La Cámara de Representantes aprobó este jueves el proyecto que prohibiría el uso de celulares hasta octavo grado en las escuelas públicas del país, en vez de solo en los planteles elementales, como en principio disponía la medida.

“Es una medida que responde con responsabilidad y sensibilidad al llamado urgente de proteger los centros educativos en Puerto Rico, ante los retos que plantea el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes en nuestras escuelas”, señaló el autor del Proyecto de la Cámara (PC) 179, el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, del Partido Nuevo Progresista.

La medida fue aprobada con 40 votos a favor y ocho en contra, incluyendo seis miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y a Nelie Lebrón y Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

El PC 179 –que tiene como coautor a Héctor Ferrer Santiago, del PPD– busca prohibir, por ley, el uso de dispositivos electrónicos personales por parte de los estudiantes hasta octavo grado. Contempla tres excepciones: cuando el dispositivo se utilice para fines educativos, para comunicarse con sus padres por una emergencia o en casos de acomodo razonable.

“Hoy día, un padre o una madre desconoce el efecto que tienen los teléfonos móviles en la socialización y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Las escuelas se han convertido en un escenario donde el aprendizaje compite contra las notificaciones de redes sociales, los juegos en línea y el contenido inapropiado”, expuso Navarro Suárez, durante la sesión.

Argumentó que la legislación establece una política “clara y balanceada”, y sostuvo que países como Australia, Francia y Estados Unidos han adoptado medidas similares. En 2018, por ejemplo, Francia prohibió el uso de celular en las escuelas primarias y secundarias como mecanismo para mejorar el rendimiento académico.

Durante la discusión de la medida, el Departamento de Educación la favoreció y recomendó, a través de licenciada Saraí Ruiz Maisonet, ampliar la restricción a nivel secundario. Mientras, la Federación de Maestros se opuso al proyecto, por entender que las restricciones ya se contemplan en el Reglamento General de Estudiantes y Asistencia Obligatoria del Departamento de Educación.

El gremio, asimismo, criticó el proyecto por ser un ejemplo de “sobrerregulación” y reforzar una visión autoritaria del proceso educativo.

“A la hora de almuerzo, no vas a tener celular, ni a la hora del ‘break’. Muchos padres dicen: ‘ah, pero yo me comunicó con mi hijo en la hora de almuerzo’. Pero, ¿para qué? Para que te diga que comió arroz y habichuelas. Si hay un problema, se va o se llama a la escuela, como se hacía antes”, abundó Navarro Suárez.

Lebrón, del PIP y quien fue maestra hasta junio del año pasado, expresó “reservas” con el lenguaje del proyecto. “Las excepciones son muy limitadas y son opresivas, porque autorizan una amplia intervención del estado en el estudiantado del sistema público”, expuso.

“Es una ley represiva y que atenta contra el estudiante de nuestras escuelas públicas y conlleva en sí también la posible de violación de derechos civiles y constitucionales”, agregó la representante.

La prohibición propuesta aplicaría a teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales, computadoras portátiles y equipo de juegos electrónicos.

“Le estamos poniendo el cascabel al gato”, sentenció Navarro Suárez, al argumentar que escuelas privadas han tomado “remedios” similares.

El PC 179 pasa ahora a la consideración del Senado.