A más de 10 años de que entrara en vigor la ley que prohibió el uso de las bolsas plásticas desechables en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa vuelve a tener ante sí la posibilidad de derogar ese estatuto, que, a juicio del senador Gregorio Matías, autor de la medida recién radicada, se ha convertido en una carga económica adicional para los consumidores.

“Lo que tenemos que reconocer es que la ley (247 de 2015) no funcionó. Lo que provocaron los compañeros, que sé que no fue su intención, es que ahora pagamos por algo que antes asumía el comerciante”, expresó el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado sobre la legislación que busca, igualmente, eliminar la Ley 51-2022, que prohíbe el uso del plástico de un solo uso.

La Ley 247-2015 se promulgó con la intención de promover el uso de bolsas reusables, reducir los desperdicios sólidos y reforzar la práctica del reciclaje. Prohibió el uso de bolsas plásticas desechables, menos para los establecimientos de comida, pero permitió que los comercios ofrecieran a los clientes bolsas de material reusable para el acarreo de los artículos por un costo adicional, que usualmente fluctúa entre los 10 y 11 centavos.

Mientras, la vigencia de la Ley 51-2022, que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso, fue pospuesta hasta el 31 de diciembre de este año tras la aprobación de la Ley 47-2025. “Decimos que no se pueden imponer impuestos y obligamos a las personas a comprar una bolsa por la que antes no pagaban... Le pusimos un impuesto que lo que hizo fue encarecer los costos”, insistió Matías.

Para el senador novoprogresista, la Ley 247-2015 no ha sido efectiva. Sin embargo, datos presentados por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), durante una vista pública a mediados del año pasado, apuntaban a una reducción de entre un 85% y un 98% en el uso de las bolsas plásticas.

El análisis hecho por MIDA reflejó que, para el año 2015, un grupo de 437 supermercados y colmados encuestados compró 585,962,400 bolsas, mientras que, en 2021, compraron solo 110,343,400.

La exsecretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) Valerie Rodríguez Erazo, quien participó en esa audiencia, coincidió, entonces, en que el estatuto ha representado una carga económica para los consumidores, ya que ahora deben pagar por las bolsas plásticas que antes recibían gratis.

La legislación propuesta dispone también que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como parte de sus deberes, desarrollaría una campaña que incluiría el que los comerciantes coloquen rótulos en áreas visibles sobre el impacto ambiental del uso de las bolsas plásticas.

Igualmente, dispone que el Departamento de Hacienda, mediante reglamentación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), evalúe “la posibilidad de autorizar un estímulo monetario o crédito contributivo para aquellos comercios exentos que les acrediten la implantación en sus negocios de la sustitución del uso de plástico de un solo uso”.

“Esto no logró su cometido... No podemos seguir metiéndole la mano al bolsillo de los consumidores y, como cuestión de hecho, cuando se aprobó este proyecto para regular las bolsas, tanto la gobernadora (Jenniffer González) como (el presidente de la Cámara, Carlos) ”Johnny" Méndez le votaron en contra", mencionó.

En 2015, González era la portavoz de la minoría del PNP en la Cámara de Representantes.

Matías anticipó la celebración de vistas públicas para la discusión de la medida y dejó la puerta abierta a que se le incluyan enmiendas.