El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes una enmienda al Código de Incentivos (Ley 60-2019) para extender a cinco años la vigencia de los decretos de exenciones contributivas para jóvenes empresarios.

Actualmente, el estatuto establece un término de tres años para la exención desde que inician las operaciones del negocio o hasta que el joven empresario cumpla los 35 años, lo que ocurra primero.

El Proyecto del Senado (PS) 240 busca extender el beneficio contributivo por dos años adicionales, en reconocimiento de los retos que se enfrentan en las primeras etapas del desarrollo empresarial, destacó la autora de la medida, la senadora Marially González Huertas.

“Con la realidad que vivimos como país, para un pequeño negocio, no son suficientes estos tres años. Solo los que han tenido que levantar una empresa desde cero saben que los primeros años son los más difíciles, son años de riesgo, de sacrificios, de apostar todo sin garantías”, consideró la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD).

González Huertas acentuó que el proyecto también responde a que la población joven es la que mayormente emigra en busca de mejores oportunidades.

Durante la sesión de lunes, el Senado también aprobó el PS 506, que ordena al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) crear una base de datos digital actualizada en tiempo real de los artículos de primera necesidad, productos, materiales o suministros en posesión de cualquier agencia de la Rama Ejecutiva o corporación pública que serían distribuidos entre la ciudadanía, en casos de emergencia.

Igualmente, fue ratificado el PS 582, para extender la cubierta del Plan de Salud del Gobierno a los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, retirados y activos, así como a sus cónyuges e hijos.

En el tema de salud, la Cámara alta aprobó el PS 656 –de la autoría de los senadores Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista (PNP), y Ada Álvarez Conde, del PPD– para enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico con el fin de establecer un proceso ordenado en el que los Administradores de Servicios de Farmacia (PBM, en inglés) provean información financiera y sean auditados por la Oficina del Comisionado de Seguros.

En la discusión del proyecto de ley, radicado por petición, Álvarez Conde explicó que “los PBM son entes intermediarios que negocian y contratan con términos de reembolso, desarrollo y manejo de redes”.

“El problema de esto, y es algo que este proyecto nos trae, es que no gozan de ninguna transparencia. Y volvemos al tema de rendir cuentas, donde no hay ningún tipo de regulación o requisito de divulgación de información… La medida corrige una grave laguna regulatoria en el sistema de salud”, subrayó la legisladora.

Morales también defendió la medida. “Los PBM, todos sabemos el rol importante que tienen en nuestro sistema de salud. Pero cuál ha sido el problema de los PBM, es que aquí en Puerto Rico no están regulados, ellos lo saben, y eso lleva a prácticas que van en contra y en detrimento de los pacientes”, argumentó.

El también presidente de la Comisión de Salud del Senado pidió a la gobernadora Jenniffer González que retome la solicitud a la jueza Laura Taylor Swain para que se implemente la Ley 82-2019, que establecía un marco regulatorio para los PBM, pero que fue paralizada por incumplir con la Ley PROMESA.