Dos representantes novoprogresistas, que previo a insertarse en la política eran policías, radicaron legislación para que el ingreso devengado por concepto del pago de horas extras de los agentes del orden público no sea utilizado para computar la pensión alimentaria.

Las medidas contempladas en el Proyecto de la Cámara 1161, radicado la semana pasada, serían extensivas -de aprobarse- a los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), así como a los policías municipales.

“Entendemos que mediante la aprobación de esta ley todos los intereses envueltos quedarán mejor protegidos y no quedarán comprometidas las finanzas de aquellos servidores públicos que velan por el cumplimiento de la ley y el orden público”, lee el proyecto de la autoría de los representante Ensol Rodríguez y Félix Pacheco.

Según el reclamo ante la consideración de los legisladores -y así lo recoge el proyecto-, es “injusto” que para el cómputo de la manutención se tome en cuenta los ingresos obtenidos por concepto de horas extras, pues las mismas “no solo le son pagadas con extremo retraso, sino que también obedecen a ocasiones extraordinarias”, contrario a lo que ocurre en otros escenarios laborales.

Para mediados de 2025, en Puerto Rico, según datos de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), había unos 156,042 casos de pensión alimentaria activos. De estos, unos 102,000 correspondían a menores de edad, pues la cifra total incluye casos en los que los menores advinieron a la mayoría de edad, pero permanecen abiertos en el sistema de la agencia.

ASUME estableció, dos años atrás, las nuevas Guías para Fijar y Modificar las Pensiones Alimentarias que aplicaron a los nuevos casos y a aquellos que son sometidos a procesos de revisión, que ocurre cada tres años si se solicita.

Uno de los principales cambios incluidos es cómo se calcula de la pensión básica, que cubre los gastos de alimentos, transportación, ropa, entretenimiento y utilidades. Lo primordial es que, para el cómputo, se determinó que solo se tomaría en cuenta el salario de la persona no custodia.

“Coincidimos en que resulta injusto que para calcular o computar las pensiones alimentarias de dichos servidores públicos se tomen en consideración las horas extras trabajadas”, establecieron los autores de la legislación que fue asignada a la Comisión de Seguridad, presidida por Pacheco.