La presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Ygrí Rivera Sánchez, defendió este martes el trabajo investigativo del organismo, y sostuvo que la percepción negativa ante los continuos reveses sufridos en el procesamiento de funcionarios solo existe en la mente de “algunos”.

Admitió, no obstante, que la asignación de partidas presupuestarias adicionales permitiría sumar al equipo nuevos fiscales.

“El alegado pobre desempeño no existe más que en la mente de algunos que así lo fomentan y lo siguen repitiendo”, dijo Rivera Sánchez concluida una reunión, convocada por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, sobre las necesidades del componente investigativo para combatir la corrupción gubernamental.

Según la exjueza, la Opfei ha prevalecido en los tribunales en el 90% de los casos. “Entiendo que, con los fiscales y los empleados que tenemos, estamos procediendo bien. Si tuviéramos más dinero, yo pudiera tener más herramientas, más fiscales, pero, con los que tengo, trabajamos todos la milla extra”, anotó.

Entre 2022 y 2024, la Opfei presentó 119 denuncias y solo en 27 hubo determinación de causa, para un 22.7%, según estadísticas presentadas por el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, en una vista pública el año pasado.

“Los casos se ganan y se pierden, y eso no necesariamente es porque la agencia sea mala o sea buena. Los casos se ganan y se pierden porque se llevan a los tribunales, y los tribunales también ejercen su función... pero un récord de 90% es bueno dondequiera”, recalcó, en tanto, Rivera Sánchez.

A la reunión convocada por Parés, asistieron, además, la contralora, Carmen Vega Fournier; la inspectora general, Ivelisse Torres; y el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas.

“Uno de los temas que más dimos énfasis fue la educación, pieza fundamental para que el empleado público tenga las herramientas necesarias para combatir cualquier grado de corrupción”, expresó Parés.

Aparte de la discusión de propuestas para agregar nuevas herramientas y recursos, los funcionarios se expresaron en contra de la posibilidad –que ha estado sobre la mesa en tres cuatrienios consecutivos– de consolidar los esfuerzos anticorrupción que realizan de forma independiente.

“Esa propuesta, para nosotros, nunca ha tenido méritos... la Oficina ha producido su trabajo correctamente, como entidad fiscalizadora y como entidad anticorrupción, y no hemos necesitado estar integrado a nadie”, señaló Rivera Sánchez.

De forma similar, se expresó Vega Fournier. “Siempre hay espacio para uno mejorar, pero ciertamente no es necesario”, dijo la contralora. “Pienso que lo que funciona, sobre todo, es que cada agencia es independiente y esa independencia es fundamental para evitar la corrupción”, sostuvo.

Por otro lado, aunque no precisó detalles, Vega Fournier anticipó que “esta próxima semana o semana y media” publicarán 15 informes de auditoría, los primeros desde que asumió el puesto, hace cinco meses.

“Hemos estado en un proceso de cambio de imagen, por lo tanto, los informes se han estancado un poco, pero esta próxima semana o semana y media van a estar saliendo sobre 15 informes. Ustedes van a tener acceso a ellos, pero todavía no podemos anticipar nada”, dijo, dirigiéndose a la prensa.

Como parte de sus propuestas, la contralora trajo la digitalización de los contratos gubernamentales, la implantación de herramientas tecnológicas para darle mayor visibilidad a los acuerdos y enmiendas a estatutos vigentes para que ciertas agencias –“que no lo ameritan”– no sean auditadas anualmente.

Mientras, Torres se enfocó en la integración y adquisición de nuevos sistemas de investigación y auditoría que ya son utilizados en otras jurisdicciones. “Estamos viviendo en un mundo donde la mayor cantidad de la prueba se produce electrónicamente y, para eso, necesitamos que los recursos estén adiestrados”, mencionó.

El jefe de la OEG compartió, en tanto, un borrador de proyecto de ley para integrar, bajo un solo estatuto, las leyes que actualmente inciden en las funciones del organismo. La medida atendería asuntos como el nepotismo y la radicación de informes financieros por parte de los funcionarios.

“No es que se prohíba que se nombren o recluten parientes, sino que haya un crisol para que no haya esa vía del favoritismo, que es una definición básica del nepotismo: el favoritismo desmedido de un pariente sobre otro particular”, señaló Pérez Vargas.