El liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes se apresta a presentar una resolución conjunta que ordene a las agencias públicas recortar un 5% de su presupuesto, bajo la premisa de que las economías serían suficientes para financiar $500 millones en alivios contributivos.

El portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago, y el portavoz alterno, Domingo Torres García, señalaron este viernes que los recortes no alterarían las partidas reservadas para gastos como la tarjeta de salud, las pensiones del gobierno central ni el servicio a la deuda, así como el renglón de nómina.

“Ese alivio contributivo, que la gobernadora de Puerto Rico (Jenniffer González) lleva un año con un comité conformado y una Asamblea Legislativa en espera de que se pueda radicar un proyecto para por lo menos hablar del tema, pues, vamos a trabajarlo de esta manera, y estamos proponiendo ese 5% de las partidas presupuestarias. Por ejemplo, si estamos hablando de unos $50,000, estaríamos hablando de (un presupuesto que se reduciría a) unos $47,500 que quedarían disponibles. No es una cantidad cuantiosa, que deje sin empleo a nadie. No se trata de despidos, se trata de hacer ajustes”, indicó Torres García en conferencia de prensa.

Al momento de publicación, no se recibió una reacción solicitada a La Fortaleza.

La presentación de una reforma contributiva fue una de las principales promesas de campaña de González, quien creó un comité para atender el tema en sus primeros días como mandataria, sin que al concluir el primer año del cuatrienio se sometiera la legislación correspondiente.

En la rueda de prensa, los legisladores populares no detallaron en qué dependencias o renglones se producirían los recortes, aunque Ferrer Santiago insistió en que el gobierno debe considerar la eliminación o consolidación de agencias, mencionando la posibilidad de consolidar las procuradurías bajo una división del Departamento de Justicia.

“Hace falta voluntad política”, dijo el portavoz.

En cambio, los líderes de la minoría popular en la Cámara baja plantearon que, de un presupuesto con cargo al fondo general de $13,095 millones, hay entre $2,500 millones y $3,000 millones consignados para gastos que –bajo su propuesta– no se tocarían, en referencia a las pensiones, repago de deuda y el Plan Vital. Eso dejaría alrededor de $10,000 millones sujetos a recortes, entre los que tampoco se podría modificar la partida de nómina, que, según el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, totaliza unos $3,752 millones en el año fiscal 2025-2026.

“Se pueden hacer ajustes en los contratos. (…) Hemos hablado de que han gastado no sé cuántos millones en contratos de comunicaciones, relaciones públicas y publicidad; yo creo que contratos como esos, podemos hacer ajustes en ellos”, dijo Torres García.

La propuesta, de momento, tampoco precisa cómo se distribuirían los beneficios contributivos asociados a los ahorros de $500 millones en el gasto gubernamental, aunque Torres García indicó que vislumbra poder “bajar esa tasa de 33% de la clase trabajadora del país”.

“Me parece que la Junta de Control Fiscal no va a tener ningún tipo de problema, porque (la propuesta) cumple con las leyes establecidas por el gobierno de Puerto Rico, cumple con ley federal Promesa y, más importante, cumple con la gente al bajar el costo de vida. Las últimas reformas contributivas que se han presentado rondan de $250 (millones) a $500 millones. Tomamos el número más alto para identificar los $500 millones y que el gobierno, al que le toca establecer la política pública, presente su propuesta. Yo creo que todos coincidimos en que la clase media es de las más afectadas y que debería tener el mayor beneficio”, expresó Ferrer Santiago.

“Aquí, el problema más grande que podemos tener es identificar de dónde van a salir esos dineros y en eso es que nos estamos concentrando en estos momentos. Aquí, los proyectos que se puedan presentar sobre reforma contributiva no están escritos en piedra. Esto no es final y firme. En el proceso de vistas públicas, vamos a estar escuchando y vamos a estar presentes, viendo esas alternativas y si verdaderamente van a ser de gran impacto para la clase trabajadora”, acentuó Torres García.

Al preguntársele por el nivel de atención recibiría la resolución conjunta en una Asamblea Legislativa controlada por el Partido Nuevo Progresista, Ferrer Santiago criticó que “todo lo que hemos presentado” en asuntos cruciales “ha sido ignorado”, al tiempo que González tampoco citó a los portavoces de partidos de oposición “a ver cómo podemos ser una herramienta de ayuda”.

En noviembre, al descartar citar a una sesión extraordinaria para atender la reforma antes que concluyera el 2025, González estimó que los ajustes podrían resultar en bajas de $400 millones a $800 millones en los recaudos del fondo general, una brecha que buscaba paliar con “eficiencias” administrativas. “Yo quisiera bajarlas todas (las tasas contributivas)”, dijo entonces la mandataria, en entrevista con El Nuevo Día.