Tras concretarse el veto al proyecto que promovían para eliminar el impuesto el inventario, los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, advirtieron este jueves que no atenderán la nueva propuesta legislativa de la gobernadora Jenniffer González para quitar el gravamen hasta que el comité de trabajo creado para evaluar su reemplazo presente sus propuestas.

Los líderes legislativos se mantuvieron firmes en la defensa del Proyecto de la Cámara (PC) 420, vetado por la mandataria más temprano, y sostuvieron que, al igual que la propuesta avalada por ambas cámaras, la nueva legislación del Ejecutivo dispone como fecha límite el 2028 para identificar un sustituto, sin precisar ninguna alternativa.

“El proyecto pone en el 2028 –exactamente lo mismo que el (proyecto) 420, que se aprobó– como la fecha para presentar las alternativas”, resaltó Rivera Schatz, quien describió el proyecto vetado como uno “completo” y ”responsable”.

Este jueves, a pocas horas de que se venciera el plazo constitucional, la gobernadora determinó vetar la medida que favorecían los presidentes legislativos y que rechazaban los alcaldes, y, en su lugar, presentó un nuevo proyecto de ley, bajo la numeración 836, en el Senado, y 955, en la Cámara.

González hizo el anuncio flanqueada por alcaldes rojos y azules. Los líderes legislativos –que habían afirmado que el tema del impuesto era un asunto cerrado en la Legislatura– reaccionaron al veto en conjunto, desde la oficina de Rivera Schatz, acompañados por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado y el representante novoprogresista Víctor Parés.

La nueva propuesta del Ejecutivo le impone al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la responsabilidad de evaluar los mecanismos de sustitución y someter a la gobernadora informes semestrales sobre dicho análisis. González tendrá que presentar una propuesta sobre el tema en o antes del 1 de junio de 2028.

Al mismo tiempo, congela el impuesto al inventario durante los años fiscales 2024-2028.

“Como está radicado, no hay ninguna propuesta específica... Cuando ese comité se ponga de acuerdo y tenga propuestas específicas para eliminar el impuesto al inventario y atender el asunto de la solvencia fiscal de los municipios, en ese momento, lo atenderemos. Mientras tanto, en el Senado no lo vamos a tocar”, expuso Rivera Schatz en conferencia de prensa.

Sostuvo que, “contrario a lo que se discutió en la conferencia de prensa de La Fortaleza”, el PC 420 –que también era un proyecto de administración, pero que fue enmendado en el trámite legislativo– no eliminaba el impuesto al inventario, sino que lo congelaba por tres años y establecía unas fechas específicas para identificar fuentes que sustituyeran los ingresos que reciben los municipios por concepto del cargo.

El presidente de la Cámara, por su parte, resaltó que la discusión debe incluir propuestas tanto del sector privado como de los gobiernos municipales. Pero dejó “meridianamente claro” que la pieza vetada era “un buen proyecto” que no impactaba los recaudos de los ayuntamientos los próximos tres años.

“La decisión de la gobernadora, la respetamos. Ese es su poder constitucional, como igual es el poder constitucional de las cámaras evaluar las medidas que somete el Ejecutivo y aprobar lo que nos dice a nosotros la comunidad... Evaluaremos el proyecto cuando tengamos las recomendaciones de ese comité”, apuntó Méndez.

El gravamen representa $314 millones anuales para los municipios. De esa cantidad, $169 millones van para pagar deuda del gobierno central que fue reestructurada en el Tribunal Federal. Otros $129 millones corresponden a la contribución adicional especial (CAE), que los ayuntamientos usan para respaldar los préstamos que toman a la banca. Los restantes $145 millones son los fondos que llegan a las arcas municipales para servicios y gastos.

Méndez agregó que, junto a la aprobación del PC 420, ya se habían presentado medidas que identificaban posibles sustitutos, por lo que aseguró que el asunto “se pudo haber resuelto rápido”. “Lamentablemente, el veto trastoca todo eso”, apuntó.

“El PS 836, que es el que radicaron ahora, es una promesa. Lo que se aprobó en el PC 420 era una gestión afirmativa directa, encaminada a eliminar genuinamente el impuesto al inventario y resolver el problema económico de los municipios”, apuntó Rivera Schatz.