El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, le cursó esta tarde una carta a los presidentes legislativos y al gobernador Pedro Pierluisi en la que señaló que renuncian a la intención de promover en el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) un recorte a las pensiones de los empleados públicos y que dejan el asunto en manos de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain.

Con la postura de la JSF, que sería incluida como enmienda al plan fiscal, Swain podría, por su cuenta, aplicar un recorte a las pensiones como el que sufrieron los retirados en la ciudad de Detroit, Michigan o no imponerles recorte alguno, como pasó en la ciudad de Stockton, California. La JSF, en su carta, señala que estuvo dispuesta a “proteger” el 85% de las pensiones, pero la Legislatura, con sus enmiendas, “va mucho más allá” y, al hacerlo, “aumenta el riesgo de que el PAD no sea confirmable ni pagable”.

La JSF también anunció que enmendaría el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para detener recortes adicionales,

El ente fiscal impulsaba el recorte de las pensiones motivada en lo que tan reciente como el miércoles Antonio Medina, miembro del ente fiscal, describió como un asunto de “equidad”, al referirse al principio de que todos los acreedores en una quiebra deben sufrir un recorte.

“La Legislatura y el Gobernador han hecho claro que quieren asumir el riesgo en nombre de los residentes de Puerto Rico. Aunque la JSF sigue teniendo reservas sobre el impacto del PAD, está preparada para aceptar los deseos de los representantes electos de los residentes de Puerto Rico hasta el punto en que puede prudentemente y sin fallar en ejercer sus responsabilidades bajo la Ley Promesa”, sostuvo Skeel.

En la misiva de apenas tres páginas, sin embargo, el presidente del ente fiscal sostuvo que, si bien la JSF no tiene objeciones “filosóficas” con la medida que crea la ley habilitadora el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el contenido del Proyecto de la Cámara 1003 es “incosteable”.

“El proyecto tiene que ser revisado significativamente porque pone al gobierno bajo una presión financiera insostenible y por lo tanto hace que el PAD no sea confirmable”, dijo Skeel.

El ente fiscal dejó fuera de la ecuación, o al menos no los mencionó en la carta como iniciativas que aceptarían, la creación de un fondo especial de inversión de $300 millones propuesto por el Senado. Además, pareció dejar fuera una disposición que prohibiría recortar el 50% de la aportación patronal a los planes médicos de empleados del gobierno y que hubiera tenido un efecto de $60 millones.

La JSF sostiene que no se opondría a un proyecto de ley que incluya una provisión de cero recortes a las pensiones de los empleados públicos retirados y empleados activos “a menos que así lo requiera la Corte de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico”. Tampoco objetarían que se fije el presupuesto del primer centro docente del pais en $500 millones.

El organismo creado por el Congreso advirtió que no claudica a la idea de que las pensiones no sean aumentadas en un futuro por cualquier alza en el costo de vida. Además, la Junta Fiscal tampoco renuncia a reformar tanto el sistema de pensiones de los jueces como el de los maestros para implementar un plan de contribución definida, la posibilidad de cotizar al Seguro Social (para jueces y en el caso de los maestros los que superen los 40 años) y aumentar tanto la edad como los años de servicio para acogerse a la jubilación.

La Junta Fiscal señaló que no se opone a que se utilice $1 millón para un estudio que examine la posibilidad de que se implemente una extensión de cobertura médica a más puertorriqueños. El PC 1003 alude a una meta de 225,000 personas adicionales con cobertura del plan del gobierno.

“Aunque la JSF está disponible para reunirse para contestar sus preguntas y hablar sobre los próximos pasos, no estamos dispuestos a discutir nuevamente las posiciones establecidas en esta carta”, sostuvo Skeel.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez había sugerido el sábado como una fecha ideal para que todas las partes, entiéndase JSF, Legislatura y el gobernador Pedro Pierluisi, para que se reunieran. El Nuevo Día supo que el encuentor se llevará a cabo el domingo.

La carta de la Junta Fiscal es enviada un día después de que la jueza Laura Taylor Swain anuló la Ley de Retiro Digno y afirmó que es necesaria la participación de la Legislatura para confirmar el Plan de Ajuste.

Al reaccionar a la carta, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, celebró la determinación en cuanto a la UPR se refiere, a pesar de que tanto la administración del primer centro docente del país como representantes estudiantiles han señalado que un tope de $500 millones por cinco años del presupuesto provocaría el cierre de recintos y una reducción en la oferta académica.

“¡Detuvimos los recortes a la UPR! Luego de meses diciendo que teníamos la posibilidad de hacer cambiar las posturas de la Junta en el proceso de negociación para el Plan de Ajuste. Hoy recibimos notificación que la Junta concedió la mayoría de nuestros reclamos, incluyendo el freno de los recortes a la UPR. Insistimos, nos criticaron, no claudicamos y lo logramos. Le agradezco a mis compañeros de la Legislatura por confiar en nuestro criterio y nuestras estrategias. Hoy podemos decir que valió la pena el esfuerzo y que el tiempo ha sido nuestro mejor aliado”, sostuvo en declaraciones publicadas en Twitter.

En una conferencia telefónica con medios de comunicación, Zaragoza dijo estar “muy satisfecho” con el lenguaje de la carta. Dijo que la Legislatura empleó una estrategia arriesgada y que no fue respaldada inicialmente por una serie de abogados consultados. Se refirió a condicionar la autorización del intercambio de bonos a que la JSF aceptara una serie de condiciones.

Preguntado sobre el presupuesto fijo de la UPR, fijado en $500 millones, Zaragoza indicó que esa cifra fue la que se pudo alcanzar en negociaciones y argumentó que, a futuro, “se puede dar más”.

Coincidió en que la postura de la JSF en cuanto a detener aumentos futuros a las pensiones es peligroso, pero argumentó que más peligroso era recortar las pensiones.

“Una cosa es reconocer lo que se logró y lo que se logró sin duda alguna se pudo haber mejorado. Hay gente que dirá que hacían falta más de $500 millones o pensiones con aumento de costo de vida”, afirmó.

El director de la Comisión de Hacienda del Senado, Nick Pastrana, dijo que hace un mes era impensable que tuviera terreno fértil un argumento de cero recortes a las pensiones.

“Era insoñable y el tema de la UPR lo mismo”, dijo. “Hay que ver de dónde venimos”.

El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representante, Jesús Santa Rodríguez, afirmó que la postura de la JSF desmiente argumentos levantados en el sentido de que la Legislatura estaba haciendo un ejercicio fútil.

“Decían que el proyecto era papel mojado y que no podíamos poner condiciones para permitir el intercambio de bonos, que era una locura... si no hacíamos nada, no lográbamos lo que hemos logrado”, afirmó.

Santa Rodríguez anticipó, sin tener todavía la posición oficial de Hernández Montañez, que el proyecto tendrá que ser enmendado, por lo que a corto plazo lo que se espera es que el lunes la Cámara no concurra con los cambios introducidos por el Senado al proyecto y forzar el comité de conferencia.

En una declaración conjunta, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y Hernández Montañez celebraron las declaraciones de la JSF.

“Hoy es un día histórico y un triunfo para el pueblo de Puerto Rico porque la decisión de la JSF de acoger nuestros reclamos de proteger el 100% de las pensiones, suspender los recortes proyectados a la UPR, reconocer los fondos a los municipios y encaminar el estudio que viabilizará la estrategia para brindar cubiertas médicas a las personas que no tienen un seguro médico, entre otras medidas, demuestran que nuestros argumentos y reclamos era los correctos y que la consistencia y la unidad de propósitos, al final prevalecieron.”, señalaron los dirigentes legislativos.

“Con este anuncio se les hace justicia a los retirados, a los municipios y a los estudiantes y la comunidad universitaria, quienes por años estuvieron reclamando la protección de sus recursos y hoy esos reclamos se convierten en realidad. Se impuso la verdad y la prudencia, en este momento crucial que ahora abre las puertas para una recuperación social y económica como el país merece.”, expresó el presidente del Senado.

Por su parte, Hernández Montañez sostuvo que “el Gobierno electo de Puerto Rico demostró con sus acciones que cuando trabajamos en unidad podemos adelantar todas nuestras causas. La aceptación de la Junta de Control Fiscal a nuestros reclamos de forma balanceada establece un contraste dramático a la propuesta original la cual colocaba todo el peso en los más necesitados.”

El líder cameral sostuvo que “este es el resultado de una lucha extraordinaria, que con mucho esfuerzo y positivismo llevamos a todos los foros existentes, incluyendo la demanda a la Junta de Control Fiscal. Cambiamos el paradigma con una ofensiva sin cuartel, elevando nuestra voz y fiscalizando. El trabajo en conjunto fue basado en un mensaje estratégico que se llevó a los tribunales estatales y federales, el Capitolio Federal, y la Casa Blanca. En alianza y en un diálogo de respeto y deferencias, funcionarios electos de la Cámara, Senado y Ejecutivo demostramos con madurez buscar puntos de encuentro por bienestar de todos los puertorriqueños. Enhorabuena, cumplimos nuestra palabra con resultados.”

Finalmente, el presidente del Senado indicó que en los próximos días se discutirán los procesos legislativos correspondientes para encaminar los acuerdos alcanzados para que una vez sean aprobados por la legislatura, pasen a la firma de Pierluisi.

Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, indicó que aunque la postura de la JSF demuestra que el recorte a las pensiones no era necesario y se trata de un logro alcanzado por los pensionados se han opuesto a la iniciativa, sí le indigna otras postura tomadas por la JSF.

“Nos sigue indignando que se permita el recorte de pensiones futuras del magisterio dejándolos en la miseria. También la aportación a la UPR, que la misma comunidad universitaria ha dicho no es suficiente y sobre todo se deje intacto el pago insostenible de la deuda en bonos que sigue poniendo en riesgo el futuro de la isla, la operaciones del gobierno, incluyendo el pago de pensiones”.

Opositores del Proyecto de la Cámara 1003 han denunciado que el pago de la deuda anual pactado de $1,150 millones dejará al país en una segunda bancarrota a partir del 2036. La propia JSF ha reconocido esa realidad y en días recientes Antonio Medina, quien es miembro de la junta, indicó que le toca al pueblo puertorriqueño levantar su economía.

Mientras, Construyamos Otro Acuerdo recibió tibiamente la declaración de la JSF.

“La Junta de Control Fiscal ha comunicado hoy que estará eliminando el recorte a las pensiones en el PAD. Han sido años intensos de lucha, donde los retirados nos hemos tirado a la calle, propuesto política pública, impulsado proyectos de ley y hoy podemos respirar un poco. No obstante, la Junta continua incluyendo recortes a los trabajadores activos, pagos de deuda ilegal y amenaza a nuestros servicios. Seguiremos trabajando para asegurarnos que el PAD sea uno que beneficie a nuestra gente y no a bonistas millonarios. Por eso estamos convocando a todo el pueblo a manifestarse el lunes contra el PC1003 y todos los abusos de la Junta. ¡Paso a paso venceremos!”, expresó Sonia Palacios, portavoz de Construyamos Otro Acuerdo y el Frente en Defensa de las Pensiones.