Charles Acevedo Negrón, de 68 años, llegó el miércoles, a las 10:15 a.m., al Centro Judicial de Bayamón, para solicitar una revisión de tres boletos de tránsito que –dijo– nunca se le debieron otorgar porque tenía un permiso para sacar un nuevo marbete. Desconocía que podía hacer el trámite en línea desde su teléfono o computadora personal, pero afirmó que prefería acudir personalmente al tribunal para llenar el formulario.

“El sistema es muy bueno, excelente y las personas que te ayudan son excelentes. No protestan ni nada. Sé que no todo el mundo tiene la misma facilidad de escribir en una computadora. Quedé satisfecho”, dijo el hombre, desde el vestíbulo del centro de la región judicial que más casos ha recibido mediante el Tribunal Electrónico tras su lanzamiento hace casi cuatro meses.

Acevedo Negrón vive en Ocala, Florida, pero viaja con regularidad a la isla, porque tiene una residencia en Bayamón. Su vehículo, dijo, “llevaba guardado” cuatro meses e intentó cambiarle el marbete para venderlo. Pese a contar con un “permiso especial” para llegar al centro de inspección, un policía lo detuvo en ruta y fue multado con tres boletos.

“Me dijeron que tenía que reclamarlo. Desconocía de estos protocolos, que te cobran hasta por caminar en Puerto Rico”, expreso, al referirse al sello de $6 que debió pagar por cada multa para la revisión judicial.

En el vestíbulo del centro bayamonés, el Poder Judicial ubicó tres tabletas para los casos de revisión de boletos de tránsito, mientas que en la Sala de Investigaciones, en el primer nivel, hay otros cuatro dispositivos para atender los demás recursos, como peticiones de órdenes de protección o de ingreso involuntario bajo la Ley de Salud Mental (Ley 408-2000).

A lo largo de una hora, Acevedo Negrón completó el proceso en línea asistido, “paso a paso”, por Rosa Burgos, quien lleva 19 años como secretaria en el Tribunal de Bayamón. Muchos adultos buscaban consulta porque también desconocían del nuevo mecanismo, que, hasta el 28 de diciembre, había recibido 50,568 solicitudes, entre ellas, 23,973 por boletos de tránsito.

En Puerto Rico, la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22 de 2000) establece un procedimiento para que pueda solicitarse la revisión de una multa o boleto.

“Usted, ¿es tecnológico?”, preguntó Burgos. “Si no, dedito a dedito, llenamos todo”, continuó, en su recibimiento a un nuevo peticionario, que también demoró cerca de una hora en completar su trámite, asistido por la funcionaria judicial.

Algunos usuarios tenían problemas para escribir, como Antonio Cruz, un veterano que, por su condición de artritis, no pudo utilizar el teclado de la computadora. “Ella (una amiga) me está ayudando, porque no puedo usar las manos. Me parece bien el proceso y la dama (Burgos) es bien amable y ayuda a uno”, contó el hombre.

A diferencia de los adultos mayores, los usuarios más jóvenes completaban las solicitudes en menos de 20 minutos, como fue el caso de una joven, de 20 años, quien, sin embargo, también acudió al tribunal porque desconocía que podía pedir la revisión desde su casa.

Ángel Colón Rosado viajó de Caguas a Bayamón para reclamar, en la plataforma, cuatro boletos que le “dieron a un vehículo” que le vendió a un familiar, totalizando $500.

“La persona (a quien debieron darle las multas) tiene el mismo nombre que yo, con dos apellidos diferentes y un número de licencia diferente… La plataforma es bastante ‘friendly’ (fácil de usar). La muchacha que me atendió es bastante amable y ágil. Se conoce bien el proceso. Definitivamente, uno en la casa lo puede hacer, pero, sin asistencia, te vas a tardar más todavía”, compartió el joven.

En la plataforma, el usuario solo puede utilizar tarjetas con logo Visa para pagar los sellos, explicaron las funcionarias judiciales, por lo que, si un peticionario no tiene ese método de pago, debe hacerlo en un banco.

Durante la visita de El Nuevo Día, otro reto para algunos usuarios fue el tamaño de las letras y el recuadro en el que debían exponer “las razones” para defender la revisión del boleto. Adultos mayores tuvieron dificultad para escribir porque era muy pequeño, por lo que las empleadas les ayudaron a explicar lo que debían contestar o desarrollar las oraciones completas de sus casos.

En el área, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) colocó hojas informativas con los pasos a seguir, en caso de que un usuario quiera hacer un trámite en su teléfono inteligente o desde otro dispositivo en su hogar.

“Al principio, fue un reto, pero ha sido en beneficio, y nuestro personal ha estado pendiente al área de las tabletas. Tenemos personas que pueden manejarlo solitas, como tenemos personas que necesitan la asistencia. Es algo que se da de manera interactiva”, sostuvo la secretaria regional del Tribunal de Bayamón, Alicia Ayala Sanjurjo, al explicar que antes los peticionarios debían llenar las hojas a mano, y por cada boleto debían repetir la información personal, lo que requería “mucho más tiempo innecesario”.

Desde el estreno, a mediados de septiembre, del Tribunal Electrónico –que solo atiende casos civiles–, el Poder Judicial ha recibido menos solicitudes en comparación a cuando el proceso debía ser presencial en cada centro.

Entre el 15 de septiembre y el 28 de diciembre, se recibieron 50,568 solicitudes, mientras, en el mismo período del año anterior, la cifra alcanzó 66,879. Para el período más reciente, se recibieron 23,973 solicitudes de revisión de boletos, es decir, 19,735 o 45% menos que las peticionadas en 2024, con 43,708.

La reducción también se refleja en las estadísticas del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía, que en 2025 expidió 726,346 boletos de tránsito, una cifra menor a la de 2024, que cerró con 1,000,922. La diferencia fue de 27%.

En las demás categorías –en especial, las órdenes de protección y de ingreso involuntario por salud mental–, las peticiones ascendieron. Por ejemplo, se solicitaron 9,718 órdenes de protección, o sea, 1,201 más que en 2024.

“De acuerdo a la Encuesta del Tribunal Electrónico, el 81% de las personas expresan estar satisfechas con el tiempo que les toma utilizar la plataforma. El 73% indican que les toma alrededor de 30 minutos o menos completar cada una de estas solicitudes, que también representa una reducción en el tiempo de completar estas solicitudes”, destacó la directora administrativa auxiliar de la OAT, Maritere Colón Domínguez, sobre el cuestionario que, al 15 de diciembre, habían completado 1,599 usuarios.

Hasta esa fecha, las regiones judiciales con más casos sometidos digitalmente eran Bayamón (5,087), San Juan (4,237), Arecibo (4,804), Aguadilla (4,625), Carolina (3,078), Ponce (2,542) y Mayagüez (2,280).

Mientras, las regiones con más casos de revisiones de boletos de tránsito eran Arecibo (3,461), Aguadilla (3,407), Bayamón (2,472) y San Juan (2,423).

Colón Domínguez puntualizó que el 61% de los usuarios son mujeres, mientras que el 48% son personas entre los 50 y 69 años, el 21% tiene entre 40 y 49 años, y el restante 30% son personas por debajo de los 39 años.

“Casi la mitad son adultas mayores. Eso hay que resaltarlo porque, a veces, escucho (decir): ‘Es que, a esta población, se le hace difícil el asunto de la tecnología’. Por eso, tenemos personas allí ayudándolos y tenemos, en la plataforma, el asistente virtual que les lee las instrucciones. Tenemos el ‘chatbot’ y distintas páginas que les proveen la información de cómo completar la solicitud”, defendió.

Comentó que poco más de la mitad de los usuarios que han completado la encuesta de uso han empleado “sus propios equipos” electrónicos.

En contraste, Coraly León Morales, presidenta de la Red de Albergues de Violencia de Género, comentó que organizaciones han tenido que invertir en tabletas para ayudar a las sobrevivientes a completar los trámites de las órdenes de protección por Ley 54 mediante el Tribunal Electrónico.

“Recomendamos modificar el lenguaje para que no se pueda identificar que la sobreviviente está albergada o en cuán albergue está, como un mecanismo de protección. Que le quede claro a la sobreviviente que su información no se le comparte automáticamente a la parte agresora. Ellos iban a tomar unas medidas. Cuando hacen el registro, tratan de poner un correo electrónico que sea más genérico y que no identifique la organización”, explicó la trabajadora social, que se reunió con el Poder Judicial para compartir recomendaciones sobre la plataforma a fin de proteger la confidencialidad de las sobrevivientes.

En cuanto a las peticiones de órdenes de protección bajo la Ley 54, se registró una ligera merma en comparación con 2024. Entre el 15 de septiembre y el 28 de diciembre, se solicitaron 2,950 órdenes, mientras que, en el mismo período en 2024, fueron 3,091.

Las regiones judiciales que registraron más peticiones de órdenes de protección, hasta el 15 de diciembre, fueron Bayamón (1,555), San Juan (1,037), Caguas (1,018), Arecibo (766) y Aguadilla (714). Bajo este mecanismo, las peticiones de ingresos involuntarios por salud mental tuvieron más casos en Bayamón (563), San Juan (534), Caguas (366), Carolina (300) y Arecibo (289).

Colón Domínguez aseguró que, hasta el momento, la OAT no han encontrado una solicitud que se haya completado como error del sistema. “Se reciben todas, y los jueces municipales tienen que dirimir qué solicitud es procedente de acuerdo a los requisitos que la ley impone”, indicó.

Mientras la Oficina del Inspector General señaló, en un informe reciente, las múltiples fallas tecnológicas que han enfrentado 90 entidades del Ejecutivo, el Poder Judicial aseguró que su División de Seguridad está constantemente monitoreando y “en comunicación con entidades, tanto federales como estatales, para minimizar cualquier riesgo en nuestro sistema”.

“Constantemente, nos están dando las recomendaciones para poder tener aquella tecnología más avanzada para prevenir algún tipo de problema de seguridad de la información”, dijo Colón Domínguez, invitando a la ciudadanía a confiar en el sistema.