El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, indicó este martes que la corporación pública “no favorece la expropiación” de terrenos ni de pozos comunitarios, una postura que podría significar el fin de una propuesta legislativa para transferir los títulos de propiedad de los sistemas Non-PRASA a las entidades que los administran.

De forma similar, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió que la legislación “no tiene mucha simpatía” en dicho cuerpo legislativo.

“Si bien la Autoridad no promueve el desarrollo de acueductos comunitarios, debido a que estos sistemas no necesariamente cumplen con los estándares de diseño y construcción que requiere la AAA para garantizar una operación adecuada, segura y confiable, esto no significa que favorezcamos su expropiación”, dijo González Delgado, en declaraciones escritas.

La Cámara de Representantes tiene ante su consideración un proyecto que facultaría a la AAA a expropiar los terrenos donde se ubican pozos, tanques y sistemas de acueductos comunitarios y ceder la titularidad de esas tierras a las entidades debidamente registradas que administran dichos sistemas. La intención detrás del Proyecto de la Cámara 1369, según uno de sus autores, el representante penepé Víctor Parés, es salvar y garantizar el acceso al agua de miles de familias que dependen de los sistemas Non-PRASA (no conectados a la red de la AAA).

“Corresponde al representante que propone la medida, así como a los cuerpos legislativos, evaluar y determinar el curso que tendrá el proyecto dentro del proceso legislativo. Nuestro enfoque continuará siendo ejecutar el plan de gobierno de la gobernadora (Jenniffer González) y trabajar en soluciones permanentes que permitan fortalecer y modernizar nuestra infraestructura de agua potable para garantizar un servicio confiable a nuestra gente”, agregó González Delgado.

Mientras, en su tradicional mensaje de “Buenos días, Puerto Rico”, en redes sociales, Rivera Schatz escribió: “El tema de ‘expropiación’ en materia de los pozos comunitarios es retroceder en el empoderamiento a la gente. ¿Quién lo está pidiendo y por qué? Cada caso puede evaluarse siempre con la premisa de la estricta y mínimamente necesaria intervención del gobierno”.

“El gobierno debe arreglar primero su propio problema con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, antes de ponerse a ‘trastear’ con los pozos comunitarios”, añadió.

De otra parte, representantes de la organización Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (Furia) sostuvieron que el análisis de cualquier propuesta para garantizar el acceso a los pozos comunitarios debe considerar alternativas como el establecimiento de servidumbres de paso mediante la Ley 140 de Remedios Provisionales o el fortalecimiento de la Ley 81 de 2022.

“Nos alegra que se están involucrando en este tema tan importante, pero, a la misma vez, hay que, quizás, tomarlo con pinzas y evaluar la necesidad de esa legislación, en vista que está la Ley 81 de 2022 que busca atender el acceso a sistemas de acueductos comunitarios”, planteó la licenciada Melanie Colón, coordinadora y abogada de Furia.

La Ley 81 elevó a rango estatutario el derecho de libre acceso a toda la infraestructura Non-PRASA, incluyendo tanques, tuberías y bombas, garantizando la entrada de los administradores y las agencias de salud y ambientales para realizar labores de mantenimiento, desinfección y muestreos de la calidad del agua.

Además, faculta al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a imponer multas administrativas a cualquier persona que obstruya el paso, sabotee o vandalice las instalaciones, y reconoce que los sistemas Non-PRASA sustituyen una labor que el gobierno central no puede cubrir.

Colón explicó que Furia ha logrado salvaguardar los derechos de comunidades aplicando la Ley 81 a través del procedimiento expedito de la Ley 140. Dijo que, pese a que la Ley 140 atiende el tema de “derecho de paso”, una alternativa sería enmendarla para incluir de forma explícita las controversias de los sistemas Non-PRASA.

Agregó que otra pregunta a investigar es si una “tenencia legal” –es decir, el derecho amparado por ley para poseer, controlar y utilizar el terreno de manera segura sin necesidad de ser el dueño registral absoluto– sería suficiente para acceder a fondos federales para mantenimiento y modernización de los sistemas.

Furia levantó banderas sobre la utilización de la expropiación forzosa, al advertir que este mecanismo, además de que implica el uso de fondos públicos, recompensa, en cierta forma, a los titulares que se niegan a conceder el acceso. “Encontramos que el proceso de expropiación de alguna forma premia porque le da un dinero al dueño por no permitir (el acceso), en vez de hacer cumplir la Ley 81 que permite la imposición de multas”, opinó Colón.

Por su parte, el licenciado Juan Capella Noya indicó que, según redactada, la medida no dispone cuál sería el futuro de los nuevos acueductos. Asimismo, advirtió que el proyecto solo faculta a la AAA a expropiar y ceder los terrenos a las organizaciones que operan los acueductos comunitarios, pero no establece un deber mandatorio que las comunidades puedan exigir en caso de incumplimiento.

“Si la organización a la que se transfiere lo deja de utilizar, se revierte la decisión, ¿pero hasta dónde revierte? ¿Hasta el dueño original? Cuando uno expropia no es la comunidad la que lleva a cabo la expropiación, sino el ELA (Estado Libre Asociado), y el ELA se lo concede a las entidades sin fines de lucro”, expuso.

El título de propiedad, según la Sección 9, se revertirá a la AAA, si se usa para un fin distinto al acueducto comunitario.

“La buena noticia es que estamos hablando del tema, pero vamos a detenernos e investigar lo que hay que investigar”, apuntó Capella Noya. “No favorecemos ni nos oponemos a la legislación, sino que entendemos que, como parte del análisis, se deben incluir otras posibilidades”, aportó Colón.