precaria.

Según la medida, el dinero provendría de sobrantes de las agencias al finalizar cada año fiscal, y la OGP sería la encargada de identificar las partidas. Santiago, del Partido Popular Democrático, sostiene que anualmente sobran poco más de $200 millones del presupuesto asignado al gobierno central.

De los 37 municipios, dijo el senador, 17 enfrentan una merma de 50% o más de su presupuesto con la eliminación del Fondo de Equiparación. Entre ellos están Las Marías, Maricao, Comerío, Maunabo, Villalba, Adjuntas y Florida.

Pese a los señalamientos, Santiago aseguró que su propuesta está alineada al Plan Fiscal certificado, en la medida que busca “garantizar servicios esenciales en lugares donde el gobierno no llega”.

Sostuvo que el Plan Fiscal, como fue certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establece, en la Sección 3.1.8, que el ente “es consciente de que algunos municipios, debido a su ubicación y tamaño, no tienen una capacidad de volverse financieramente autosuficiente” y, por lo mismo, que es “probable que se requiera asistencia continua del gobierno central”.

“Tenemos que buscar la forma de lograr que la Junta Fiscal vea que no estamos hablando de equiparación ni de subsidio, que hay una necesidad de la gente más vulnerable a la que tenemos que garantizarle un servicio y que los fondos hay que ponerlos donde mejor se pueda prestar un servicio”, expuso.

Reconoció, en tanto, que le “incomodaron” los señalamientos traídos por el equipo fiscal. Recalcó que su propuesta es “genuina”, y negó que fuera “irresponsable fiscalmente” y que “no tenga una prudencia presupuestaria”. “Preferiría retirar una expresión como esa de la mesa para que trabajáramos en conjunto, hágaselo saber al señor Domenech”, expuso, en referencia al jefe de la Aafaf.

Al respecto, el licenciado Luis Roberto Rivera Cruz, asesor ejecutivo sénior de la Aafaf, respondió que el planteamiento fue estrictamente fiscal y no iba dirigido a la figura del senador. “En ningún momento, la intención de los comentarios fue al individuo, sino a la estructura”, señaló.

En la vista, el equipo fiscal insistió en que la administración de Jenniffer González maneja diversas propuestas para “evitar el colapso económico” de los pueblos en mayor situación de vulnerabilidad. Para ello, trabajan en la creación del Plan de Reestructuración Fiscal y Operacional Municipal, y de la Oficina para el Fortalecimiento y Asistencia Municipal.

Ninguna de estas medidas, sin embargo, serán viables al 1 de julio, admitieron a preguntas de Santiago, aunque recalcaron que trabajan en otros “salvavidas” con la JSF, como la asignación de una partida de $125 millones en el presupuesto para el próximo año fiscal 2025-2026.

“Recomendamos que medidas como la propuesta se atiendan dentro del contexto de las propuestas de desarrollo y fortalecimiento que trabaja nuestra administración, para que sean consideradas de forma integrada y holística y siguiendo nuestro programa de gobierno”, expuso el jefe de la OGP en su ponencia.

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua, propuso que, contrario a lo que establece el proyecto, la asistencia no se limite a unos municipios en específico.

“No podemos recomendar que se limite específicamente a un número de municipios en particular, y sugerimos utilizar parámetros específicos para identificar las limitaciones de recursos en los municipios que permitan la selección de manera objetiva en la participación de este fondo”, expuso Paniagua ante la Comisión senatorial de Asuntos Municipales.

Asimismo, sugirió que la distribución del dinero, una vez identificados los parámetros, se haga a través de lo dispuesto en el Artículo 7.019 del Código Municipal, que faculta a la Junta de Gobierno del CRIM a establecer la fórmula de repartición. Dicha fórmula, a través de la cual se distribuía el Fondo de Equiparación, utiliza como criterios el total de personas beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la población del municipio por milla cuadrada y el presupuesto funcional per cápita de cada pueblo, entre otros.

“La aplicación de dicha metodología deberá beneficiar a aquellos municipios que reciben el menor ingreso por contribución sobre la propiedad y otras fuentes, así como los municipios con el mayor número de dependientes del PAN”, declaró.