La medida que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido va rumbo a La Fortaleza, para la consideración de la gobernadora Jenniffer González, luego que el Senado concurrió este jueves con las enmiendas incluidas a la legislación por la Cámara de Representantes.

El Proyecto del Senado 923 –una medida de administración que la gobernadora contempló retirar– recibió 21 votos a favor y cinco en contra.

La legislación recibió el rechazo de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), integrada por Adrián González y María de Lourdes Santiago; y los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) José “Josian” Santiago y Luis Javier Hernández. De la misma forma actuó el senador independiente, Eliezer Molina. La senadora novoprogresista Nitza Morán se abstuvo.

Según la exposición de motivos del PS 923, la inclusión de la nueva disposición en el Artículo 92 del Código Penal –que define asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”– es necesaria “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales” promulgadas recientemente.

Durante su discusión en la Cámara de Representantes, se le incluyó una enmienda para disponer o aclarar que, para propósitos de los incisos (G) y (H) del Artículo 93 del Código Penal (Ley 146-2012), el concepto “ser humano” incluirá “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

Estos incisos fueron los que se le incluyeron al Código Penal a través de la Ley 166-2025, conocida como la “Ley Keishla Madlane”, que tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, y se provoca la muerte también del concebido en cualquier etapa de gestación, lo que implicaría un doble asesinato.

Junto a la Ley 166, fue aprobada el año pasado la Ley 183-2025, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. El estatuto recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho, que advirtieron que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.

Tras presentar el PS 923 a principios de esta sesión, la gobernadora dijo que solicitaría su retiro por entenderlo innecesario, ya que lo contemplado en la legislación estaba incluido en la Ley 166-2025. Horas después, sin embargo, desistió y manifestó que dejaría que siguiera el trámite legislativo.

Organizaciones civiles y expertas en derechos reproductivos de la mujer han advertido que la intención al ratificar el proyecto es crear un estado de confusión que afecta los derechos de las personas embarazadas. Han sostenido, además, que la medida “abre la puerta a la criminalización del aborto, crea incertidumbre legal para profesionales de la salud, y pone en riesgo la vida, la salud y la autonomía” de las personas gestantes.