Tras múltiples intentos fallidos y haberse paralizado su discusión al finalizar la pasada sesión legislativa, ya va rumbo a La Fortaleza el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que fija o congela el impuesto al inventario por los años contributivos 2025 al 2027 con miras a su eliminación, al año siguiente, una vez se identifique una fuente alterna de recaudo.

Para los próximos años, la tasa para calcular el impuesto al inventario será la publicada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para el período contributivo 2024-2025.

“Hoy le cumplimos al pueblo de Puerto Rico con la aprobación, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, de la congelación del impuesto sobre el inventario hasta el 2028. Esta es una medida que ha castigado por años a nuestros comerciantes y ha limitado la disponibilidad de productos para los consumidores”, señaló el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

El informe de conferencia de la medida fue aprobado con 36 votos a favor y 12 en contra.

El CRIM se encargará de evaluar los mecanismos que podrían sustituir el impuesto al inventario y presentar una propuesta legislativa sobre el tema en o antes del 30 de junio de 2026. El proyecto concede un año para analizar las alternativas.

Dispone que, de no aprobarse mediante legislación un mecanismo de remplazo en o antes del 30 de junio de 2027, quedarían derogadas las disposiciones contenidas en el Artículo 7.148 (Inventario del Fabricante, Comerciante o Negociante) del Código Municipal.

“La pandemia y los desastres naturales evidenciaron lo perjudicial de este impuesto para nuestra economía. He luchado, desde el 2017, para eliminar esta imposición, y hoy damos un paso firme hacia ese destino”, comentó Méndez.

La aprobación del PC 420 –una medida de la administración de Jenniffer González para congelar o fijar la tasa contributiva del impuesto al inventario, originalmente por cinco años– quedó en suspenso la pasada sesión legislativa, luego que el sector privado argumentó que la medida, tras las enmiendas incluidas en el Senado, establecía un nuevo gravamen en la compra de productos, comida y medicinas.

Ello, porque el Senado propuso, entonces, reducir a tres años el tiempo de congelación y que el impuesto se pagara en la venta de cada producto. El sector comercial, en tanto, ha exigido que se elimine la totalidad del cargo, lo que entiende aumentaría la capacidad de inventario.

El recaudo del impuesto al inventario es una de las principales fuentes de ingreso -si no la principal- para muchos municipios. En el año fiscal 2025, que concluyó el 30 de junio, se estima que generó $318.7 millones.

Durante la discusión legislativa, el sector comercial –incluyendo la Cámara de Comercio y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA)– abogó por derogar este impuesto, al argumentar que desalienta la competitividad económica e impacta el costo y la disponibilidad de productos en la isla en perjuicio de los consumidores y comercios locales.