Los sectores industriales y de la construcción se unieron este sábado a la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés) en la oposición al lenguaje del proyecto de reforma contributiva que propone financiar las rebajas tributarias a través de la aplicación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a la adquisición de equipos de energía solar, del cual históricamente ha estado exento.

Durante un encuentro con la prensa, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, recalcó que el cuerpo no dará paso a “nada que parezca un nuevo impuesto”, y adelantó que planifica presentar el informe del proyecto el 1 de febrero, luego de las cuatro audiencias citadas para la semana entrante. La preparación del informe, sin embargo, está condicionada a que el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) respondan a un requerimiento de información cuyo plazo original venció el jueves, dijo el legislador.

En la vista pública celebrada hoy, SESA y representantes de la Asociación de Industriales y la Asociación de Constructores subrayaron que los paneles solares y otros equipos de energía –como baterías de almacenamiento y carros eléctricos– no solo enfrentan la amenaza de la propuesta reforma contributiva, sino la próxima expiración de incentivos contributivos federales, que encarecerán sus costos en Puerto Rico.

“Si ese canon de arrendamiento solar de $200 (mensuales) se grava con un IVU de 11.5% a partir de julio de 2026, en contratos existentes, equivale a un aumento de $23 al mes o $276 al año”, indicó Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA, puntualizando que ese ajuste puede cambiar el análisis de hogares de medianos recursos que estén considerando recurrir a la energía solar para obtener mayor confiabilidad en el suministro eléctrico sin sufrir un aumento en el costo por el servicio.

Los contables Rafael Del Valle, en representación de los constructores, y Denisse Flores Caldera, de los industriales, igualmente consignaron su rechazo a los nuevos cargos que, según Charbonier, supondrían ingresos de entre $18 millones y $90 millones anuales, dependiendo de si el IVU se aplica también a los arrendamientos.

Según Rúa Jovet, del 70% al 74% de los clientes de placas solares obtienen financiamiento por medio de las compañías instaladoras, mientras que casi la totalidad del resto lo hace mediante la banca comercial.

“La industria de placas y sistemas solares es importantísima para tener diversidad energética. En su momento, la Legislatura y el gobierno decidieron que era importante para el país, para la sostenibilidad e industriales, que hubiera una diversidad de fuentes de energía, y les dimos estas exenciones. Sería actuar contrario a lo que profesamos”, señaló Flores Caldera, expresidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).

Del Valle, también expresidente del CCPA, sostuvo que el IVU sobre los productos solares tendría un efecto sobre los costos de construcción de vivienda. “Esto va a encarecer este tipo de propiedades”, dijo Del Valle, al plantear que el Proyecto de la Cámara 1014 –que lleva el número 912 en su equivalente senatorial– no puede catalogarse propiamente como una “reforma” del modelo contributivo existente.

Los deponentes en representación de los constructores e industriales favorecieron la intención de reducir las tasas a la clase media, aunque no se propusieron alternativas concretas para recuperar los $550 millones que, se estima, dejarían de ingresar al erario.

Tanto Flores Caldera como el ingeniero Fernando Sumaza, quien también compareció por la Asociación de Constructores, se expresaron en contra de eliminar la deducción de 5% que aplica sobre la carga anual de contribuyentes con ingreso en exceso de los $100,000. La contable puntualizó que ese sector de mayores ingresos, de poco más de 3,000 contribuyentes, ya aporta el 25% de los fondos que genera el Estado.

Por otra parte, Charbonier reveló, en la vista, que el viernes remitió una comunicación al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, y el director de OGP, Orlando Rivera Berríos, consignando el incumplimiento con el plazo –hasta el jueves– que se les había concedido para entregar informes o modelos utilizados por sus dependencias en la confección del proyecto de administración.

El requerimiento de la comisión cameral es separado de una extensa petición que hizo el viernes el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la que, además de los análisis fiscales y económicos, solicitó copia de comunicaciones o minutas de reuniones entre el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal en que se hayan discutido los ajustes contributivos.

Charbonier adelantó que la semana entrante –con vistas el 26, 27, 29 y 30 de enero– se citará al CCPA y nuevamente a Pantoja, con miras a cerrar las audiencias y emitir el informe a pleno.

“La información que les pedimos a los secretarios es sumamente importante porque nos va a identificar finalmente el número de las partidas que hacen falta”, dijo el representante. “Yo apuesto a las eficiencias gubernamentales. Lo han mencionado la gobernadora y los secretarios, pero lo tienen que identificar”.