A pesar de las advertencias de las minorías legislativas en términos de que el presupuesto recomendado por la Asamblea Legislativa no garantiza las operaciones del gobierno el próximo año fiscal, el Senado dio paso este lunes a la medida, pero con enmiendas que la devolverán a la Cámara de Representantes.

El Senado refrendó la propuesta presupuestaria del gobierno, ascendente a $13,095 millones, contenida en la Resolución Conjunta de la Cámara 136, con cambios que responden a unas peticiones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La pieza recibió 20 votos a favor y ocho en contra.

“Yo les pido, compañeros y compañeras, que hagan como yo y le voten en contra a este proyecto porque realmente no atiende las necesidades de los puertorriqueños y las puertorriqueñas”, dijo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández.

Entre los ajustes realizados, se eliminaron referencias a estatutos ya derogados, se separaron asignaciones englobadas y se agregó lenguaje más específico para el uso de unas partidas asignadas a los gobiernos municipales para mejoras capitales.

“El presupuesto recomendado no solo asegura la operación continua del gobierno, sino que también impulsa mejoras en servicios esenciales. Se ha priorizado la optimización administrativa, la digitalización de procesos y la sostenibilidad fiscal”, argumentó la senadora novoprogresista Migdalia Padilla.

Durante la presentación de la medida, Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, repasó algunos cambios que sufrirán algunas instrumentalidades públicas el próximo año fiscal, como el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que verá un incremento en su presupuesto de $2.9 millones; y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), con un alza de $108,000 para la expansión de servicios de orientación y atención a víctimas de violencia de género.

En el caso del ICF, el incremento va destinado, principalmente, a fortalecer la nómina para asegurar la retención de personal y la contratación de nuevos especialistas. “Puerto Rico enfrenta una coyuntura económica que requiere responsabilidad y prudencia en la formulación del presupuesto para el año fiscal 2025-2026″, expuso Padilla.

Otras dependencias que recibirán un incremento en su presupuesto son la Oficina del Procurador de Veterano, que recibirá un alza de $402,000, y el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), al que le asignaron $426,000 más.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, subrayó que, contrario a lo que se ha alegado, el presupuesto operacional de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se mantuvo en $441 millones.

Aunque, de forma conglomerada, se habla de una partida de $561 millones, esos $200 millones restantes son para mejoras capitales y para el pago de las obligaciones “que la Legislatura le ha impuesto a la UPR”, como la operación de la Red Sísmica.

“Este presupuesto no vale ni el papel en el que está escrito porque la Junta va a tener la autoridad de reprogramar cada centavo según le parezca”, expuso Santiago. “Este es el presupuesto menos balanceado que se pueda haber aprobado durante el reinado de la junta de control fiscal”, apuntó la portavoz independentista.

Sobre el primer centro docente del país, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reiteró que su “problema principal no es el presupuesto”, sino “la presidenta que eligieron”, en referencia a Zayira Jordán Conde.

“Este ejercicio de aprobar el presupuesto podría, de alguna manera, parecer un ejercicio proforma porque somos colonia, y mientras seamos colonia, estamos condenados a lo que nos está ocurriendo”, expresó Rivera Schatz.

La portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, indicó que lo verdaderamente importante es que se diseñe un presupuesto balanceado y responsable, el cual, no solamente se use efectivamente sino que, además, se pueda invertir sabiamente para que rinda frutos y genere riquezas.

Tras la votación, la medida regresa ahora a la Cámara de Representantes. Una vez ambos cuerpos concurran con los ajustes, la legislación pasa ante la JSF para verificar si, en efecto, el plan de gastos cumple con el plan fiscal y la ley Promesa.

El Senado vuelve a sesionar mañana, martes, a las 3:00 p.m.