La licenciada Frances Collazo Cáceres, asesora legal de la Asociación Pro Bienestar de las Familias (ProFamilias).
La licenciada Frances Collazo Cáceres, asesora legal de la Asociación Pro Bienestar de las Familias (ProFamilias). (Ramón “Tonito” Zayas)

Las organizaciones feministas Taller Salud, Proyecto Matria y Profamilias advirtieron este jueves que los cuatro proyectos de ley para restringir el aborto en la isla, que están bajo consideración en la Cámara de Representantes, provocarían un colapso mayor en los servicios médicos que reciben las mujeres en Puerto Rico, la mayoría bajo el umbral de pobreza o en vulnerabilidad al ser víctimas de violencia de género.

Cuatro de los proyectos que discutimos hoy pretenden quitar de las manos de las mujeres el poder de tomar decisiones sobre sus cuerpos y no proponen alternativas reales que eviten el sufrimiento y la pobreza que acompañan maternidades no deseadas o no viables”, defendió Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, en la tercera vista pública sobre cinco medidas relacionadas al aborto en la Cámara.

Por otra parte, las deponentes apoyaron el Proyecto de la Cámara 1403 para garantizar como política pública el acceso a servicios relacionados a la salud reproductiva, así como lo hicieron en la segunda vista pública los departamentos de Justicia y Salud en sus respectivas ponencias. Las dependencias gubernamentales también habían rechazado las otras cuatro medidas que, en contraste, restringirían el aborto o hasta lo prohibirían.

Pagán Jiménez indicó que llevan más de dos décadas atestiguando el impacto emocional, físico, económico y social de ser madres “en un país donde no hay sistemas de apoyo”, “no hay educación sexual accesible para las niñas y mujeres” ni “un acceso real a métodos anticonceptivos”.

Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las medidas antiaborto en discusión en la Comisión de lo Jurídico son el Proyecto del Senado 693, para restringir el aborto a las 22 semanas; Proyecto de la Cámara 1084, para prohibirlo desde el latido del corazón; Proyecto de la Cámara 715, que entre sus disposiciones define el “concebido no nacido”; y el Proyecto de la Cámara 1410, para llevar a un referéndum la decisión de prohibirlo o garantizarlo.

La imposición de obstáculos significativos que proponen la mayoría de las medidas legislativas ante su consideración, violentan el derecho a la intimidad, obstaculizan el acceso a la salud integral durante el embarazo y restringen el acceso a un servicio esencial de salud, sin presentar un solo criterio de salud pública que las respalde”, estableció la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez.

La salubrista insistió en que restringir derechos no beneficia “en nada” a las más de 630,000 puertorriqueñas en edad reproductiva en Puerto Rico. Además, aseguró que el marco de legalidad y regulación existente “le ha permitido a nuestro país tener cero mortalidad materna con respecto a los procedimientos de aborto”.

Presentó el ejemplo de varias situaciones de puertorriqueñas con falta de acceso médico en el archipiélago como “una mujer de Vieques debe tomar el ferry, y de Ceiba a San Juan recorrer al menos 78 km (kilómetros) adicionales para llegar a una clínica de terminación de embarazos. Desde Hormigueros, debe recorrer al menos 174 km, desde Adjuntas 123 km y desde Loíza al menos 28 km”.

Indicó que los proyectos 693 y 1084 “no visibilizan ni consideran a las personas embarazadas en situaciones de violencia de género como la violencia sexual y el incesto”.

“Como proveedoras de servicios hacia las mujeres afectadas por estas violencias hacemos un llamado al estado a priorizar sus necesidades y garantizar sus derechos. Sobre el proyecto 715 queremos expresar que esta medida no tiene el efecto de traer justicia para las víctimas de violencia de género. En todo caso, busca promover la idea de que el ‘nasciturus’ es un sujeto jurídico y no responde a las necesidades de las mujeres y personas sobrevivientes de violencia de género”, explicó Rosario Méndez.

Asimismo, Pagán Jiménez señaló que el 68% de las familias lideradas por mujeres viven bajo el umbral de pobreza y advirtió sobre los efectos de la violencia de género en las puertorriqueñas, en especial cuando las personas agresoras coaccionan las decisiones de salud reproductiva de las víctimas como no tener acceso a un aborto seguro.

Restringir un servicio de salud, criminalizarlo y controlar el criterio médico a través de legislación provocaría un colapso mayor de servicios que afectarían de manera desigual a las mujeres. El Estado tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros para las mujeres sobre todo servicios de vivienda, salud, educación, seguridad alimentaria, acceso al trabajo y otros. Es por ello que en Puerto Rico nos toca garantizar el acceso a la salud y que no sea restringido a base de prejuicios”, indicó.

Pagán Jiménez exhortó a la Legislatura a “que se acerquen desde una perspectiva que preserve la vida”. Explicó que el proyecto 1410, sobre un referéndum, presenta unas premisas “polarizantes” y que no recogen la totalidad de posturas en torno al aborto en Puerto Rico.

Del mismo modo, la licenciada Frances Collazo Cáceres, asesora legal de la Asociación Pro Bienestar de las Familias (ProFamilias), detalló que el perfil de las mujeres que acuden a la Clínica IELLA, uno de los cuatro centros que operan en la isla y son regulados por Salud, brinda servicio a personas de comunidades de escasos recursos. Indicó que más del 95% de las pacientes son mujeres en edad reproductiva y jóvenes.

Quiero clarificar que el aborto efectuado en las clínicas seguras tiene unas complicaciones de 0.05%, por lo que es un procedimiento de salud que por estar regulado y porque se hace con personal adiestrado no presenta mayormente complicaciones y es totalmente ambulatorio”, enfatizó Collazo Cáceres.

Estimó que realizan aproximadamente 1,000 abortos al año en la Clínica IELLA, un promedio de 80 al mes en respuesta a preguntas del presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosado. Indicó que el costo de una terminación de embarazo podría variar debido a la etapa gestacional. La licenciada precisó que los precios rondan entre $250 a $550 por terminación.

Además, la directora de Taller Salud desmintió las alegaciones de que el aborto es un negocio como han querido señalar grupos antiderechos al mencionar que un parto cuesta entre $900 a $1,200, una cifra muy por encima de lo que cuesta un aborto.

Collazo Cáceres recalcó que la nueva guía de directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicada en el 2022, “no recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que prohíban el aborto basándose en límites de edad gestacional”.

Aproximadamente, no más del 5% de las pacientes que vienen a la clínica en estado de embarazo dentro del primer trimestre, eligen no hacerse el aborto. Ello implica que en más del 95% de las veces, las mujeres están decididas. Todos los abortos realizados en la clínica IELLA son decisión de la paciente dentro de la relación médico-paciente y mediando toda la información y evaluación médica que por ley y regulación se implementa para contar con un consentimiento informado libre y voluntario”, aseguró Collazo Cáceres.

Ante un incidente en la segunda vista en el que un manifestante grabó a un grupo de médicos y estudiantes residentes, Aponte Rosado indicó a los participantes de la vista que no podrán tomar vídeos a los deponentes en miras de protegerles. “No vamos a permitir ni tolerar que nadie se les pueda acercar con una actitud hostil”, dijo el legislador popular.

Las vistas de las cinco medidas sobre el aborto continuarán el próximo jueves, 15 de septiembre, con ponencias como la de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

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