Cuando una persona entra en una crisis –en la que puede poner en riesgo su vida o la de los demás–, los familiares tienen la opción de acudir al tribunal para solicitar una orden de ingreso involuntario a un hospital bajo la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408-2000), pero, en ocasiones, pasan muchas horas o días antes que un juez dé paso al remedio que permite que el paciente sea recluido y evaluado por profesionales de la salud para probar que necesita tratamiento.