Un registro que le dé visibilidad al gobierno de la población de personas encamadas y adultos mayores que viven solos en el país es una de las alternativas que la Asamblea Legislativa ausculta para asegurar y agilizar la respuesta a este sector durante emergencias.

Ante la realidad de que Puerto Rico está a expensas del impacto de fenómenos atmosféricos, la propuesta parece una alternativa cónsona con las necesidades, aunque su efectividad dependerá de la colaboración entre las dependencias públicas, indicó José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico.

“La iniciativa es bien intencionada, pero cuán efectiva sea va a depender de la ejecución e integración de los diferentes niveles del gobierno”, dijo, al sostener que información de este tipo es vital para el desarrollo de estrategias comunitarias y de rescate.

Pero, ¿cómo funcionaría el registro? ¿Cómo se garantizaría el acceso de los gobiernos municipales a la base de datos? ¿Qué medidas de fiscalización se tomarían para garantizar su desarrollo, actualización y eficacia?

Pese a que algunas de estas preguntas aún carecen de respuesta, el Proyecto del Senado (PS) 94 pone sobre el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) la responsabilidad de desarrollar el registro.

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea), la Defensoría de las Personas con Impedimentos y los departamentos de la Familia y de Salud no tienen un rol protagónico, pero deben colaborar con el NMEAD en la recopilación de los datos, explicó la senadora Wanda “Wandy” Soto, autora del PS 94, junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Necesitamos saber cuántos adultos mayores hay para que, cuando pasen desastres, sepamos hacia dónde nos vamos a dirigir”, dijo Soto.

Según la Oficina del Censo, en Puerto Rico, hay aproximadamente 208,000 personas de más de 65 años viviendo solas, reportó El Nuevo Día recientemente.

La medida dispone, asimismo, que, no más tarde del 31 de enero de cada año, el NMEAD deberá rendir un informe ante las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes con los datos actualizados sobre la cantidad de personas registradas, y los esfuerzos realizados para garantizar el cumplimiento de la política pública.

“Esto es como un junte para que, cuando pasen emergencias, sepamos hacia dónde vamos a dirigirnos”, recalcó Soto, al sostener que la legislación surge de la preocupación que despertó el hecho de que, posterior al huracán María, en 2017, adultos mayores y personas encamadas quedaron desprovistas de asistencia debido a la falta de visibilidad.

El 28 de abril y de forma unánime, el Senado aprobó el PS 94, que ahora está ante la consideración de la Cámara.

En 2021, cuando se realizaban esfuerzos de vacunación masiva por COVID-19, Salud estimó en 25,000 los pacientes encamados. Cuatro años después, la cantidad exacta se desconoce, indicó Acarón, quien, de paso, estimó que población de 60 años o más en la isla ronda los 800,000.

“Actualmente, sabemos que los municipios tienen estos datos y que periódicamente los actualizan, por lo que trabajaremos en conjunto y en colaboración con las oficinas municipales de manejo de emergencias para poder recopilar toda la información y tener un registro administrado por el Negociado”, dijo, por escrito, el jefe del NMEAD, Ángel Jiménez Colón.

Según el proyecto, el registro deberá incluir, como mínimo, el nombre, la edad, la dirección física y el número de teléfono de cada persona, así como un contacto de emergencia y las condiciones de salud que padece. Se hace la aclaración, sin embargo, de que la participación será voluntaria.

El NMEAD, de otra parte, deberá remitir copia actualizada del registro a cada municipio, mientras se prohíbe el uso de la información “para fines políticos, comerciales o cualquier otro propósito distinto al dispuesto”.

El proceso de inscripción deberá poder completarse a través de formularios en línea, llamadas telefónicas, visitas presenciales o asistencia en oficinas municipales. El NMEAD deberá coordinar campañas educativas para orientar a la población sobre el propósito de la información requerida.

“El NMEAD ve con buenos ojos el Proyecto del Senado 94... esto nos ayudará en el propio Negociado a tener mayor visibilidad de esta población a la hora de atender una situación de emergencia”, agregó Jiménez Colón.

En el Senado, la medida fue avalada por Familia y la Asociación de Alcaldes. La Oppea, sin embargo, expresó preocupaciones con el diseño y alcance del registro, recoge el informe de la Comisión de Familia.

Actualmente, la Legislatura también discute el PS 149, para que los establecimientos de cuidado de adultos mayores rindan anualmente ante Familia sus planes de contingencia para lidiar con la temporada de huracanes, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

Acarón le dio la bienvenida a cualquier iniciativa que promueva la seguridad y el bienestar de los adultos mayores, pero expresó preocupación con que, como ha ocurrido con esfuerzos similares, los datos no se actualicen con la regularidad que se exige.

“Es el problema que tenemos con los registros, cómo se mantienen al día, como tú lo pueblas. Esa es la parte que tenemos que ver cómo se va a ejecutar para que sea efectivo”, dijo, al reconocer que una base de datos como esta hubiera hecho la diferencia en la respuesta post-María.

Señaló que, en algunos niveles del gobierno, hay resistencia a compartir la información, principalmente por temor a cómo se vaya a utilizar. “Muchas veces, los municipios hacen estos esfuerzos, pero no los quieren compartir”, expuso.

Entre 2010 y 2015, se llevó a cabo un esfuerzo colaborativo, liderado por AARP y el programa de Bioseguridad de Salud, para establecer el “Registro de Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso”. El proyecto, sin embargo, no fue sostenible debido a cambios de administración y asuntos técnicos relacionados con los contratos de mantenimiento de la base de datos.

Posterior a María, varios municipios comenzaron a hacer esfuerzos similares. Por ejemplo, San Juan, en 2022, habilitó un registro que permite llevar un conteo de las personas cuya vida depende de equipo mecánico que requiere del servicio de energía eléctrica, como podría ser el uso de un respirador artificial o un tubo de alimentación.

“Pero no hay nada integrado y, volvemos, es que esto es bien importante a la hora de hacer estrategias de rescate y comunitarias. La fragmentación siempre es nuestro mayor enemigo”, subrayó Acarón.