Cámara de Representantes. (Juan Luis Martínez Pérez)

El juez Anthony Cuevas Ramos desestimó en días recientes tres recursos legales presentados por ciudadanos que quieren conocer información detallada sobre la nómina de las oficinas de los legisladores Maricarmen Más y José “Memo” González.

Los demandantes también solicitaron información sobre las contrataciones de la Cámara de Representantes en general.

La acción del juez fue sin perjuicio, lo que significa que los ciudadanos pueden retomar sus reclamos una vez cumplan con los requisistos en ley.

Los recursos, radicados al amparo de la Ley 141-2019, fueron presentados por Myrna Rosario Rodríguez Romero, Octavio Santiago Rosado y Myrtha Villamil Pérez, quienes solicitaron las listas de todos los proveedores de servicios contratados en la Cámara de Representantes, las horas facturadas, una distinción entre contratistas que rinden servicios directos o a través de compañías y las listas de personas contratadas y las escalas salariales de empleados, además de aumentos autorizados en las oficinas de ambos legisladores.

Cuevas Ramos desestimó los recursos al indicar que no entregaron evidencia de que habían hecho las peticiones a la Cámara antes solicitar el auxilio del Tribunal.

Quien sí cumplió con ese requisito el lunes, fue el portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien ha solicitado la misma información que los ciudadanos particulares.

Su petición se consigna en una respuesta a una solicitud de desestimación presentada por la Cámara el 20 de octubre, como parte de un pleito de acceso a la información que el legislador popular ha iniciado también al amparo de un proceso expedito en la Ley 141-2019.

Hernández aclaró en su escrito de este pasado viernes que, si bien la Cámara entregó informes mensuales de los presupuestos de las oficinas legislativas de la delegación popular, no cumplió con entregar el listado de contratistas y tampoco precisó en qué instancias rinden servicios directos o si es a través de terceros.

Hernández también solicitó a la Cámara baja copia de los contratos, facturas y pagos recibidos. En el contexto de los empleados, pide descripciones de trabajo, escalas salariales y aumentos de sueldo autorizados.

“Ninguno de estos documentos o temas fueron adjudicados”, dijo Hernández al referirse a otro pleito, que constituye una petición de mandamus que radicó y que fue resuelta.

El 16 de octubre, los abogados de la Cámara, Carlos Rivera Justiniano y Verónica Ferraiouli Hornedo presentaron ante el Tribunal de San Juan una solicitud de desestimación argumentando que el recurso de Hernández, al amparo de la Ley 141-2019, no cumplió con los términos prescriptivos provistos por el estatuto cuando una agencia se niega a revelar información pública. Además, indicaron que la controversia judicial que plantea Hernández fue adjudicada por el juez Alfonso Martínez Piovanetti cuando atendió el recurso de mandamus del portavoz popular.

“Si bien es cierto que la lista de documentos que se detallan en el recurso especial es mucho más amplia que la que se identificó en el litigio anterior (de mandamus), eso no impide la aplicación de la doctrina de cosa juzgada”, plantearon los abogados de la Cámara, quienes acusaron al portavoz popular de obligar al cuerpo legislativo utilizar “los limitados recursos públicos” en un caso frívolo y emplear de forma “abusiva” herramientas legales “para espectáculos politiqueros”.