El Senado dio paso este miércoles a un proyecto de ley, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz, que le concede un alivio temporal en el pago de los servicios básicos y otras deudas a los empleados federales en Puerto Rico que no estén laborando debido al cierre parcial del gobierno, que ya se convirtió en el más largo registrado.

El Proyecto del Senado 844, que crea la “Ley Especial de Moratoria Obligatoria Temporera y Alivio Económico a Empleados Federales Impactados por un Cierre Gubernamental Federal en Puerto Rico”, activaría, de manera automática, una moratoria mínima de 90 días en pagos de hipotecas, préstamos personales, automotrices, tarjetas de crédito y otras deudas.

“Este proyecto establece un escudo de protección inmediato, justo y responsable, para que ningún empleado federal en Puerto Rico pierda su hogar, su crédito o los servicios básicos necesarios para vivir dignamente durante un cierre gubernamental”, dijo Rivera Schatz, en expresiones escritas.

La medida establece, asimismo, la paralización de procesos judiciales de cobro y desahucio, prohíbe la suspensión de servicios esenciales como agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, e impone multas –de hasta $10,000– a entidades que incumplan con las protecciones establecidas. También, ordena a las agencias locales identificar programas de apoyo complementario para alimentación, alquiler, asistencia laboral y otros gastos básicos.

El cierre del gobierno de Estados Unidos entró este miércoles en su día 36, estableciendo el récord como el más largo hasta ahora. El cese de operaciones no solo ha afectado la vida de millones de estadounidenses, sino que también ha provocado recortes de programas federales y retrasos en vuelos.

Por otro lado, el Senado no concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto que eliminaría prospectivamente el privilegio de escoltas a los exgobernadores y de manera inmediata a quienes disfruten el beneficio y hayan resultado convictos de delito.

La información trascendió durante la sesión ordinaria. Por tanto, Rivera Schatz ordenó la creación de un comité de conferencias para dirimir las diferencias, que estará integrado por Gregorio Matías, Migdalia Padilla, Juan Oscar Morales, Ángel Toledo y él, todos del Partido Nuevo Progresista.

Por el Partido Popular Democrático, estará Luis Javier Hernández, y por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González. El grupo lo completan Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, y el independiente Eliezer Molina.

Además de retirar las escoltas a los exmandatarios, el Proyecto del Senado 752 eliminaría el beneficio a los candidatos a la gobernación y a comisionado residente, aunque –al igual que con los exgobernantes– dispone excepciones cuando medie un peligro a la vida o seguridad. Igualmente, establece que el gobierno estaría impedido de contratar servicios de seguridad privados.

En aquellas instancias en las que el jefe de la Policía determine proveer seguridad a cualquier tipo de funcionario o exfuncionario, dicho servicio no solo estará sujeto a criterios de necesidad “real y verificable”, sino también a la “disponibilidad de recursos y suficiencia presupuestaria”.