Al cierre de la sesión de ayer, miércoles, el Senado ajustó el presupuesto del próximo año fiscal y redujo a $7 millones la partida que estaría disponible para financiar la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), liderada por la licenciada Verónica Ferraiuoli, y transfirió la custodia de los fondos al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La versión original de la resolución presupuestaria radicada por el Ejecutivo asignaba $9.5 millones para el uso directo de IDEA. Esta asignación, sin embargo, fue redistribuida por la Cámara de Representantes para el mejoramiento de escuelas y la entidad SER de Puerto Rico, entre otros fines.

No obstante, entre los fondos bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Cámara incluyó una asignación de $9.5 millones que, si bien no se destinó para uso exclusivo de IDEA, podría usarse para esos fines, explicó, entonces, el representante Eddie Charbonier, presidente de la Comisión de Hacienda. La partida –dispuso la Cámara– sería “para financiar iniciativas para el crecimiento y negocios”.

“Ahora, dentro de las iniciativas que tiene OGP, está incluido IDEA. Si OGP, en su discreción, le quiere asignar todo el fondo, pues, eso es un asunto de OGP”, había dicho Charbonier.

Pero, al evaluar ayer el plan de gastos, el Senado redujo la partida a $7 millones y los transfirió “al DDEC o la agencia responsable para financiar iniciativas de desarrollo económico y de facilidad de hacer negocio”.

“Obviamente, le quita $2.5 millones, pero le siguen dando $7 millones al DDEC. Aquí, nosotros confirmamos un secretario del DDEC (Carlos Ríos Pierluisi) y ojalá que tenga criterio propio, pero, ¿y si no?”, señaló el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández.

Ambos cuerpos legislativos retuvieron el lenguaje que dispone que el desembolso del dinero estaría sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a la Sección 4 de la Resolución Conjunta de la Cámara 356, que dispone cláusulas restrictivas que condicionan su liberación.

La Sección 4 dispone que, si al 1 de enero de 2027 no se ha gastado ni obligado más del 10% de la Reserva de Riesgo, los fondos sujetos al apartado podrían liberarse hasta la mitad, siempre y cuando haya autorización de la JSF. El balance restante podría liberarse luego del 1 de abril de 2027, bajo la condición de que no se haya gastado ni comprometido más del 50% de la a reserva a esa fecha.

“El tema de los $9.5 millones de Verónica Ferraiuoli, sin duda alguna, tenemos que eliminarlo del presupuesto. Es un disparate darle (este dinero) a esta oficina que no existe, que no tiene empleados”, expuso Hernández.

“Quisiera que no lo demos ni la más mínima remota oportunidad a Francisco Domenech (secretario de la Gobernación) para darle ese dinero a Verónica Ferraiuoli (su esposa) para botarlo en cosas que nadie necesita”, agregó.

Durante la sesión, el portavoz popular presentó una enmienda para que la partida de IDEA se transfiriera a los servicios relacionados con el Programa de Remedio Provisional del Departamento de Educación. Fue derrotada por la mayoría legislativa.

Además de la enmienda a IDEA, el Senado agregó una partida de $2.5 millones para la Superintendencia del Capitolio para mejoras, mantenimiento y equipo, elevando la partida de la Asamblea Legislativa de $137,109,000 a $139,609,000; y recortó en $1 millón, de $184 millones a $183 millones, las asignaciones bajo la custodia de la OGP para nómina y costos relacionados.

También, redujo en $1 millón, de $29.6 millones a $28.6 millones, la reserva de nómina, pero aumentó de $2.2 millones a $3.6 millones el dinero para aportaciones a entidades no gubernamentales, y bajó de $50.8 millones a $48.1 millones la reserva de riesgo para atender deficiencias operacionales.

Por otro lado, la medida avalada incrementa en $1 millón la partida para servicios profesionales de la Administración de Servicios Generales (ASG), la cual era de solo $20,000. Asimismo, el Senado aumentó la asignación para el pareo de fondos federales de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea), elevándola de $997,000 a casi $1.6 millones.

Previo a la consideración de la legislación, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó, en conferencia de prensa, la asignación a dependencias como la ASG y la Oppea, con las que, dijo, Domenech ha tenido diferencias.

“Les quitaron dinero a unas agencias, curiosamente, a las que han tenido diferencias con el secretario de la Gobernación”, sostuvo, al señalar que, en el caso de la Oppea, la reducción se debió, supuestamente, a que la procuradora Yolanda Varela no accedió a “unas pretensiones de removerla para darle la posición a otra persona”.

“Ella no cedió y le restaron $600 mil a su presupuesto. Uno podría pensar que $600 mil para una agencia no debe ser tanto, cuando el presupuesto es poco más de $2 millones, pero esos $600 mil se utilizan para pareos de fondos federales que podrían generar sobre $2 millones en recursos adicionales para los envejecientes”, dijo Rivera Schatz.

En respuesta a un requerimiento del Senado, Domenech le imputó a la ASG oposición a implantar una plataforma tecnológica que busca integrar los sistemas financieros, presupuestarios y administrativos del gobierno. La administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera, catalogó como “difamatoria y completamente falsa” las expresiones.

“Mi opinión es que Francisco Domenech quiso desquitarse de Servicios Generales y de la procuradora de los envejecientes y, pues, lo estamos resolviendo con el aval de la JSF, y la Cámara está en sintonía con nosotros”, expresó Rivera Schatz.

El Senado retuvo, en tanto, una asignación de $60 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR), pero, en vez de clasificarla como un “incentivo por cumplimiento de metas para operaciones e inversiones de la UPR”, la catalogó como una “asignación adicional de fondos para apoyar las operaciones” de la institución.

Tras las enmiendas, la medida regresa a la consideración de la Cámara, que tendrá que refrendar los ajustes. La Asamblea Legislativa, según el calendario de la JSF, tiene hasta hoy, jueves, después de haber solicitado una nueva extensión, para presentar el presupuesto ante el ente.

La JSF, entonces, deberá emitir una certificación de cumplimiento o una notificación de violación. De ser lo segundo, la Legislatura tendría que ajustar la propuesta.