En un proceso acelerado que careció de una discusión amplia y pública, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) dio paso este miércoles al proyecto de administración que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido.

La votación sobre el Proyecto del Senado 923 ocurrió a horas de que la gobernadora Jenniffer González informara al país que solicitaría el retiro de la legislación -de su autoría-, ya que entendía que lo contemplado en la propuesta estaba atendido en la Ley 166-2025, aprobada en diciembre. Poco después, cambió de opinión y mantuvo la propuesta para la evaluación de la Legislatura.

“Es bien fácil jactarse con la vocación barrendera, ‘barrimos, somos 19′, y no tener las agallas de darle la cara al país y escuchar lo que tanta gente tiene que decir”, expuso la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, al cuestionar, durante la sesión, la ausencia de discusión pública sobre la medida presentada el lunes.

Según la exposición de motivos del PS 923, la inclusión de la nueva disposición en el Artículo 92 del Código Penal –que define asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”– es necesaria “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales”.

A finales de 2025, González promulgó la Ley 166-2025, que tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación. La legislación fue presentada en alusión al caso de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada cuando fue asesinada por el exboxeador Félix Verdejo el 29 de abril de 2021.

Además, fue aprobada la Ley 183-2025, que enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural. El estatuto recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho, que advirtieron que no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que pone en riesgo la práctica médica.

“En absolutamente nada afecta el tema del aborto”, sostuvo este miércoles el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al defender el PS 923. “Ojalá este proyecto fuera para restringir más el aborto, yo estaría a favor. Estaría aquí defendiéndolo con la misma vehemencia”, apuntó el líder legislativo.

La medida recibió 20 votos a favor y seis en contra. Los senadores penepés Ángel Toledo y Nitza Morán se abstuvieron. Por el Partido Popular Democrático (PPD), favorecieron la legislación el expresidente del Senado José Luis Dalmau y Marially González Huertas.

Tras la radicación del PS 923, expertas en derecho condenaron la medida, al argumentar que criminalizaría la práctica del aborto en todos los escenarios.

“El proyecto que está ante nuestra consideración, al igual que la ley que le adscribe personalidad al no nacido, persigue allanar el camino para que el Estado acabe con esa autonomía, acabe con esa facultad de las mujeres y sea el Estado quien gobierne los úteros de las mujeres puertorriqueñas”, subrayó Santiago.

“Aquí, nadie puede venir a posar con ingenuidades fingidas y decir que no quieren interferir con el derecho de las mujeres a tomar determinaciones sobre su cuerpo y sus vidas. Esta propuesta persigue generar un choque con el estado de derecho vigente”, afirmó.

La senadora del PIP cuestionó el cambio de postura de la gobernadora sobre el trámite de la medida y dijo que, con ello, la primera ejecutiva demostró que su palabra “no vale dos centavos” y que “no es cierto que las mujeres siempre vayan a defender a las mujeres”.

La senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve, quien firmó como coautora la legislación, defendió la propuesta al sostener que da continuidad a los “avances importantes” que, a su juicio, se lograron el año pasado en defensa de los derechos humanos.

“El mensaje de este tipo de legislación... reafirma en nuestra política pública que, en el vientre de una mujer embarazada, no existe cualquier cosa, no existe un mero objeto indescifrable sino un sujeto, un ser humano en desarrollo que tiene dignidad y cuyo valor es intrínseco a su naturaleza humana”, señaló Rodríguez Veve.

La senadora, que se desafilió de Proyecto Dignidad, dijo que difiere de las expresiones “equivocadas” hechas por la gobernadora en las que alegó que lo contemplado en el PS 923 estaba atendido en la Ley 166-2025, por lo que su aprobación resultaba redundante. Y agregó que es una ”mentira" que lo dispuesto en la medida coloque en riesgo la salud de la mujer.

“Creo que ninguna mujer merece ser asesinada, también sostengo que ninguna mujer tiene derecho a decidir quién vive y quién muere”, expuso Rodríguez Veve.

Por su parte, el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, cuestionó si el tema de los derechos reproductivos viene a atender las necesidades de un sector de la poblacion o si, simplemente, está siendo utilizado por el PNP como un balón para “proyectarse como los más conservadores”.

“Si lo hacen para liquidar al Proyecto Dignidad, pues allá ustedes. Vuelvo y les digo: ‘este tipo de asunto es tan sensible que utilizarlo como balón político es asqueante’”, puntualizó al sostener que -como han advertido otras voces- la legislación choca con la realidad jurídica.

“Sabemos el valor que tiene la vida pero también reconocemos que hay personas que atraviesan por situaciones difíciles y tienen que tomar alguna determinación dentro de la perspectiva que la ley actual les cobija”, expresó Hernández.