El Senado aprobó este lunes una legislación que impone un aumento automático de 30 años a la pena fija en los casos de reincidencia agravada, un reclamo que, según el autor de la medida, el senador Wilmer Reyes, responde a un reclamo ciudadano de mayor seguridad pública.

“Aquella persona que asalta una vez, que asalta dos veces, que asalta tres veces, ¿qué otra oportunidad le vamos a dar? Se nota claramente que está jugando con el sistema y no le interesa la seguridad”, argumentó el legislador novoprogresista durante la discusión del Proyecto del Senado 1045.

Es la segunda ocasión que la mayoría senatorial aprueba una legislación a tales fines. La propuesta previa –el Proyecto del Senado 530– recibió un informe negativo de la Cámara de Representantes. “Este proyecto crea un estado de derecho ajeno a la realidad jurídica de Puerto Rico”, resaltó el portavoz alterno del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González.

“Aquí no hay distinción de delitos, no hay delitos violentos, no es contra la vida, no es contra la propiedad. Es cualquier delito grave, y eso es importante porque tampoco hace una distinción en cuanto a la pena. La pena por un delito grave puede ir desde seis meses y un día hasta 99 años, que es el asesinato en primer grado”, señaló el legislador del PIP.

González explicó que, actualmente, una segunda ofensa podría conllevar una pena de seis meses y un día y el 25% de esa pena. Bajo una tercera ofensa, implica seis meses y un día y tres meses adicionales. “Esperemos que, por segunda vez, la Cámara le haga un informe negativo porque este proyecto no se sostiene en las garantías constitucionales de un castigo justo”, afirmo González.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Ángel Toledo, señaló que el rechazo al proyecto por el cuerpo hermano respondió a un “error de tiempo”. “Este proyecto pretende atender una situación de verdadera gravedad en una sociedad que necesita protección”, expuso al defender la propuesta.

Según datos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, para el 2019, el 3% de la población confinada –unos 232– cumplían sentencias con alguna modalidad de reincidencia dictada por el tribunal. De los 232 casos identificados, el 59% (138) respondía a reincidencia, el 27% (491) a reincidencia habitual, el 11% (25) a reincidencia agravada, y en el 9% (20) no se informó el tipo de reincidencia dictada.

La portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago, cuestionó, entre otras cosas, que el informe de la Comisión de lo Jurídico concluyera que la aprobación del proyecto no tendría impacto fiscal. “¿En serio? ¿Ahora la gente va a estar en la cárcel gratis?”, cuestionó.

Santiago añadió que el rechazo al PS 530 no se basó en un asunto de tiempo, como sostuvo Toledo, sino que respondió a que la pena adicional de 30 años era muy alta. ”Treinta años parecen ser más de un tercio de la edad promedio", dijo Santiago citando el documento.

“Entendí que lo que ha dicho el señor Toledo es que está muy bien que si una persona se roba tres palos de golf lo metan a la cárcel 30 años”, señaló la legisladora. “No creo que eso realmente contribuya ni a generar seguridad en el país ni nos hace una seguridad más justa ni cumple con los mandatos morales que mucha gente profesa seguir”, agregó.

La medida fue aprobada con 15 votos a favor. Votaron en contra, además de los dos portavoces del PIP, los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) José A. Santiago, Marially González, José Luis Dalmau y Luis Javier Hernández. A ellos, se sumaron los senadores independientes Eliezer Molina y Joanne Rodríguez Veve.

En tanto, la senadora Ada Álvarez Conde, del PPD, y sus compañeros Juan Oscar Morales, Nitza Morán y Wanda Soto Tolentino, del Partido Nuevo Progresista (PNP), se abstuvieron.