25 de junio de 2025 - 7:08 PM
El Senado dio paso este miércoles al proyecto de administración que extiende el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 de 2019) hasta 2055, y de paso, impone a los nuevos inversionistas residentes una responsabilidad tributaria de 4%.
Para la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, con la aprobación del Proyecto de la Cámara 505 -parte de un paquete de 13 medidas contributivas de la gobernadora Jenniffer González–, la Legislatura perdió la oportunidad de “frenar” la “desigualdad” y el “desplazamiento” en la isla.
“¿Qué es lo que ha dejado esta ley? Desigualdad, desplazamiento, pérdida de ingresos para el fisco, no genera beneficios proporcionales, falta de transparencia y fiscalización”, señaló la legisladora.
“Treinta años es una soberana exageración”, abundó Álvarez Conde.
La enmienda propuesta a la Ley 60 de 2019, que contiene la antigua Ley 22, impondría la responsabilidad contributiva a los individuos residentes inversionistas que soliciten luego del 1 de enero de 2026 y establecería un requisito de residencia previa para acogerse al programa.
El impuesto de 4% no se extendería a los beneficiarios actuales debido a los decretos contraídos en el pasado. “No se le está imponiendo nada a nadie, estamos perpetuando el defecto de la original Ley 22″, expresó, por su parte, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González.
“El proyecto extiende de manera descarada, irregular e inconstitucional el decreto de 0% a todos los decretos existentes y crea una nueva imposición de 4% a los que todavía no existen”, sentenció González, al sostener que los beneficios contributivos por causa de residencia le cuestan al gobierno $600 millones anuales.
La medida, aprobada con enmiendas, recibió 23 votos a favor y cinco en contra. Tras los cambios, regresa a la Cámara de Representantes.
“Estamos en desventaja social, económica y contributiva... Aquí nos vamos a morir todos, y el paraíso fiscal se quedó”, expuso, por su parte, el senador independiente, Eliezer Molina, durante la discusión de la medida.
“Regalarle nuestro país a los extranjeros también es corrupción”, puntualizó.
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