Tal como ocurrió en la evaluación del primer presupuesto del cuatrienio, que vence el próximo 1 de julio, la Cámara de Representantes inicia este martes la discusión para definir el nuevo plan de gastos del gobierno sin una propuesta definida para reducir las tasas contributivas de la clase trabajadora, una de las principales promesas de la administración de Jenniffer González que sigue en suspenso.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, anunció que la evaluación inicia con la comparecencia del componente fiscal del Ejecutivo, que incluye al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“La Cámara de Representantes tiene un compromiso con aprobar un presupuesto que fomente la actividad económica y cónsona con una reducción en las contribuciones para nuestra gente”, indicó el presidente cameral en expresiones escritas.

El plan de gastos vigente del gobierno asciende a $13,095 millones. “Esta es la vista más importante porque sienta las bases para toda la discusión. Aunque la vista es de presupuesto, le vamos a preguntar sobre el alivio contributivo, por dónde está eso”, afirmó, por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Eddie Charbonier, quien lidera la discusión del presupuesto.

“De cara al futuro, si queremos meter una reforma, es importante que, desde ahora, me presenten las partidas de cómo se aplica esa reforma de forma prospectiva”, expuso Charbonier en entrevista con este medio.

“Si quieren una reforma contributiva, tienen que decirlo desde ahora o si vamos a seguir con los alivios, que es una buena idea, pero aun así me tienen que presentar las partidas”, abundó.

El representante novoprogresista anticipó que el presupuesto, respecto al Fondo General, debería ser $86 millones mayor al vigente.

Otros ajustes que deberían estar presentes en la discusión es la aprobación de posibles ajustes salariales en, por ejemplo, el Departamento de Educación y la Policía.

Tema de discusión también serán los parámetros que ha establecido el gobierno para lograr que, al final del año fiscal, el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluya balanceado, como exige el ente que controla las finanzas públicas. “Este proceso de evaluación será uno transparente y detallado, como sucedió el año pasado, y enfocado en lograr un presupuesto ágil, eficiente y en cumplimiento con los parámetros de la JSF ”, añadió Charbonier.