El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó que espera completar, en junio, la actualización del inventario de las estructuras existentes en el litoral de La Parguera, un registro que no se actualiza desde 2013 y que, en ese momento, identificó 147 propiedades.

Así lo detalló este viernes la licenciada Brendaliz González Méndez, directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto de la Cámara 269 –presentado por la gobernadora Jenniffer González–, que busca, entre otras cosas, conceder licencias de 40 años para la ocupación de las estructuras en la zona marítimo terrestre de la reserva natural.

Según González Méndez, la agencia ha enviado 122 cartas a dueños, en virtud de la orden administrativa que firmó en enero el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, a los fines de legalizar el estatus de decenas de estructuras enclavadas en el litoral. La discrepancia entre las propiedades contadas en el inventario de 2013 y las cartas enviadas en abril responde a que algunas no tenían dirección o están abandonadas, explicó.

Al momento, el DRNA ha recibido acuse de recibo de 51 cartas y obtenido 40 cartas “de vuelta”. Además, consideran realizar un “diligenciamiento personal” a los propietarios que no contesten, que ejecutaría personal del Cuerpo de Vigilantes.

En la vista, también participó la Junta de Planificación, que presentó varias recomendaciones, entre ellas, determinar el área costera a la que le aplicarán las disposiciones de la ley, a fin de aclarar los planes especiales y restricciones federales “que podrían, dependiendo de su alcance, solapar con la designación de la ‘Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles de La Parguera’”.

Además, sugirió que se establezca un plazo –que no exceda de un año a partir de su implantación– para que los municipios de Cabo Rojo, Lajas y Guánica enmienden sus Planes de Ordenamiento Territorial “para que sean cónsonos con lo que se establezca en esta ley”; y que el DRNA revise el Plan de Manejo para el Área de Planificación Especial del Suroeste, Sector La Parguera, aprobado por la Junta de Planificación en 1995.

Por otro lado, el Departamento de Justicia opinó que la propuesta promueve “un justo balance entre la preservación y conservación de los recursos naturales, pero, a su vez, promover el desarrollo socioeconómico de una comunidad existente y con gran potencial turístico”.

“No identificamos, conforme a nuestra investigación jurídica, impedimento constitucional para su aprobación. Al contrario, observamos que la medida atiende los principios esenciales de conservación, reglamentación ordenada del aprovechamiento y equidad social”, manifestó Justicia.

Entre las recomendaciones de la agencia, figuran incluir en la medida “el trasfondo histórico del problema que la medida procura atender”; revisar las disposiciones del Código Civil sobre el derecho de superficie, “ya que lo allí dispuesto podría aplicar de forma supletoria, en caso de que la ley no disponga otra cosa”; y aclarar que lo establecido en la medida “solo aplica a La Parguera y no a otras áreas de reserva natural, en donde existen problemas similares”.

Justicia también indicó que será necesario disponer expresamente la obligación de atemperar o derogar el Reglamento 4860, que al presente define el manejo de la zona marítimo terrestre, reconociendo así que no sería consistente con la medida. En respuesta, González Medina comentó que dicho documento “debió haber sido revisado hace mucho tiempo”, y que “sin lugar a dudas, tenemos que hacer un nuevo reglamento” que se atempere a lo propuesto en la medida.

La representante Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño, denunció la intención de “legalizar lo ilegal”. Cuestionó si el DRNA puede garantizar que la aprobación de la medida no tendrá un impacto ambiental en la reserva natural, a lo que González Méndez respondió que el área ya “fue impactada hace muchísimos años” y que remover las estructuras en controversia podría ocasionar daños.

González incluyó la propuesta en el primer paquete de proyectos que sometió a la Legislatura como gobernadora. Al momento de anunciarla, alegó que la medida –rechazada por el sector ambiental– “busca eliminar el limbo jurídico sobre las estructuras y residencias existentes en La Parguera”.

Además de conceder licencias de 40 años para la ocupación de las estructuras existentes en la zona marítimo terrestre, la medida prohibiría la reconstrucción de las estructuras si estas son destruidas en más de un 50%, así como ampliaciones o nuevas construcciones. Por otro lado, establece cánones de entre 5% y 10% por encima de los aplicados a marinas privadas.

La medida ordena al DRNA definir, dentro de seis meses, el marco regulatorio para viabilizar la legalización de las residencias, entre ellas, la que ocupan los suegros de la gobernadora.

También, dispone que el DRNA y la Compañía de Turismo deberán establecer reglamentación, fiscalización y un plan de mejoras ambientales y turísticas con los fondos recaudados; declarar como “Zona de Planificación Especial Turística” y requerir coordinación interagencial entre el DRNA, la Junta de Planificación y el Municipio de Lajas; y prohibir la “usucapión” de estos terrenos.