Los legisladores Héctor Joaquín Sánchez y José “Cheíto” Hérnández, quienes lideraron la discusión del proyecto de administración que legalizaba el tránsito de vehículos todoterreno por ciertas vías públicas, advirtieron este lunes que cualquier nueva propuesta en la misma dirección tiene que atender las múltiples lagunas que enfrentaba la medida y que provocaron su rechazo en el Senado.

Una versión similar al Proyecto del Senado 216 se mantiene viva en la Cámara de Representantes. No obstante, el representante Hernández le solicitó a la gobernadora Jenniffer González su retiro o, de lo contrario, la Comisión de Transportación, que él dirige, emitirá un informe negativo esta próxima semana, igual que ocurrió en el Senado.

“Le pedimos a la gobernadora que retirara el proyecto y si eso no ocurre, la semana que viene vamos a radicar el informe negativo. En cuanto a un nuevo proyecto, en lo que respecta a nosotros, evaluaremos el proyecto como se ha hecho siempre, pero debe venir con la intención legislativa plasmada”, sostuvo Hernández.

Tras el revés en el Senado, la gobernadora anticipó que radicaría una nueva legislación para atender este asunto.

La medida de administración disponía la creación de un registro, bajo el nombre “VTT Street-Legal”, que hubiera permitido a los conductores –que cumplieran con su inscripción– manejar vehículos todoterreno, así como de baja velocidad, en ciertas carreteras secundarias y terciarias. Durante la discusión senatorial, sin embargo, diversas entidades no favorecieron la legislación según fue radicada.

Una de ellas fue la Policía, que recomendó múltiples enmiendas, entre estas, establecer los 18 años como la edad mínima para operar un vehículo todoterreno. El PS 916 otorgaba dicha autorización desde los 16. Otra sugerencia iba dirigida a enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) para establecer la “obligación expresa” de que todo concesionario o distribuidor autorizado registrara el vehículo ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) como condición previa a su entrega al comprador.

No obstante, una de las principales preocupaciones de los legisladores –de ambas cámaras y todos los partidos–es que la medida dejaba en manos del DTOP definir, mediante reglamento, las vías por las que transitarían los “four tracks”. De parte de la administración, hubo resistencia, incluso, a que el reglamento, una vez diseñado, requiriera de la aprobación de la Asamblea Legislativa para su entrada en funcionamiento.

“El proyecto, tal y como estaba redactado, tenía unos problemas graves de redacción, de contenido, estaba mezclando todo en una sola pieza y creaba una confusión increíble. Por lo tanto, la medida que ellos radiquen tiene que ser más específica”, aseveró Sánchez, presidente de la Comisión de Transportación del Senado.

“No podemos darle una carta abierta al DTOP para que determinen de forma amplia por cuáles carreteras pueden transitar los vehículos todoterreno. El proyecto tiene una serie de lagunas en el lenguaje que si no están claras en un nuevo proyecto, no se va a poder aprobar”, agregó el senador.

En su informe negativo, la Comisión senatorial que dirige Sánchez reconoció la necesidad de atender la problemática de la proliferación de los vehículos todoterreno y de baja velocidad, pero sostuvo que las disposiciones incluidas en el PS 916 “no eran cónsonas con el proceso técnico, multisectorial y basado en evidencia” que el propio gobierno impulsó mediante la Orden Ejecutiva OE-2025-029.

En junio, la gobernadora anunció la creación de un comité de trabajo para ayudarla en el diseño de un marco regulatorio para el tránsito de este tipo de vehículos. Por ejemplo, el informe final del grupo de trabajo recomendó que los vehículos todoterreno solo transitaran por vías previamente designadas y que se excluyeran de las autopistas, expresos y vías de acceso restringido parcial o permanente. Sin embargo, el PS 916 establecía que “podrán transitar por todas las vías públicas, incluyendo autopistas, carreteras estatales y municipales pavimentadas”.

Asimismo, el grupo de trabajo recomendó la creación de un endoso especial en la licencia de conducir, que incluiría la aprobación de un curso teórico práctico certificado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). El proyecto lo sustituía por una autorización de circulación expedida por el DTOP, “sin incorporar los controles de capacitación y certificación interagencial que el grupo consideró esenciales”, concluyó el informe.

“Mi punto en la vista fue el siguiente: ¿por qué para poder controlar el uso indebido de los ‘four tracks’ hay que permitirles transitar? Si el problema es que no están identificados, podemos procurar que se identifiquen sin permitirles transitar por las carreteras", expuso Hernández.

“Yo, genuinamente, estoy en la mejor disposición de discutir cualquier nuevo proyecto. Pero, sin duda alguna, tiene que tener muchas enmiendas en comparación con el proyecto que radicaron”, apuntó.