Una investigación de la Comisión de Salud Mental del Senado concluyó que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no salvaguardó la seguridad de la confinada Shannel Colón Ponce, cuya muerte -ocurrida hace un año en circunstancias confusas- fue catalogada por las autoridades como un suicidio.

El informe de la comisión legislativa, presidida por el senador independiente, José Vargas Vidot, a su vez, sugiere que no se renueve el contrato del DCR con Physician Correctional para la prestación de servicios de salud, ya que, al momento de los hechos, la empresa no contaba con el personal adecuado para atender la crisis que enfrentaba la mujer y, de forma “negligente”, determinó darle el alta médica y devolverla a la celda donde luego fue encontrada sin vida.

“Desde el inicio, el caso de Shannel fue manejado de manera violenta e invalidante, al no tomar en consideración su diagnóstico de salud mental. A Shannel, se le sumarió en un área de seguridad máxima, nunca se le hizo la evaluación de salud mental y se dejó desatendida a tal punto que su vida culminó a sus 23 años”, señaló el legislador, al revelar los hallazgos del análisis.

El 2 de junio de 2022, la reclusa fue encontrada sin vida en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón, donde permanecía sumariada por cargos de apropiación ilegal de vehículos. Tras los hechos, la familia ha expresado reparos con la versión ofrecida por el DCR.

“Directamente, acuso al Departamento de Corrección y Rehabilitación por no haber cumplido con su deber constitucional… Inmediatamente, cualquier persona que entra al cuidado del Departamento de Corrección, ese Departamento tiene el deber de cuidarla. La gente no debe pagar con la pena de muerte, y es lo que está pasando”, aseveró el senador.

La titular de Corrección, Ana Escobar, prefirió no reaccionar a los resultados de la investigación debido a que la familia de Shannel presentó -el pasado mes de mayo-una demanda por daños y perjuicios por violación de derechos civiles contra ella y la agencia, así como contra otros funcionarios públicos y partes involucradas en el caso. “El Departamento de Corrección y Rehabilitación ha tomado la determinación de no realizar expresiones públicas sobre ningún aspecto que involucre este caso”, dijo en declaraciones escritas.

Al presentar los hallazgos, Vargas Vidot hizo un recuento de los meses que precedieron la muerte de Colón Ponce, en un intento por dejar en evidencia que, al ser encarcelada, la joven enfrentaba un diagnóstico de salud mental para el cual recibió tratamiento médico, en enero de 2022, que incluyó un ingreso involuntario al Hospital York, en Pensilvania.

“El sistema correccional debió haber hecho la intervención adecuada para diagnosticar e internar a la persona no en un área de segregación. Si el protocolo se hubiera seguido, posiblemente, no estaríamos hablando de la muerte de Shannel”, subrayó.

La tía de Shannel, Cheilian Rosario, indicó que han solicitado formalmente copia del expediente, pero no ha sido facilitado por el DCR. Sostuvo -en unas breves expresiones este lunes- que persisten las dudas sobre la versión de las autoridades. “Hay muchas incongruencias en el caso. Nosotros, como familia, lo descartamos (el suicidio). Lo que queremos es que se cumpla y que verifiquen realmente qué fue lo que pasó”, señaló.

Al tiempo que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) mantiene una pesquisa activa sobre el caso, Vargas Vidot destacó los retos que enfrentaron, en el desarrollo de su pesquisa, con algunas dependencias gubernamentales o de servicio público que se negaron a entregar información a la comisión.

Mencionó, a modo de ejemplo, que LUMA Energy nunca respondió un requerimiento dirigido a confirmar si, al momento del deceso, como se alegó, el complejo correccional no contaba con servicio eléctrico. “Hay toda una oscuridad en las preguntas que son claves”, apuntó.

El DCR, de otra parte, le negó el ingreso al módulo donde ocurrieron los hechos, a pesar de múltiples peticiones y que la solicitud estaba respaldada por la Resolución del Senado 77. Esta mañana, justo el día de la publicación de los hallazgos, la titular de la agencia, Ana Escobar, concedió el permiso, resaltó Vargas Vidot. “¡Que casualidad!”, comentó.

Como parte de las consclusiones, el senador sugirió, además, crear un protocolo para adiestrar al personal del DCR en el manejo de personas con problemas de salud mental. “En las vistas públicas, nos dio la impresión de que la preparación que tienen los oficiales y las oficiales es desproporcional al grado de dificultad que tiene el manejo (de un paciente con problemas de salud mental) en una cárcel”, indicó.

El senador independiente reafirmó, que, de no haber medidas remediativas como resultado de la investigación, procurarán desarrollar legislación para evitar “estos juntes en donde hay tanta oscuridad para esclarecer algo que merece ser esclarecido”.