Profesionales de la salud y del campo legal, así como portavoces de organizaciones en defensa de los derechos, reclamaron este lunes a la gobernadora Jenniffer González que vete el Proyecto del Senado (PS) 504, para reconocer al nasciturus –o concebido no nacido– como una “persona natural”, y afirmaron que la legislación es un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar.

“Concederle personalidad al cigoto, embrión o feto coloca los derechos y la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar en suspenso durante su embarazo. Estos cambios tienen la potencialidad de crear conflictos legales sobre distintos aspectos, como la herencia, pensión alimenticia, la custodia, y hasta acceso a tratamientos médicos y de reproducción asistida”, afirmó la abogada Yanira Reyes Gil, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico.

La legislación, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, enmendaría tres artículos del Código Civil para disponer que “todo ser humano es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación del útero materno”, un planteamiento que, según diversas organizaciones, prioriza el bienestar del feto sobre el de la persona embarazada.

“Si la gobernadora firma el PS 504 se afectaría gravemente la autonomía de las mujeres y personas gestantes en las decisiones sobre su propia salud. Por ejemplo, en casos donde una persona gestante requiere una cirugía o tratamiento que pueda causarle daño al embrión o feto, ¿ella no podrá decidir sobre su propia salud o su vida porque es primero la del embrión o feto?”, cuestionó la ginecóloga obstetra Yarí Vale.

La gobernadora no ha anticipado su postura sobre el PS 504 ni si se inclina a firmarlo o vetarlo. “Habiendo el Departamento de Justicia hecho recomendaciones, hay que ver cuál fue el saldo con las enmiendas (en la Asamblea Legislativa). Esa evaluación se tiene que hacer, y voy a requerir el asesoramiento de Justicia...”, comentó González previamente.

Los departamentos de Justicia y Familia fueron las únicas agencias que se expresaron sobre el PS 504, según recoge el informe preparado por la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Rivera Schatz. La medida fue aprobada por descargue y sin la celebración de vistas públicas.

Particularmente sobre las enmiendas propuestas al Artículo 69 del Código Civil, a los fines de disponer que “todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica desde el momento de la concepción”, el Departamento de Justicia advirtió que la redacción representa un cambio significativo en la estructura jurídica vigente y expresó preocupación en cuanto a los derechos hereditarios reconocidos al nasciturus.

La versión final enviada a la gobernadora -el 20 de noviembre- dispone que “los derechos hereditarios que la ley reconoce a favor del nasciturus están subordinados al acontecimiento del nacimiento". “Los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley”, agrega el mencionado articulado.

El Departamento de la Familia favoreció la legislación.

“Este proyecto va a provocar una crisis de salud en las mujeres y personas gestantes, además de crear un precedente muy peligroso de regular procesos médicos y de salud a través de la ley y no mediante los protocolos de cuidado ya establecidos clínicamente”, advirtió Vale.

Mayra Díaz Torres, experta en salud pública y portavoz de Aborto Libre, señaló, de otra parte, que las leyes que conceden personalidad fetal exponen a las mujeres a la criminalización y a la vigilancia permanente. En Estados Unidos, puntualizó, más de 400 mujeres han sido procesadas penalmente y criminalizadas por sufrir pérdidas de embarazos o por cualquier conducta considerada “peligrosa” para el feto.

“Estas leyes afectan de manera desproporcionada a mujeres racializadas como no blancas, empobrecidas y de comunidades marginalizadas”, subrayó Díaz Torres, al sostener que un estudio realizado por la organización Pregnancy Justice reveló que, en los dos años posteriores a la revocación del caso Roe v. Wade, en 2022, se iniciaron, al menos, 412 procesos judiciales contra personas embarazadas por delitos relacionados con la gestación, la pérdida del embarazo, parto o negligencia durante la preñez.

“Este proyecto nos recuerda que la violencia contra las mujeres no solo sucede en los hogares, también proviene del gobierno y de la Legislatura”, afirmó Díaz Torres.

El PS 504 tiene como coautores a los senadores novoprogresistas Brenda Pérez y Wilmer Reyes Berríos, y a la independiente Joanne Rodríguez Veve.