El secretario designado del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, sostuvo este jueves, ante los miembros del Senado, que eliminar los cargos de los promotores (“promoter fee”), como había ordenado su antecesora, Valerie Rodríguez Erazo, representaría un alza en el precio de los boletos para acceder a un evento artístico.

Alegó que la orden administrativa –cuya vigencia, pautada para el 1 de enero, fue detenida por él– lo que hacía era “esconder” el cargo, pero no lo eliminaba. Asimismo, negó que haya una agenda para descartar las iniciativas implantadas por Rodríguez Erazo y que lo que ha hecho, tras llegar al DACO, es “pasar revista sobre todas las cosas que están corriendo”.

“Determiné que lo correcto y lo más prudente para proteger al consumidor era ponerla en ‘hold’, no eliminarla ni cancelarla. La orden sigue estando vigente, lo que se cambió es que la fecha de entrada en vigor pasó del 1 de enero al 1 de julio y, según expresa la orden que suscribí, ese período de tiempo lo vamos a utilizar para que nuestra división de estudios económicos realice un estudio exhaustivo de cómo esto afecta o beneficia al consumidor”, expresó Torres Montalvo, en una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

“(El estudio) nos va a llevar a entender si, en efecto, esconder el desglose de estos cargos, que es lo que hace o hacía la orden que se firmó el pasado mes de octubre, es beneficioso o no para el consumidor”, agregó.

Torres Montalvo dijo que no conversó con Rodríguez Erazo como parte la transición en la agencia.

Contó que, recientemente, compró dos boletos para un concierto, a un costo de $195.13 cada uno, incluyendo un “promoter fee” de $15.06. Bajo la orden emitida por Rodríguez Erazo, alegó, el precio de cada boleto “potencialmente podría aumentar” a $270, como resultado de la fórmula que se usa para dividir los ingresos.

“Es teórico el ejercicio que yo realicé, y lo que quiero hacer es que el Departamento tenga ese tiempo para hacer un análisis más exhaustivo”, subrayó, a preguntas del senador Ángel Toledo, quien sostuvo que ningún estado impone cargos de este tipo.

Cuestionado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Torres Montalvo rechazó afirmar si, por disposición de la “Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra” (Ley 209-2016), la imposición del “promoter fee” es ilegal. Explicó que lo que dispone dicho estatuto es que los cargos “se muestren y sean justificables”.

“¿Si se muestran no es ilegal? ¿Esa es su posición?”, le preguntó el líder senatorial. “Si se le da esa transparencia al consumidor, el consumidor toma una decisión informada”, respondió Torres Montalvo.

Este jueves, además de Torres Montalvo, la Comisión senatorial de Innovación, Reforma y Nombramientos evaluó las designaciones de Irving Yoel Rodríguez Torres a la jefatura del Departamento de Agricultura y de Poincaré Díaz Peña al Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés).

Rivera Schatz anticipó que los tres serán confirmados en votación el próximo 12 de enero, durante la sesión inaugural de la tercera sesión ordinaria del cuatrienio. “Estimo que los tres cuentan con los votos para ser confirmados”, indicó.

En la vista, Torres Montalvo contó con el apoyo de su familia y estuvo acompañado de varios promotores. A preguntas del portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, indicó que estos asistían “en calidad de amigos”.

“Se ha transformado en el secretario de asuntos al promotor”, soltó Hernández.

Torres Montalvo, exsecretario de Asuntos Públicos y ex secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), regresó a la dirección del DACO luego que la gobernadora Jenniffer González destituyera a Rodríguez Erazo el 5 de diciembre. El cuatrienio pasado, en 2023, Torres Montalvo fue designado a la misma agencia, pero el entonces gobernador, Pedro Pierluisi, retiró el nombramiento porque no tenía los votos mínimos para ser confirmado.

Durante su deposición, Torres Montalvo abordó también los retos de la agencia, como la baja en la plantilla de empleados. Para 2000, dijo, el DACO contaba con 500 empleados. Actualmente, ese número se ha reducido a 136. “Hemos logrado agilizar la radicación de querellas, pero se ha vuelto más difícil poderlas resolver y procesar de forma ágil”, apuntó.

Por otro lado, catalogó como “un gran triunfo” para la agencia la reciente determinación del Tribunal Supremo, que declaró nulo el relevo de responsabilidad que el Negociado de Energía le otorgó a LUMA Energy en casos de equipos dañados por fallas en el sistema eléctrico.

Al hacerse pública la decisión, sin embargo, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, dijo que el costo del relevo podría recaer en los consumidores.

Por su parte, Díaz Peña rechazó que la estructura operacional actual de PRITS necesite ajustes, como propone una medida de Rivera Schatz que crearía una junta adjudicativa encargada de evaluar y aprobar los contratos ante la consideración de la entidad.

“El programa de gobierno (del PNP) establece eficiencia y traer agilidad a los procesos gubernamentales. (La medida) añadiría más burocracia... no lo veo favorable”, dijo sobre el Proyecto de Senado 746, actualmente bajo la consideración de la Cámara de Representantes. “(PRITS) debe permanecer como opera actualmente”.

Mientras, sobre la posibilidad de que PRITS regrese a ser una dependencia bajo la Oficina de Gerencia y Presupuesto –como la gobernadora Jenniffer González ha propuesto–, Díaz Peña no opinó. En vez, declaró, en múltiples instancias, que su “función aquí es ejercer la política pública que establezca la señora gobernadora y esta Asamblea Legislativa”.

A preguntas de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, Díaz Peña señaló que él no “aprueba” contratos, sino que los “autoriza” o les “da visto bueno”. Parte del rol de PRITS es evaluar los contratos de tecnología en que las dependencias públicas interesen incurrir.

“Si no le da el visto bueno, ¿no se puede firmar?”, le cuestionó Santiago. “Correcto”, respondió Díaz Peña.

El panorama laboral en PRITS es similar al del DACO. Díaz Peña indicó que la entidad opera con 47 empleados: 31 de carrera, 12 de confianza y cuatro transitorios. El 55% de los puestos permanecen vacantes.

“Creo que PRITS funciona bien como está y donde está, que su integración a ninguna agencia va a facilitar en absolutamente nada, y vamos a ver en qué medida podemos ayudarle a incorporar más personas”, expuso, en tanto, Toledo. Una de las alternativas, la cual el nominado avaló, sería transferir a los principales oficiales de informática del gobierno a PRITS.

“Permitiría no solamente agilizar la implementación de la política pública de tecnología y el plan de gobierno, sino que permitiría avanzar, de forma más ágil, los requerimientos de información y el establecimiento de proyectos centralizados”, expresó Díaz Peña.

Mientras tanto, Rodríguez Torres detalló sus prioridades para Agricultura, que incluyen apoyar a los productores locales y acelerar su crecimiento, promover el desarrollo de proyectos de energía renovable para los agricultores, reforzar la presencia del producto local en las góndolas, aumentar la captación de fondos federales y procurar el uso de la ciencia y la tecnología para incrementar la producción agrícola.

“Mi enfoque será escuchar e implementar las ideas de los agricultores, quienes conocen mejor que nadie las necesidades de sus industrias junto con los peritos técnicos de cada renglón”, expuso.

Rodríguez Torres, quien tiene una maestría en Ciencias Ambientales, recalcó que la agencia enfrenta “retos” para lograr la “seguridad alimentaria” que reclama el país. Entre ellos, dijo, están la ampliación de la producción de alimentos locales y lograr que sean accesibles. Al respecto, mencionó algunos esfuerzos, como la adquisición de nuevas fincas, la expansión de los mercados agrícolas y reforzar los acuerdos con comedores escolares.

“Puerto Rico importa cerca del 85% de los alimentos que consumimos. Contamos con poco menos de 500,000 cuerdas de terreno agrícola, y nuestros principales cultivos por área incluyen plátano y guineo, café, ganado de leche, entre otros renglones”, mencionó.

Indicó, sin embargo, que el reto del país no es únicamente de siembra y cosecha, sino que incluye también la falta de mano de obra, el acceso al agua, costos energéticos elevados, ausencia de datos confiables y procurar una coordinación efectiva entre agencias.