La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, reconoció este lunes, durante una vista pública en la Cámara de Representantes, que no existe la certeza de que el 100% de los contratos concedidos por el gobierno estén registrados ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

“No podemos decir que el 100% de los contratos que se están dando ahora mismo en el Gobierno de Puerto Rico, los tenga la Oficina del Contralor registrados”, señaló Vega Fournier.

Durante este año fiscal, al 30 de enero, el Gobierno de Puerto Rico había registrado ante la Oficina del Contralor 73,242 contratos, para un promedio mensual de 7,300 acuerdos. En total, la OCPR mantiene 813,724 contratos publicados en su portal digital, disponibles para el análisis.

Otros 40,000 contratos siguen bajo análisis de la OCPR porque presentan “reparos”, que pueden ir desde la falta de documentos hasta algún error numérico. Estos acuerdos, sostuvo Vega Fournier, “no deberían estar vigentes” porque el registro no se ha completado.

Vega Fournier sostuvo, en expresiones posteriores, que el incumplimiento con la “Ley de Registros de Contratos” (Ley 18 de 1975), que establece que toda agencia o instrumentalidad del gobierno viene obligada a someter copia de sus contratos a la Oficina del Contralor para fines de fiscalización y transparencia, constituye una “deficiencia” y puede afectar la validez y el desembolso de fondos públicos.

Para darle visibilidad a los acuerdos y evitar incumplimientos, Vega Fournier apuesta a la digitalización del proceso y a la implementación de tecnología, que permita centralizar los datos y reducir la dependencia de procesos manuales.

“Todos los contratos se van a hacer en forma digital”, indicó. “Sin tecnología esta Oficina no va a llegar a otro nivel”, subrayó ante los miembros de la Comisión de Hacienda en un intento por justificar el alza presupuestaria de $20 millones que está solicitando para el año fiscal 2026-2027.

Actualmente, dijo, la Oficina mantiene una plantilla de 20 empleados dedicados al registro de contratos. “Es sumamente importante que se registren los contratos. Lo ha dicho el Tribunal Supremo en innumerables ocasiones y, por alguna razón, no lo siguen, no sé qué pasa”, cuestionó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier.

Al 4 de febrero, de otra parte, la Oficina del Contralor mantenía 85 auditorías en proceso. Mientras, al 13 de febrero, se habían recibido 300 querellas, 165 de las cuales ya fueron atendidas. Abordada sobre cuántas querellas terminan en “referidos”, Vega Fournier señaló que “muy pocas”. Sostuvo que muchas llegan a su atención de forna anónima y carentes de fundamentos válidos.

Para el próximo año fiscal, la OCPR está solicitando un incremento presupuestario de $20.7 millones, cifra que les permitirá contratar 50 nuevos auditores, implementar nueva tecnología para la digitalización de los procesos y habilitar la nueva sede de la agencia, adquirida en febrero a un costo de $8.3 millones.

Específicamente, están solicitando $77.4 millones para el 2026-2027. “Esta petición tiene como objetivo apoyar la misión de transparencia, integridad y rendición de cuentas que rige la gestión gubernamental en Puerto Rico”, señaló Vega Fournier.

Sin embargo, la propuesta presupuestaria de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el próximo año fiscal es de $49.3 millones, casi $7 millones por debajo del plan de gastos vigente de la OCPR, que totaliza $56.1 millones. “Nos vamos a estancar y eso no es lo que el pueblo quiere”, señaló Vega Fournier al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la JSF no apruebe la solicitud.

De la partida adicional de $20.7 millones, $10 millones irían destinados a la rehabilitación del nuevo edificio. Previo a la adquisición, la Oficina pagaba $2.4 millones anuales en renta, para un promedio de $199 mil mensuales. La mudanza está planeada para el verano próximo.

Dentro de las prioridades estratégicas, está también la modernización de la página web de la agencia, lo que permitirá mejorar la accesibilidad al contenido, reorganizar la información para facilitar su localización y consulta, agilizar los procesos internos y proyectar una imagen moderna y confiable.

Vega Fournier sostuvo que la Inteligencia Artificial juega un papel principal en la modernización y agilización de los procesos, pero aseguró que su integración no implicará despidos, sino que permitirá ampliar el número de auditorías que se atienden simultáneamente. “Todos los empleados de carrera, ninguno se va a despedir”, aseguró.

En cuanto a la ampliación de la nómina, Vega Fournier insistió en la necesidad de contratar 50 nuevos auditores. Dijo que cerca del 15% de sus empleados podría acogerse al retiro en los próximos cinco años, por lo que el reclutamiento es necesario para garantizar la continuidad operacional. Actualmente, la Oficina cuenta con 328 auditores.

“Este esfuerzo (la mudanza), unido a los proyectos de transformación digital, fortalecimiento de controles internos y optimización de servicios, refleja un compromiso firme con la excelencia operacional, la integridad fiscal y la protección adecuada de los recursos del gobierno”, apuntó Vega Fournier.