La necesidad de fondos adicionales que permitan retener y sumar nuevos trabajadores fue el reclamo que levantaron este martes, ante la Asamblea Legislativa, las jefas del Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), con motivo de la evaluación del presupuesto para el próximo año fiscal.

Algunos de los reclamos, sin embargo, están en jaque, luego que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitiera una notificación al gobierno advirtiéndole que el presupuesto de $13,258 millones propuesto por la administración de Jenniffer González está en incumplimiento con el plan fiscal certificado. Como resultado, la JSF redujo a $13,095 millones el presupuesto para el año fiscal 2025-2026.

La secretaria designada de Justicia, Janet Parra, indicó que el presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2025-2026 asciende a $186 millones, muy similar al vigente, que totaliza $185.4 millones. No obstante, para el nuevo período, la agencia está solicitando $204 millones.

Otro reclamo levantado por Parra es que se ubique, en una partida fuera de gastos operacionales, los $6.4 millones que Justicia recibe, en fondos estatales, para distribuirse entre entidades sin fines de lucro.

El alza solicitada, agregó, se utilizaría para cubrir los 69 puestos de fiscales vacantes, así como para atender parte de los gastos operacionales. Actualmente, Justicia cuenta con 398 fiscales. “Hemos empezado ese proceso de entrevistas, las personas están solicitando y se les está refiriendo a la gobernadora”, expuso.

Al presente, Justicia cuenta con 1,411 empleados. “Necesitamos reclutar taquígrafas, personal de seguridad y abogados para las áreas de Monopolio, Asesoramiento y Legislación”, apuntó, ante los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por Eddie Charbonier.

Mientras, la jefa del ICF, María Conte Miller, solicitó $4 millones adicionales al presupuesto vigente para, entre otras cosas, la contratación de cuatro patólogos, adquirir nueva tecnología y limpieza, así como para retener a los profesionales expertos.

“Todos son necesarios para poder examinar adecuadamente un cadáver y poderle entregar ese cuerpo a los familiares en un tiempo oportuno”, dijo Conte Miller en su presentación.

Mantener un presupuesto similar al vigente, ascendente a $21.5 millones, implicaría la eliminación de ciertos contratos en servicios de salud, lo que incidiría en las acreditaciones del ICF, así como el riesgo de perder profesionales ante el ofrecimiento de mejores ofertas salariales en Estados Unidos, advirtió.

Para el nuevo año fiscal, la JSF propuso un presupuesto de $23.1 millones, $9 millones por debajo al propuesto por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). “Los recortes progresivos ocasionarían, no mañana, no pasado, pero, quizás, dentro de un año o dos años, un acumulo progresivo de casos que podría poner en jaque la entrega de estos cuerpos de manera oportuna”, recalcó la titular, al decir que, asimismo, se pone en peligro el plan de sucesión de la agencia.

“No podríamos contratar patólogos nuevos ni formarlos”, afirmó.

El ICF cuenta con siete patólogos, con un salario que oscila entre $200 mil y $250 mil anuales, aunque, en Estados Unidos, su compensación está sobre los $300,000. “Lo más que me preocupa es mantener esta plantilla de patólogos y médicos forenses que son los que garantizan el examen adecuado del cadáver”, apuntó.

De otra parte, la presidenta de la JLBP, Aixa Pérez Mink, solicitó una partida adicional de $321,000 al presupuesto de $3.1 millones propuesto para el año fiscal 2025-2026.

Esta cifra adicional, explicó, permitiría la contratación de dos abogados, un director para el área de Presupuesto y Finanzas y el encargado del área de Propiedad. Al menos desde 2020, la JLBP carece de una división legal.

“La Junta depende del recurso humano para el funcionamiento y cumplimiento de las leyes que nos rigen. Por lo cual, la necesidad más apremiante que la agencia enfrenta en la actualidad es el reclutamiento y retención del personal gerencial”, subrayó.

El dinero adicional permitiría, además, la contratación de un oficial examinador y un técnico en sistemas de oficina para atender los asuntos relacionados con el caso federal presentado por el reo Carlos Morales Feliciano, en 1979, a causa de las condiciones infrahumanas que el gobierno mantenía en las prisiones.

Pérez Mink agregó que actualmente están vacantes dos puestos de miembros asociados de la JLBP. Ambos cargos son nombrados por el Ejecutivo. “La agencia es una cuasijudicial y no contamos con un abogado que nos pueda dar asesoramiento y tampoco con una división legal”, expresó.

Además de la limitación presupuestaria, destacó que el escenario laboral se agravó tras la ejecución del plan de clasificación y retribución que, en el caso de la JLBP, tuvo el efecto de ubicar en una escala salarial menor al personal gerencial versus los empleados de carrera.

“Ello ha generado que, en muchos casos, los empleados de carrera tengan un salario mayor que sus supervisores, generando así disgusto y desmotivación”, señaló.

Referente a la labor de la JLBP, Pérez Mink indicó que, hasta el 11 de abril, tenían bajo su supervisión 532 liberados. Cada uno, dijo, representa un gasto diario estimado de $8 en comparación con el gasto de un confinado, que equivale a $137.