Una nueva ley firmada recientemente otorga un grado de confidencialidad a los datos recopilados por el Registro Demográfico que no solo limita el derecho a la información, sino que, además, impide recolectar material esencial para el desarrollo de investigaciones y política pública, advirtieron entidades e individuos conocedores del tema.

La Ley 114-2025 –que emana del Proyecto del Senado (PS) 331, del senador Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista (PNP)– establece la confidencialidad, por ejemplo, de la base de datos de mortalidad y los certificados expedidos por el Registro Demográfico. La medida no fue discutida en vistas públicas, y los informes emitidos, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, apenas recogen la opinión de los sectores implicados.

“Eso es un proyecto que el propio Registro Demográfico nos solicitó que hiciéramos y lo que busca es un poco de orden en quiénes pueden ser los que busquen información sensitiva de otras personas”, defendió Morales, en entrevista con El Nuevo Día.

Los informes emitidos por las comisiones de Salud de ambos cuerpos legislativos solo recogieron la opinión del Departamento de Salud, que favoreció la legislación, y de la Oficina de Administración de los Tribunales, que se limitó a dejar para el récord que, “como norma general, se abstienen de emitir juicio sobre asuntos de política pública”.

En el Senado, la pieza fue aprobada solo con el rechazo de los dos votos de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y de Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático. En la Cámara, la votación fue 30-17, aunque en el portal no se registra el detalle por representante.

La legislación, que enmienda la Ley 24-1931, tiene la intención, según su exposición de motivos, de evitar que la información contenida en los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción sea utilizada para fines ilícitos, particularmente el robo de identidad.

Sin embargo, para la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, se trata de “un paso en la dirección equivocada”. “No se ha documentado que el problema de fraude a partir de la información del Registro (Demográfico) realmente exista. Me parece que muchos temas se están utilizando como subterfugios para colar medidas de opacidad”, aseveró.

Añadió que el estatuto, al limitar el acceso a estos datos, “hace imposible el trabajo investigativo, el análisis y el cuestionamiento”, y coloca en desventaja a algunos sectores. “En todo el tema de las estadísticas, hay una actitud de ojos que no ven, corazón que no siente”, expuso.

Específicamente, la Ley 114 enmienda el Artículo 38 de la Ley 24-1931 para disponer que toda la información contenida en certificados de nacimiento, matrimonio o defunción y todo documento o constancia inscrita en el Registro Demográfico “tendrá carácter confidencial y no podrá ser entregada a terceros”, más allá de cuando dicha solicitud venga de las personas definidas como “parte interesada”.

“El Registro Demográfico podrá entregar, a petición de parte o por orden de un tribunal, aquella información estadística necesaria para la formulación de política pública, así como para mantener responsablemente informada a la ciudadanía de cualquier evento o tendencia demográfica o salubrista de interés público”, lee nuevo el Artículo 38.

El concepto de “parte interesada” incluye al inscrito, si tiene 18 años o más, su padre, madre, sus hijos, nietos y sus abuelos, su representante legal, custodio legal o tutor, o los herederos. También, aplica a los abogados autorizados a practicar el derecho –incluyendo notaría–, siempre y cuando evidencien que representan legalmente al inscrito o sus herederos.

Durante la discusión legislativa, diversas entidades cuestionaron la medida, entre ellas, Kilómetro 0, cuyo director de Investigaciones, Luis Avilés, enfatizó que, “sin acceso a esas fuentes de información, el país y, sobre todo, las comunidades marginadas, son quienes van a pagar las consecuencias”.

Avilés describió el PS 331 como “un proyecto que inadvertidamente promueve el control gubernamental del conocimiento científico”.

Mencionó, por ejemplo, que, sin los datos de las defunciones del Registro Demográfico, los analistas e investigadores de Kilómetro 0 no hubieran podido revelar que, hace 15 años, la primera causa de muerte de menores de edad en Puerto Rico son las armas de fuego, ni que los jóvenes de 15 a 20 años son el grupo poblacional en mayor riesgo de mortalidad como consecuencia de la acción policial.

“Yo entiendo que no limita el acceso a la información. Lo que pasa es que tiene que haber un orden. No es que vaya a limitar entidades que tengan interés. Cuando estas estén interesadas en alguna información, pasarán por un proceso de escribirle al Registro Demográfico sobre qué cosas pueden solicitar y qué no”, ripostó Morales.

La Unión Americana de Libertades Civiles, Sembrando Sentido, el Centro de Periodismo Investigativo y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico también se han expresado en contra de la Ley 114.