El representante Jorge Luis “Georgie” Navarro Suárez presentó este sábado un proyecto de ley para prohibir el cobro separado del cargo conocido como “promoter fee” o tarifa del promotor a los consumidores, ante lo que describió como “la reciente incertidumbre administrativa” sobre la eliminación de cargos excesivos en la venta de boletos.

Mediante comunicado de prensa, Navarro Suárez explicó que la pieza, que crearía la “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos”, busca enmendar la Ley 209 de 2016 para establecer “claramente” que los costos operacionales de los promotores deben estar integrados en el precio base del boleto y no pueden transferirse al consumidor como un cargo adicional “sorpresa”.

“El consumidor puertorriqueño no aguanta más cargos escondidos. Hemos visto cómo, recientemente, se ha intentado poner freno a la eliminación de este cargo desde la esfera administrativa, dejando a las familias desprotegidas ante prácticas comerciales injustas. Por eso, he decidido elevar esta prohibición a rango de ley”, dijo el legislador, del Partido Nuevo Progresista.

“La protección del bolsillo de nuestra gente no puede depender del criterio cambiante de un secretario de turno o de una orden administrativa que hoy está y mañana no; tiene que ser la ley”, agregó.

El proyecto cameral recoge que el “promoter fee” es un cargo que el promotor impone adicional a su compensación y se cobra directamente en la taquilla, distorsionando el precio real del evento. A diferencia de los cargos por servicio (“service fee”) o cargos por facilidad (“facility fee”), este cobro es un ingreso directo para el organizador que no corresponde a un servicio de terceros.

“Es inaceptable que se le cobre al ciudadano un cargo extra que no es opcional y que, simplemente, sirve para inflar la ganancia del promotor fuera del precio anunciado. Nuestra medida busca transparencia total: el precio que ves es el precio que es”, acotó Navarro Suárez.

La medida establece que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tendría la facultad de imponer multas de hasta $50,000 por cada infracción identificada.

“Mientras otros debaten si se debe o no permitir este abuso, nosotros, en la Legislatura, estamos tomando acción definitiva. Al igual que en jurisdicciones como Florida y Texas, vamos a proteger el acceso al arte y el entretenimiento, asegurando que las familias no sean penalizadas con cargos fantasmas”, concluyó.

En una de sus primeras acciones como secretario designado del DACO, Hiram Torres Montalvo aplazó la puesta en vigor de una orden administrativa firmada por su antecesora, Valerie Rodríguez Erazo –a quien la gobernadora Jenniffer González destituyó–, que eliminaba el “promoter fee”. Torres Montalvo movió la fecha del 1 de enero al 1 de julio y, en el ínterin, dijo recientemente, la División de Estudios Económicos del DACO hará “un estudio exhaustivo de cómo esto afecta o beneficia al consumidor”.