Portavoces de grupos que apoyan y rechazan el derecho al aborto se posicionaron este martes en contra del Proyecto del Senado (PS) 297, que busca restringir las terminaciones de embarazo en personas de 15 años o menos.

Aunque con diferentes matices, las representantes de Proyecto Matria, Profamilias, Católicos Provida y el Colegio de Abogados y Abogadas (CAAPR) coincidieron en que la medida no atiende la raíz de los embarazos en menores y que supondría, en cambio, cargas adicionales para las víctimas de violencia sexual.

“Establece procesos onerosos que ponen en riesgo la vida y la salud de menores, que estarían privadas de recibir un servicio que requiere consideraciones de tiempo y recursos y la toma de decisiones médicas puntuales, que deberían estar libre de coacción. Regula de manera selectiva un solo sector de la salud, sin justificar adecuadamente el por qué de esa decisión, y nos vemos obligados a pensar que la prioridad es la preservación de los embarazos y no la protección de ninguna menor”, expresó Cristina Parés Alicea, directora ejecutiva de Matria.

Aseguró, además, que el proyecto no está basado en evidencia y no provee protección a las menores víctimas de violencia sexual, sino una barrera en el acceso.

Las expresiones se dieron durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, para evaluar el PS 297, de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

Carmen Ugarte, portavoz de Católicos Provida, estableció, en su ponencia, que la medida es contradictoria, “carente de un fundamento jurídico sólido” y puede tener “repercusiones negativas” para la familia y la niñez.

“El PS 297 impone una serie de requisitos burocráticos sin abordar la causa raíz de los embarazos en menores de edad. En lugar de centrar los esfuerzos en la sana educación sexual, el apoyo a menores embarazadas y el acceso a recursos de salud mental y social, el proyecto se limita a establecer condiciones administrativas para la práctica del aborto”, estableció Ugarte, quien aclaró que su organización no apoya el aborto, a menos que se dé por razones médicas.

Igualmente, aseguró que, si la intención legislativa es “realmente proteger a las menores”, se debe asegurar la “inversión en programas de apoyo familiar, atención psicológica y protección a víctimas de abuso”.

“El enfoque del proyecto es reactivo, mas no preventivo, lo que demuestra su ineficacia para abordar la problemática de fondo”, añadió.

Uno de los principales argumentos que se ha levantado en la discusión de la medida ha sido que este asunto ya está codificado en el reglamento del Departamento de Salud, que rige las clínicas de terminación de embarazo.

La directora ejecutiva de Profamilias, Enid Pérez Rodríguez, advirtió que el requerimiento del PS 297, de que las clínicas de aborto deban contar con un consejero licenciado que realice entrevistas forenses a las menores, crearía “un disloque total” en los centros.

La trabajadora social alertó que las clínicas activan protocolos, en casos de violencia sexual, para hacer referidos y canalizar servicios, no para hacer las entrevistas forenses, que son parte de un proceso judicial.

“Cuando uno activa un protocolo, en ningún momento, se hace una entrevista forense, porque ese no es el espacio. La entrevista forense es para recopilar información para un proceso judicial”, expresó.

“La persona (en la clínica) que está activando un protocolo está recopilando información inicial reactiva, en el momento, para canalizar servicios y garantizar la seguridad de esa persona. Así que lo hacen profesionales de la conducta humana, trabajo social, psicología, consejería. Usualmente, se llama manejo de casos”, agregó la líder de la organización que administra la clínica IELLA, que provee abortos en San Juan.

A preguntas del presidente de la Comisión de lo Jurídico, el representante José “Che” Pérez Cordero, Pérez Rodríguez señaló que, además de lo anterior expuesto, exigir el consentimiento parental sin excepción diferencia las disposiciones del PS 297 del reglamento de Salud.

“El reglamento establece que, cuando es un caso de una menor donde se detecta que padres o madres están envueltos en un caso de violencia sexual, no se va a requerir ese consentimiento. Sin embargo, este proyecto sí lo requiere”, indicó.

En la vista, el CAAPR esbozó sus argumentos legales en contra, que se centraron en establecer que no hay un problema de menores abortando en el país y que es un asunto que ya está regulado.

“Si tenemos intención de proteger o de buscar proteger a nuestras menores, tenemos que hacerlo idealmente desde el marco de la prevención, además de con la intervención con los casos de violencia sexual”, expuso Noeli Pérez de la Torre, presidenta de la Comisión de la Mujer del CAAPR.

La abogada aclaró que el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico y que está protegido por el derecho constitucional a la intimidad, el Código Penal –que prohíbe el aborto, excepto para proteger la vida o salud, física o mental de la gestante– y la jurisprudencia de Pueblo vs. Duarte Mendoza.

Pérez Cordero aún no descarta hacer vistas públicas adicionales para evaluar la medida, pero anticipó que el informe que haga la Comisión de lo Jurídico incluirá ponencias escritas que han recibido.

Aparte del representante novoprogresista, estuvieron presentes Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad; Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño; Gabriel Rodríguez Aguiló y Yashira Lebrón, del Partido Nuevo Progresista; y José “Conny” Varela, del Partido Popular Democrático, quien consignó que votará en contra del proyecto.