En medio de cuestionamientos por lo apresurado del proceso y el cambio repentino en los términos de su análisis, la Cámara de Representantes evaluará este miércoles el proyecto de ley que impondría requisitos adicionales para acceder a información pública, y todo apunta a que será llevado a votación antes que finalice la sesión el 18 de noviembre.

“Eso es un asunto que determinaremos con la delegación. Se me pidió que se le diera vista pública ahora, y me atrevo a presumir que se pretenda verlo ahora, pero no me atrevo a ser categórico, porque yo también quiero ver y escuchar a las partes y sus preocupaciones”, expresó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, el novoprogresista José “Che” Pérez Cordero, sobre el futuro del Proyecto del Senado (PS) 63.

Fueron citados a deponer el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales, la Oficina del Inspector General, el Colegio de Abogados y Abogadas, el Centro de Periodismo Investigativo, el Overseas Press Club of Puerto Rico y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Asimismo, se habilitó el correo electrónico juridico@camara.pr.gov para recibir ponencias adicionales.

En una movida de última hora, el jueves pasado, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, transfirió la tarea de analizar el PS 63 a la Comisión de lo Jurídico, luego de dos semanas ante la consideración de la Comisión de Gobierno, presidida por el también novoprogresista Víctor Parés.

Méndez no ha hecho expresiones sobre las razones para la transferencia, aunque se le solicitó. No obstante, según dos fuentes de El Nuevo Día, ha habido presiones del Senado para que la legislación se atienda durante esta sesión. Parés había manifestado su intención de dejar el análisis para enero.

“La parte de los términos es algo que pudiéramos estar mirando como una alternativa entre lo que se puede enmendar. Quiero escuchar los argumentos para ver si hay una posibilidad de hacer enmiendas, porque hay una realidad entre las agencias gubernamentales que hay que tomar en consideración”, apuntó, por su parte, Pérez Cordero. “En algunas agencias, hay unos recursos humanos limitados y queremos garantizar su buen uso, que no se afecten los servicios gubernamentales y que haya ese acceso a la información. Mi regla es escuchar y promover el diálogo”, recalcó.

El PS 63 enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales. Entre otras cosas, elevaría a 20 días laborables el término para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses.

Asimismo, exige notificar a los jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa”, y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, como han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.

Los grupos opositores han cuestionado, también, las sanciones –a su juicio, insuficientes– que la medida contempla contra las agencias que incumplan; la erradicación del derecho a recibir información en formatos específicos –como Excel o CSV–, lo que podría imposibilitar el análisis de los datos; y la eliminación de la discreción judicial para acortar términos en los tribunales, lo que prolongaría innecesariamente los procesos legales.

Al igual que ocurrió con la Ley 141, el PS 63 fue aprobado en el Senado sin vistas públicas; su evaluación se hizo a través de siete memoriales explicativos y sin discusión. De las siete entidades que sometieron sus posturas ante la Comisión senatorial de Gobierno, seis se opusieron.

“La forma en que la Cámara está trabajando este asunto promueve la falta de transparencia. Estamos hablando de que se puede aprobar días antes del cierre de sesión. No hay forma que, con el conjunto de entidades que se han expresado interesadas en deponer, pueda haber una amplia discusión”, subrayó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez.

Mostró particular preocupación con el impacto que la legislación tendría sobre las comunidades, para quienes la información pública es el mecanismo de proteger o vindicar sus derechos. “No hay forma de tú oponerte o favorecer una acción gubernamental, o de cuestionar la otorgación de un permiso, si no estás enterado o no tienes la información”, aseveró.

Esa falta de datos, añadió Márquez, implicaría el cierre al acceso a la justicia. “Siempre ha sido una especie de calvario para las comunidades tener acceso a la información y, en la medida en que esto aumenta los términos, se complica el panorama”, expuso.

De otra parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, dijo que la delegación aún no ha discutido el proyecto, pero sostuvo que se inclina a emitir un voto en contra y sugerírselo al caucus.

Sostuvo que, de aprobarse, podría convertirse en una “norma” que el gobierno “esconda” información pública. Denunció que hay “un patrón sistemático” del Estado de impedir el acceso a datos, como le ha pasado a la delegación en requerimientos oficiales a la Policía. “Me preocupa que, a través de las enmiendas, se vuelve una norma”, dijo.

“No debió ser una discusión apresurada como va a ocurrir, para bajarlo (a votación) miércoles o jueves”, apuntó Ferrer.

El 13 de noviembre es el último día para la aprobación de medidas por ambas cámaras. Los cinco días subsiguientes serían para dirimir diferencias.