Luego de decir que retiraría un proyecto de administración que busca enmendar el Código Penal para tipificar el asesinato desde el momento de la concepción, la gobernadora Jenniffer González informó este miércoles que la medida puede seguir el tracto legislativo para dejar “más claro” lo que establece la Ley Keishla Madlane.

“Dije que se podía retirar, pero la secretaria de Justicia nos dijo que no está mal el que el proyecto se radique. Así que lo dejamos ahí para que se evalúe. La ley a la que este proyecto hace referencia, incluye que es potestad de la madre (tomar una decisión)”, dijo la mandataria.

Las expresiones de González se dan al tiempo que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que el proyecto del Senado (PS) 923 tiene los votos para aprobarse y se bajó por descargue -lo que significa que no fue evaluado por ninguna comisión- para recibir el aval senatorial en la sesión del miércoles.

“Este proyecto no tiene nada que ver con el tema del aborto, el cual, a propósito, yo restringiría aún más”, subrayó el líder legislativo.

Más temprano, González indicó, en una entrevista televisiva (TeleOnce), que iba a “pedir que ese proyecto se retire, porque eso es ley”.

El Proyecto de Administración 98 establece que, para el delito de asesinato, el término “humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

Mientras, la Ley 166-2025 (que lleva el nombre de Keishla Madlane por la joven embarazada asesinada en 2021) hace unas enmiendas al Código Penal para establecer que el asesinato de una mujer embarazada que resulte, a su vez, en la muerte del feto, se consideraría un doble asesinato.

Sin embargo, deja claro que las disposiciones no se podrán interpretar a los fines de criminalizar a las personas por un aborto legal y consentido.

Tampoco aplica a “cualquier persona que legalmente realiza cualquier tratamiento médico de la mujer embarazada o su feto (o) cualquier mujer con respecto a las decisiones legales que tome con respecto a su hijo por nacer aún en su vientre”.

“Es incorrecto (que prohíba el aborto). Está ahí. Todos estos legisladores le votaron a favor al proyecto de Keishla y ahora están diciendo que se está cambiando. Lo que se estaba era aclarando, poniéndolo en un artículo distinto. Así que se puede aprobar y lo que hace es dejarlo más claro o se puede dejar sin aprobar porque ya cuando se aprobó la ley de ‘nasciturus’ se incluyó también”, explicó la gobernadora.

La ‘ley del nasciturus’ es otro estatuto que enmendó el Código Civil para reconocer personalidad jurídica al no nacido.

Todas estas legislaciones -aprobadas sin vistas públicas- han sido condenadas por grupos de derechos humanos, personas expertas en Derecho y médicos, quienes han alertado de las implicaciones de este tipo de medidas, que atentan contra el acceso a la salud y autonomía de las mujeres.

Aunque el derecho al aborto sigue vigente y el servicio de terminaciones de embarazos se provee de manera segura en centros reglamentados por el Departamento de Salud, expertas han afirmado que se trata de medidas que sientan las bases para una restricción parcial o total del aborto en Puerto Rico.

En Estados Unidos, ya se han visto las repercusiones nefastas de este tipo de medidas. De hecho, la organización Pregnancy Justice encontró que, los dos años subsiguientes a la derogación de Roe v. Wade, unas 412 mujeres fueron criminalizadas, en estados que reconocen “personalidad fetal”, por negligencias, emergencias obstétricas, accidentes y utilización de medicamentos, entre otros.