El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, solicitó este jueves la renuncia de todos los miembros de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (Opfei) y sostuvo que el caso que presentaron en contra de la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, fue motivado por una “agenda político partidista”.

“Esto es un ejemplo de la mala utilización de fondos para tratar de buscar y adelantar causas político partidistas. Y no voy a centrar esto solamente en el Partido Nuevo Progresista (PNP), porque la historia está clara y los dos partidos (PNP y PPD) que han estado en el poder han utilizado erradamente el poder. La figura del FEI cuando se diseñó lo que intentaba era evitar eso, pero no se creó una entidad autónoma”, expresó el líder cameral.

El miércoles en la noche la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, determinó causa probable contra la representante del MVC en dos de los 24 cargos que la Opfei había presentado en su contra, específicamente en aquellos relacionados con los Artículos 269 (perjurio) y 212 (falsedad ideológica) del Código Penal, ambos por haber omitido información en el Informe de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“Le pedimos como institución la renuncia a todos los miembros del Panel Fiscal Especial Independiente y a todo el componente que ha demostrado su incapacidad, la utilización del poder para al final gastar miles y miles de dólares para terminar con unos señalamientos que ya la Cámara había atendido en la Comisión de Ética. Así que, desde el punto de vista procesal, creo que es el momento de que seriamente los partidos principales, que son los que tienen los votos para hacer un cambio de política pública, repensemos la estructura del panel del fiscal especial independiente”, indicó Hernández Montañez.

El 6 diciembre del 2021 el pleno de la Cámara de Representantes aprobó un informe de la Comisión de Ética que recomendaba sancionar a la legisladora con una reprimenda pública y una multa de $2,000 por no incluir en su informe financiero los roles que tenía en la corporación Ocean Front Villas y en las organizaciones sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria, Greater Caribbean for Life y la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

En su determinación, la jueza Rodríguez Castro desestimó la totalidad de los cargos que la Opfei también presentó contra la madre de la representante Rita Molinelli Freytes y la corporación de bienes raíces.

“El proceso de cómo llegó esto al FEI no fue el correcto. La dinámica que utilizó el gobierno para comunicarlo tampoco lo fue. Lo que he escuchado esta mañana es una ofensiva institucional, no de funcionarios del gobierno, sino de políticos del PNP contra esta señora (Nogales Molinelli). Así que se nota toda una maquinaria detrás. Oye, yo no soy nuevo en esto, aquí hay una agenda, las canto como las veo”, señaló el líder cameral desde su oficina en El Capitolio.

Hernández insistió en que los asuntos ante la consideración del sistema judicial ya fueron atendidos por la Cámara, por lo que no procedería ninguna queja adicional al respecto. “Ya nosotros la juzgamos, la evaluamos por esas dos cosas, así que este servidor no va a radicar una queja nueva para evaluar algo que ya la Comisión determinó y que ella tuvo que cumplir y pagar. Si hay algún otro caso más adelante referente a esto, que traiga un elemento nuevo, no nos temblará la mano para hacer referidos formal a la Comisión de Ética”, expresó.

“El FEI es para funcionarios público y traíste a la familia, que es sagrada. Esas son líneas que no se cruzan para después terminar con dos posibles delitos, y estamos hablando de dos asuntos que, desde el punto de vista nuestro, ya fueron atendidos responsablemente”, subrayó.

Ante lo ocurrido anoche, sostuvo que es el momento para aprobar legislación dirigida a cambiar el andamiaje anticorrupción. Una de las medida ante la consideración de la Cámara es de la autoría del representante Héctor Ferrer que busca transformar el sistema actual a través de una reingeniería de la Opfei, la OEG, la Oficina del Inspector General y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

“Este es el momento. Creo que debemos, por lo menos, tener en nuestra agenda poder aprobar esto en esta sesión”, señaló al sostener que el proyecto “está maduro”.

“Los que son delincuentes, que son corruptos, esos que están malgastando los chavos, cogiendo dinero por debajo, cogiendo dinero por debajo, esos casos no prevalecen, terminando atendiéndose a nivel federal. Y, entonces, (el FEI) utiliza toda la maquinaria, todo su esfuerzo para adelantar causas político partidistas y eso me molesta, no te lo puedo negar que me molesta porque es burdo, es burdo y, no tengo problemas en decirlo, lo he visto de mi partido también... hay que botar a todos los del FEI, hay que cambiar la estructura y darle autonomía”, sentenció.

Defiende la institución

Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, defendió la permanencia del FEI y recordó que la recomendación de la agencia fue para investigar los dos asuntos en los que, precisamente, halló causa la jueza Rodríguez Castro.

“El FEI es algo que hace falta en Puerto Rico, que le da transparencia al sistema”, dijo.

“En nuestra recomendación no estaba la evasión contributiva, lo que estaba era la omisión de información y el perjuicio”, señaló al agregar que “aquí no se ha acabado el mundo”, expuso.