El Senado dio paso este lunes al Proyecto de la Cámara (PC) 1019, una medida de administración que eleva de 12 a 16 años el término de nombramiento de los fiscales, procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, y de los registradores de la propiedad del Departamento de Justicia.

El ajuste en el plazo es cónsono con otros cambios que se han hecho a nivel local, por ejemplo, con los nombramientos de jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones a un término de 16 años, plantea el proyecto de la administración de Jenniffer González.

La medida fue atendida por descargue y sin vistas públicas en el Senado. Recibió 18 votos a favor y ocho en contra. En oposición, se expresó la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), integrada por María de Lourdes Santiago y Adrián González, así como por sus homólogos del Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde, Marially González, Luis Javier Hernández y José A. Santiago. De la misma forma, votaron los independientes Joanne Rodríguez Veve y Eliezer Molina.

Mientras, la Cámara de Representantes ratificó este lunes el Proyecto del Senado (PS) 756, para que los restos fetales humanos producto de pérdidas gestacionales ocurridas antes de las 20 semanas no sean considerados como un desperdicio biomédico, independientemente de su peso. La medida fue aprobada de manera unánime.

El PS 756, según su texto, viene a atender un “vacío” en el ordenamiento vigente, que “básicamente” determina de forma automática que un feto de menos de 20 semanas de gestación y 350 gramos de peso es un desperdicio biomédico.

La legislación, de la autoría de Rodríguez Veve y del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, también enmienda la “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, para que se autorice al Departamento de Salud a emitir un certificado especial para su inscripción y disposición en aquellos casos en que el padre o la madre lo solicite.

Ambas legislaciones pasan ahora ante la consideración de la gobernadora en La Fortaleza.

La Cámara de Representantes también aprobó el PS 834, para establecer en 12 meses el término que tiene la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) para revaluar la petición de consideración de un confinado luego de habérsela denegado en una primera instancia.

La medida, según aprobada en el Senado, disponía un término de seis meses, pero sufrió enmiendas en la Cámara que ampliaron dicho término a un año. Actualmente, por reglamento, se dispone un período de dos años. “Un año es mucho mejor que dos años y, ciertamente, estando por ley, no estaría sujeto a los vaivenes del reglamento, pero yo preferiría que fuese a seis meses”, argumentó el representante popular Ramón Torres.

“A una persona confinada que por razones técnicas no se le haya aprobado la libertad bajo palabra, esperar un año es mucho tiempo. Muchas veces, en el 90% de las ocasiones, la razón por la cual no se autoriza, es porque el confinado le falta algún documento”, agregó Torres.

Para el representante novoprogresista José “Che” Pérez, presidente de la Comisión de lo Jurídico, el término de seis meses no es “ideal” ante los recursos humanos con los que cuenta la JLBP, lo que, a su vez, podría provocar más denegatorias.

“En ese balance de intereses y en las aspiraciones de hacer justicia, y que realmente se pueda hacer valer que estos confinados puedan ser evaluados correctamente, y tomando en cuenta también la realidad fiscal y la cantidad de recursos que habría que asignar, es que hemos determinado acoger que el término sea un año”, subrayó Pérez.

La Cámara también aprobó la Resolución de la Cámara 627, radicada este lunes por el representante Eddie Charbonier, para que la Comisión de la Región Metro de este cuerpo legislativo investigue las causas para las interrupciones recurrentes, así como las bajas presiones, en el suministro de agua en San Juan. Asimismo, se evaluaría la respuesta operacional y administrativa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el estado de la infraestructura.