Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes advirtieron este jueves que colocar, nuevamente, en manos de la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico provocaría que cualquier próxima revisión esté basada en “consideraciones partidistas” y no en datos económicos.

“Cuando se trata del salario mínimo, no se puede jugar a la política. Estamos hablando del sustento de miles de trabajadores y del futuro de nuestra juventud. Por eso, exigimos que la gobernadora (Jenniffer González) y la secretaria del Trabajo (María Vélez) que detengan esa medida”, dijo el portavoz Héctor Ferrer Santiago, en referencia al Proyecto de la Cámara 1115.

Desde 2021, la Ley 47 colocó en manos de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la responsabilidad de determinar los ajustes salariales pertinentes en la isla. La medida propuesta, sin embargo, devolvería dicha responsabilidad a la Legislatura.

Al defender su proyecto, el representante Roberto López Román, del Partido Nuevo Progresista, sostuvo que, en los pasados cuatro años, la Comisión Evaluadora no ha operado con la totalidad de sus miembros, ni es representativa de todos los sectores con interés en el tema. De sus siete miembros, dos responden a los trabajadores; dos, a los patronos; dos, a los economistas; y uno, al interés público.

López Román arguyó, además, que el modelo adoptado en la Ley 47 le impide a la Legislatura llevar ante la consideración de la Comisión Evaluadora sus “opiniones” sobre asuntos salariales, porque “no son personas electas”.

“En un principio, se creyó que iba a ser más ágil tener una junta, pero terminó no siéndolo. No es democrática porque los miembros no son electos. La única persona que tiene alguna inherencia es el gobernador, que los nombra, y el Senado, que los confirma”, dijo, en entrevista previa.

Al respecto, tanto Domingo Torres, portavoz alterno, como Ferrer Santiago le solicitaron a la gobernadora que nombre a miembros restantes. “En aquel momento, en el pasado cuatrienio, nadie tuvo reparo con la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo estuvo de acuerdo que debía quedar manos afuera de los procesos políticos el aumento de un salario mínimo”, expuso Torres.

Ferrer Santiago es el autor del proyecto que dio paso a la Ley 47. Recordó que, según redactada, la ley impone cortapisas para evitar la aprobación de aumentos desmesurados. Por ejemplo, establece que cualquier alza no puede exceder del 25% del salario mínimo anteriormente fijado.

Asimismo, dispone que cualquier revisión tiene que estar sustentada con un estudio sobre el mercado laboral en la isla, que debe considerar indicadores del Censo Trimestral de Empleo y Salarios, las planillas sobre ingresos de corporaciones del Departamento de Hacienda y la tasa de inflación, entre otros factores.

“En el 2021, pronosticaron que un alza salarial provocaría la caída de la economía. Las estadísticas demuestran todo lo contrario. Cuando se aumenta el salario mínimo a la ciudadanía, hay efectos positivos en la economía”, señaló Ferrer Santiago, al alegar que López Román “ha caído en manos de los grandes intereses”.

El primer aumento dispuesto por la Ley 47, a $8.50 la hora, fue efectivo el 1 de enero de 2022. Para el 1 de julio de 2023, aumentó a $9.50 la hora y, el 1 de julio de 2024, incrementó a $10.50 la hora. Este último aumento estuvo sujeto al visto bueno de la Comisión Evaluadora.

“No podemos permitir que el salario mínimo vuelva a las manos de los políticos. Ya eso está demostrado. Cuando está en manos de los políticos y la Asamblea Legislativa, los trabajadores no se ven beneficiados”, sostuvo Ferrer Santiago.

“Tenemos que ir hasta la década de los 90 para encontrar un aumento que haya dado el gobierno de Puerto Rico”, subrayó, al recordar que los actuales presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, votaron a favor de la Ley 47.

López Román había anticipado la celebración de vistas públicas para el análisis de su medida, asignada a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, la cual preside, pero aún no tiene fecha.