Como mecanismo para atender el problema de sobrepoblación de animales en el país, el Senado refrendó el martes un proyecto de ley que prohibiría su rifa y venta mediante anuncios en internet, periódicos impresos, plataformas digitales y redes sociales.

“La venta indiscriminada de animales sin fiscalización abre la puerta a la indiferencia, al maltrato y a la explotación; y no solamente violenta el derecho de los animales como seres vivos, sino también el derecho de los consumidores”, señaló la senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático y autora de la medida.

El Proyecto de Senado 391 busca, asimismo, que los reproductores, criadores y vendedores comerciales licenciados por el Departamento de Salud tengan que publicar, junto al anuncio, el número de licencia que les permite dicha práctica. De no hacerlo, los infractores podrían ser multados por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

“Lamentablemente, muchos animales son llevados a la reproducción, explotados, a parir tres, cuatro o cinco camadas”, expuso Álvarez Conde.

La “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”(Ley 154-2008) prohíbe, en su Artículo 17, la venta de animales en las calles, carreteras y lugares públicos del país. Sin embargo, no incluye lenguaje limitando dicha práctica a través de plataformas digitales.

Actualmente, Salud solo tiene registrados a tres reproductores o vendedores comerciales de animales, una cifra que está muy por debajo a los innumerables anuncios que se publican diariamente en las redes sociales o portales vendiendo, por ejemplo, perros de raza.

La medida también establece un “fondo de compensación”, que se nutriría del dinero proveniente de las multas impuestas por el DACO a criadores de animales que operen ilegalmente. El dinero, explicó Álvarez Conde, iría dirigido al establecimiento de ocho refugios regionales, según dispuesto en la Ley 36-1984, que crea la Oficina Estatal de Control Animal (OECA).

Recientemente, durante una audiencia pública, la directora ejecutiva de la OECA, Wilma Rivera Díaz, indicó que, desde su creación en 2007, esa entidad ha carecido de un presupuesto que le permita sostener sus operaciones y cumplir con su responsabilidad en ley de controlar la población de animales realengos.

La medida, que pasa a la consideración de la Cámara de Representantes, fue aprobada de forma unánime, con 27 votos.